17 de enero de 2018
17.01.2018
Tribunales Declaración de los testigos del 'caso Faycán' en la segunda sesión del juicio

Gordillo: "Hacía lo que me decía la jefa, le entregaba los sobres que me daban"

El asesor de Antonia Torres argumenta que el dinero recaudado eran donaciones al PP, no comisiones por obras

17.01.2018 | 01:36
Francisco Gordillo, durante su declaración, ayer, en el ´caso Faycán´.

"No hablaba del Ayuntamiento"

  • Enrique Orts, interventor municipal durante 23 años, era también esposo de María Antonia Torres, la principal encausada del caso Faycán y ayer compartió con la Sala su experiencia sobre la trayectoria de ambos en el Ayuntamiento de Telde en esos años investigados en el juicio en concreto. Orts, a preguntas del fiscal, Luis del Río, si comentaba con su esposa el pago a las empresas por parte del grupo de gobierno, aseguró tajantemente que no. "Con mi esposa no hablaba de este tema porque le dije que si había algo, me iba". También recordó perfectamente, como hizo luego Carmelo Oliva, la candidatura del Partido Popular en ese mandato y el pacto que mantuvo con Ciudadanos para el Cambio (Ciuca). P. H.

Los nombres de María Antonia Torres, Fernando Varona y un extesorero municipal, todos fallecidos, fueron ayer por la mañana el recurso empleado por varios de los testigos de la segunda sesión del caso Faycán para responder a las preguntas del fiscal, Luis del Río. Enrique Orts, primero, y sobre todo Francisco Gordillo después, sobre la trama de corrupción acaecida en el Ayuntamiento de Telde en el mandato 2003-2007. Por la sala de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial declararon como testigos, además de ellos, Carmelo Oliva, Antonio Nadal y Juan Francisco Gordillo Chamorro. Los hijos de Antonia Torres y Abelardo Martínez, también conformes con las penas propuestas por el fiscal, no declararon al no considerarlo necesario ni fiscal ni abogados.

Empezó el turno de testimonios de las tres sesiones previstas un seguro y colaborador Enrique Orts, quien fue didáctico en sus explicaciones sobre el funcionamiento de las cuentas de una administración local, rebajó la responsabilidad del exalcalde Francisco Valido en la gestión y pago de las facturas a las empresas contratadas por el Ayuntamiento, al señalar que cada concejal tenía el control de los gastos de sus departamentos. El exinterventor sí admitió, a preguntas de Del Río, que las tres firmas para mandar a los bancos la relación de pagos eran la suya, la de Valido y la del tesorero, ya fallecido. Una pregunta la del fiscal para determinar si el alcalde durante esos años investigados sabía o intervenía en el pago a las empresas o decidía el orden de abono a los proveedores.

Sin plan de provisión de pagos

Asimismo, a preguntas de Juan José Sánchez Limiñana, abogado de Francisco Valido y el funcionario municipal Esteban Cabrera, Enrique Orts confirmó que en la corporación municipal nunca hubo una plan de provisión de pagos -dijo que este instrumento se instauró en 2011- y descartó que Francisco Valido tuviese formación adecuada para elaborar uno. En todo caso, alegó, lo haría el tesorero o se lo explicaría. Rechazó que hubiera presiones por el entonces alcalde hacia el responsable de Tesorería, al asegurar "que nunca las hubiera aceptado".

Precisamente de la integridad y honestidad de este funcionario se valió Orts para aclarar al fiscal y al resto de la sala el funcionamiento del órgano económico municipal. Orts dijo que "el tesorero realizó una declaración muy exhaustiva y estamos hablando de una persona que nunca fue imputada".

Acabada la declaración del exinteventor del Ayuntamiento de Telde desde 1992 a 2015, fue el turno de Francisco Gordillo. Con una hora de duración, su comparecencia se convirtió en la más larga de la sesión, en la que alternó momentos de falta de memoria -que explicó por su edad- con reconocimiento de su voz en las grabaciones reproducidas durante su testimonio. Sí fue explícito al indicar que él nunca había recibido comisiones, sino que recogía los sobres de los empresarios como donaciones al Partido Popular, no como comisiones por las obras contratadas.

Hacía lo que le decía su jefa, María Antonia Torres, respondió a preguntas del fiscal sobre su participación en la trama, al tiempo que negó que oyera o viera a Torres entregando dinero a miembros de la corporación municipal. Recordó, eso sí, que la exconcejala de Vías y Obras le dijo que "le daría algo a Valido", pero sin especificar qué era ese algo. Afirmó también que para el reparto del dinero se refería a nombres de frutas por teléfono.

Luis del Río, en su interrogatorio, también insistió en las obras realizadas en la sede del Partido Popular en Telde, aunque Gordillo repitió su respuesta sobre que era la jefa la encargada de todo y que él solo cumplía órdenes. Jefa que fueron dos, según explicó, tras el nombramiento de María del Carmen Castellano como presidenta local de los populares. Las grabaciones con el empresario Fernando Varona, ya fallecido, mostraron conversaciones sobre facturas y la pretensión del empresario de que se agilizará los pagos de las facturas que debían realizarle el Ayuntamiento.

"Ha elegido el piso más claro"

Del Río mostró, además, un mensaje de texto del 28 de noviembre de 2011, a las 14.20 horas, en el que se decía respecto a las obras en la sede de los populares, "Mari Carmen ha elegido el piso más claro de los tres" y una conversación grabada el 20 de diciembre de 2005 en la que se escucha: "tengo que verte, estoy tomando decisiones y quiero que me apoyes. Estoy con el aire acondicionado para que se lo digas a la jefa porque es un montante importante". Ambos testimonios no los desmintió Gordillo.

