18 de mayo de 2012
18.05.2012

El Gobierno autónomo prohíbe a los taxistas alquilar, subarrendar o ceder sus licencias

Los profesionales del sector deberán tener autorización del cabildo correspondiente para realizar los servicios interurbanos

18.05.2012 | 03:09
El presidente Paulino Rivero (i), junto a los consejeros Margarita Ramos y Francisco Hernández Spínola.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer dos decretos en los que se desarrolla la Ley de Ordenación del Transporte por carretera y se regula reglamentariamente el sector del taxi. La normativa prohíbe arrendar, subarrendar o ceder la licencia municipal o autorización insular.
Los dos proyectos de decreto han sido remitidos al Consejo Consultivo de Canarias para que emita los informes preceptivos antes de su aprobación definitiva por el ejecutivo, informó el portavoz gubernamental, Martín Marrero, ayer, tras el Consejo de Gobierno.
En cuanto al reglamento del servicio de taxi, además de prohibir el arrendamiento, subarrendamiento o cesión de la licencia, establece las condiciones de vigencia, transmisión, rescate y extinción. Los servicios deberán iniciarse en el término municipal al que corresponde la licencia, que tendrá carácter indefinido
Esta regulación pretende reglamentar la actividad y ofrecer solución a los problemas particulares que existen en las áreas metropolitanas y en las infraestructuras portuarias y aeroportuarias, así como en los intercambiadores. Se profundiza en la regulación de la expedición de los títulos administrativos habilitantes para la realización del transporte discrecional en taxi, y se regula la adecuación del número de licencias a las necesidades de cada ámbito territorial. Como medida de agilización administrativa se contempla la posibilidad de tramitar conjuntamente la expedición de la licencia municipal y de la autorización insular.
En cuanto a las condiciones de prestación del servicio, se han incorporando en el reglamento previsiones acerca de la accesibilidad de las personas con movilidad reducida, así como los derechos y deberes de los usuarios.
Se crea la Mesa del Taxi, en la que participarán los responsables de la política de transportes y los sectores empresariales, sindicales y sociales más representativos.
Para realizar el transporte público discrecional en taxis será preciso estar en disposición de licencia municipal, mientras que la prestación de servicios interurbanos requiere autorización del cabildo correspondiente. Las tarifas urbanas serán fijadas por el ayuntamiento y el Gobierno de Canarias fijará las tarifas interurbanas, así como las correspondientes a zonas de prestación conjunta y áreas sensibles.

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