19 de enero de 2018
19.01.2018
Tribunales Tercera jornada del 'caso Faycán', Telde (Gran Canaria)

Un empresario y un funcionario niegan que Castellano negociara los contratos

Felipe Ojeda, suministrador del material para la sede del PP con facturas falsas, y Jorge Rodríguez, jubilado, alegan que hablaban con Gordillo o el asesor de la edil

19.01.2018 | 00:29
Tercer día de juicio del caso Faycan
Felipe Ojeda, durante su declaración ayer como testigo en el ´caso Faycán´.

María del Carmen Castellano, exalcaldesa de Telde y concejala de Desarrollo Local en el mandato 2003-2007, salió indemne de los testimonios de Felipe Ojeda, propietario de una ferretería y del funcionario jubilado Jorge Rodíguez, quienes la desvincularon tanto de la firma de las facturas de obras como de la remodelación de la sede del Partido Popular (PP) en el municipio, de la que era presidenta local. En una sesión que duró media hora, solo Ojeda fue interrogado por el fiscal, que renunció a las declaraciones del resto de los testigos citados. Solo las abogadas de Castellano y Agustín León hicieron también preguntas sobre el papel de sus defendidos en la trama de corrupción.

Fue la declaración de Felipe Ojeda, uno de los encausados que aceptó la petición de pena del fiscal, quien centró la sesión de la terecera sesión del juicio, al ser cuestionado sobre el material facilitado para las obras de la sede del PP en Telde, pero que se facturaban como suministros a dependencias municipales que nunca llegaron. El fiscal Anticorrupción, Luis del Río, intentó, sin éxito, vincular a la entonces titular de Desarrollo Local con las reformas, pero Ojeda aseguró que nunca habló con ella, sino con Gordillo y con José Luis Sánchez González, asesor de la edila popular.

Admitió el empresario que tenía un trato preferente con el Ayuntamiento de Telde para el suministro de material, pero indicó que su única conversación con Castellano fue después de abierto el caso Faycán con la realización de detenciones. Recordó que fue en el juzgado donde la acusada le sugirió que llevara a los tribunales el pago de las facturas que reclamaba, ya que estaban incluidas en el procedimiento.

Del Río presentó la grabación de una conversación telefónica -que tardó algo en reproducirse porque la llamada grabada no era atendida- del 29 de diciembre de 2005, en la que Francisco Gordillo -otro de los encartados que se conformó con la pena pedida por el ministerio público- le solicitaba información sobre varias facturas, por un montante de 5.805,35 euros para que se las remitiera por fax.

Felipe Ojeda lo comprobó y le comentó que había dos facturas por un importe de 15.000 euros y otra por 27.000 euros, en los que se incluían pisos, rodapiés y baúles a precio de costo, al tiempo que informaba al asesor de María Antonia Torres que había apuntado un 30% de comisión para Gordillo y que él cobraría a precio de coste. Pero, eso sí, pidió el pago de la última cantidad -27.000 euros- a Gordillo, quien le remitió a José Luis Sánchez Gonzalez. El empresario le sugirió que se podría facturar para la escuela taller de Salinetas, que se había abierto hacía poco y que no había pedido nada.

Iván, un técnico de Desarrollo Local también surgió en la conversación grabada y a preguntas del fiscal, Ojeda indicó que trataba también con él el suministro de material, pero mantuvo que nunca habló con Castellano sobre sus envíos para la sede del Partido Popular o que supiera algo, aunque apuntó que sí hablaba con su asesor.

Rosa Díaz Bertrana, abogada de María del Carmen Castellano, preguntó al empresario si ratificaba que su defendida le sugirió que fuera al juzgado para que se resolviera el cobro de la factura y si llegó a hablar con ella de las obras en la sede. En ambos casos, Ojeda repitió lo dicho al fiscal, que solo habló con ella cuando se puso en marcha el proceso y trataba con Sánchez González las obras de la sede.

Ni Castellano ni León

Jorge Rodríguez, funcionario municipal jubilado, otro de los testigos que comparecieron en esta tercera jornada del juicio, solo fue preguntado por Díaz Bertrana, quien respondió ante la pregunta sobre la participación de su defendida en la firma de unas obras que se había enterado después que la concejala de Desarrollo Local lo hizo como sustituta de Antonia Torres, titular de Vías y Obras, cuando esta estaba de vacaciones. Castellano no tenía nada que ver con las obras que se contrataban, sentenció Rodríguez.

Alejandro Navarro fue el otro testigo que tuvo que responder a las preguntas de un abogado, en este caso, de la letrada que defiende a Agustín León, María del Mar García Medina. Navarro negó que en las obras de los aparcamientos de Picachos tuviera contacto con León, pero sí con Gordillo. De hecho, recordó, que este le llamó media hora después de haberle entregado el sobre con la comisión para preguntarle porque había puesto tanto dinero, al que él respondió que puso lo que consideraba conveniente.

Los otros testigos llamados a declarar, Pedro Antonio Betancor, Ángel Omar Suárez y Víctor Hugo Rosales, solo hicieron acto de presencia para sentarse brevemente, ya que ni fiscal ni abogados consideraron necesarias sus declaraciones porque ya habían admitido los hechos relativos a otros encausados. Hoy será la última sesión conla intervención de los testigos.

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