En otra grabación se escucha la voz de Fernando Varona, quien le comenta a Francisco Gordillo que se había colocado la barandilla en la sede y le recordaba: "Soy hombre de partido, han mandado un presupuesto, pero no se va a pagar y hay que hacer una factura del 50% del valor". Señalaba a su interlocutor que quería que se le calificara como proveedor preferente y "no tarde un año como ahora", al tiempo que le reclamaba que le dijera a "Carmelo Oliva lo que he hecho y que me pague pronto". La sede del PP, tal como se recoge en una grabación telefónica del 23 de enero de 2006 del asesor con el empresario, era del agrado de "la jefa", aunque aquí especificaba que "la primera jefa era Mari Carmen y la otra es ahora la segunda y hablé de ese tema".

Asimismo, la reproducción de las conversaciones con José Manuel Gutiérrez, administrador de Preconte, sobre la instalación de una pérgola y la concesión del fin de obras y cédulas de habitabilidad o unas obras en La Garita también expusieron diversas actuaciones en las que Gordillo mantuvo contactos directos con los empresarios o funcionarios relacionados con Urbanismo o Contratación. La construcción de un parque infantil o la adjudicación a Cobra, empresa dirigida por Antonio Nadal, uno de los encausados que aceptó su pena, y donde trabajaba el hijo de Gordilo.

Aseguró no recordar algunos de los hechos y ante la insistencia de Juan José Limiñana sobre si ratificaba que había recibido presiones, tuvo que ser informado por el magistrado Salvador Alba de que debía responder a la pregunta y señaló a la policía como uno de los autores de las presiones, algo que había declarado en el sumario del caso Europa, pieza separada de esta trama, pero que decía no recordar.

La pérgola de la discordia

El asunto de la pérgola en la vivienda de Gordillo no es un asunto menor, ya que el permiso de su instalación es una de las acusaciones a un técnico municipal, Emilio Hernández. El asesor de Torres aseguró que la colocación de esta estructura, de madera y con puerta de aluminio, se hizo después de que se le entregara la certificación final de obra y la cédula de habitabilidad de la vivienda, no antes. Y lo explicó con el argumento de que "como es desmontable se hicieron unas pruebas para ver si cabía y una vez se comprobó no se puso hasta recibir el permiso".

La tardanza en la tramitación de las licencias y cédulas -decía que desde el 15 de julio no se ha hecho nada- fue una de las críticas del administrador de Preconte a Gordillo, quien le aseguró que "Mena firmará a la vez la cédula y el final de obra cuando Emilio se lo mande".

Sánchez Limiñana interrogó al testigo sobre si sus defendidos, Esteban Cabrera y Francisco Valido, si tenía conocimiento de que hubieran aceptado dinero por una comisión mediante una factura en el caso de Cabrera o si tiene constancia de que Torres le dio dinero a Valido. En ambos asuntos lo desmintió y se remitió a sus declaraciones sobre que él entregaba el sobre y la concejal de Obras era quien decidía.

A preguntas de José Manuel Santana, abogado del empresario Domingo Campos, si su cliente le había entregado alguna cantidad, Gordillo reiteró que él recogía sobres, pero no los abría, y dijo no recordar que Campos le hiciera entrega de alguno. Sergio Armario, abogado de José Luis Mena, preguntó sobre la pérgola y su licencia, asunto en el que reiteró que se había instalado después de haber recibido las llaves de la vivienda.

Carlos Bielba, uno de los jueces de la sala, le preguntó que si el dinero que le entregaban, las donaciones como defendía Gordillo, eran de empresas que trabajaban para el Ayuntamiento. Su contestación fue que le decían que era para el Partido Popular, pero que nunca fue testigo presencial porque no me permitían entrar o participar una vez que entregaba los sobres a Torres.

Carmelo Oliva, concejal de Hacienda en la etapa investigada, afirmó que Valido era uno de los tres firmantes del listado de empresas a las que se pagaba, al tiempo que consideró que debía tener conocimiento de estas si las firmaba.

Además, explicó al fiscal que el importante retraso para abonar las facturas a las empresas se debía a que heredaron una situación financiera muy complicada, con una importante deuda que impedía atender los pagos, circunstancia que luego si se pudo hacer.

La intervención de Antonio Nadal, director de zona de Cobra en esa época, involucró directamente a Esteban Cabrera, funcionario municipal, al desmontar la tesis de que los 6.600 euros que figuraban en una hoja de contabilidad de su empresa fuese como donación para la promoción de un club de baloncesto de Cabrera, sino para él. El abogado del acusado, Sánchez Limiñana, le preguntó si su defendido le había pedido algo por la realización de informes, extremo este que negó el directivo. En esa misma lista figuraban también los nombres de Gordillo y Jorge Rodríguez como receptores de dinero de la sociedad Cobra.

Por último, el testimonio de Juan Francisco Gordillo Chamorro, hijo de Gordillo, se redujo a imprecisiones ante las preguntas del fiscal y Limiñana, recurriendo a su falta de memoria de algunos hechos, pese a las grabaciones reproducidas en la sala con Esteban Cabrera. Unas respuestas que no convencieron a ambos abogados.

El fiscal y los abogados de los ocho encausados no consideraron necesarios los testimonios de los hijos de Antonia Torres y del entonces delegado de Dragados en Canarios, Abelardo Martínez.

El juez Alba les agradeció su colaboración en el juicio.

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