25 de mayo de 2012
25.05.2012

Los juristas del Gobierno se oponen a la movilidad y la jubilación forzosa

El informe advierte que la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales genera confusión y dudas legales

25.05.2012 | 03:16
El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero (i), y el consejero Javier González Ortiz.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma cuestionan la movilidad de los empleados públicos, las jubilaciones forzosas y las reducciones salariales decretadas por el Gobierno canario en la Ley de Medidas Administrativa y Fiscales.
El informe preceptivo realizado por el equipo jurídico que depende del Ejecutivo critica la inseguridad jurídica de algunas partes del texto normativo, la confusión y las dudas que genera y propone múltiples correcciones al anteproyecto tanto en las medidas administrativas como en las fiscales.
El documento, firmado por la directora general del Servicio Jurídico el pasado lunes, pone varios reparos a las medidas relacionadas con el personal de la Comunidad Autónoma por vulnerar el Estatuto Básico del Empleado Público, la Ley de la Función Pública e invadir competencias atribuidas al Estado.
En el caso de la movilidad de los funcionarios, los juristas consideran que el anteproyecto de ley incumple la legislación por no determinar de forma expresa las necesidades que pueden motivar el desplazamiento de los empleados de sus puestos de trabajo a otras funciones.
En relación con las jubilaciones forzosas de los empleados públicos, los servicios jurídicos del Ejecutivo reprochan al Gobierno autónomo que declare el retiro obligado de todo el personal que haya solicitado la prolongación del servicio activo porque "altera gravemente" la seguridad jurídica y conculca los derechos de los trabajadores afectados. Asimismo, también se vulnera el derecho que tiene el personal a pedir alargar su vida laboral. La rebaja de los salarios de los funcionarios y del personal que trabaja para las empresas públicas es ampliamente analizada por el informe, que se muestra muy crítico sobre todo con las decisiones "unilaterales" del Ejecutivo regional para reducir las retribuciones, complementos y derechos de los trabajadores del sector público.
La reducción del 5% de los sueldos invade competencias del Estado porque, según el informe, se alude a las retribuciones íntegras del personal cuando la Comunidad Autónoma solo tiene competencias sobre los complementos y no sobre las retribuciones básicas. Asimismo, se critica la ausencia del mecanismo para hacer efectivo dicha reducción.
Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma coinciden con el Consejo Económico y Social (CES) a la hora de criticar la "dispersión normativa" que provoca esta ley, que modifica normas que no tienen relación directa con las medidas administrativas y fiscales a las que alude su título.
Los juristas reprochan también las escasas explicaciones y justificaciones que se dan para realizar una reforma fiscal tan profunda y amplia.
Dudas constitucionales
Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma dudan de la constitucionalidad del nuevo impuesto que grava a las grandes superficies, al que ponen numerosas objeciones derivadas de lo ocurrido en otras comunidades autónomas, que han recurrido este gravamen al Tribunal Constitucional.
Asimismo, creen injustificado que el tributo se aplique por razones medioambientales cuando también se argumentan cuestiones como el impacto en el tejido comercial urbano.
Tampoco quedan en buen lugar varias de las tasas que se han creado a través de la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales, entre ellas las que se van a aplicar en los puertos de la Comunidad Autónoma o la que gravará la Etiqueta Ecológica Europea. Para los servicios jurídicos se trata de gravámenes que no se justifican, resultan inadecuados y, además, de difícil comprensión.
Otros impuestos como el IRPF, el de Sucesiones y Donaciones o el IGIC pecan de desorden y dudas que requieren de múltiples revisiones y correcciones para evitar incertidumbres jurídicas.

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