18 de mayo de 2017
18.05.2017

Canarias recurre el fallo que anula parte del decreto de alquiler vacacional

Turismo teme que los argumentos del TSJC lleven a la liberalización total de la actividad

18.05.2017 | 03:41

El Gobierno de Canarias recurrirá la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) contra el decreto que regula el alquiler vacacional, al considerar los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma que el dictamen "conduce a un fallo anulatorio que no se ajusta plenamente a derecho".

La razón para defender en los tribunales la norma aprobada por el gobierno de Paulino Rivero apenas unos días antes de acabar la legislatura es precisamente, según señala un comunicado de la Consejería de Turismo, "evitar inseguridad jurídica mientras no se ordenen adecuadamente los diferentes modelos de explotación turística que eviten competencia desleal en el sector".

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias estimó en parte, en una resolución de abril, los recursos presentados por la Federación Española de Viviendas de Uso Turístico y Apartamentos y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Anuló la prohibición de abrir este tipo de establecimientos en las zonas turísticas o la de arrendar toda una vivienda y no por habitaciones como demanda el sector.

La nota del Gobierno recuerda que Canarias tiene la competencia exclusiva sobre la promoción y la ordenación del turismo en su ámbito territorial y ejerce la potestad legislativa, tanto desde el punto de vista de la actividad como de los establecimientos donde esta se desarrolla. Para la administración autonómica, las razones generales que deben prevalecer a la hora de definir su modelo turístico se refieren a la fragilidad del territorio, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, la seguridad pública, íntimamente ligada a la capacidad de carga en cada una de sus zonas, y la protección de los derechos de los consumidores. "La necesidad de garantizar el desarrollo turístico obliga a matizar el razonamiento del TSJC, que conduce a la más amplia liberalización de la actividad de vivienda vacacional, pudiéndose implantar, sin límites, en cualquier parte del territorio de Canarias", agrega la nota.

El Gobierno asegura que ha tratado, sin éxito hasta el momento, de consensuar con los agentes turísticos "mejoras en el decreto que evitaran la sucesión de demandas y recursos".

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