10 de mayo de 2012
10.05.2012

Canarias agiliza los trámites para el acceso en propiedad a las VPO

El Ejecutivo usará el sorteo como sistema preferente para adjudicar los pisos

10.05.2012 | 02:48

El Ejecutivo regional facilita las cosas para que las familias que habitan en una vivienda protegida puedan quedarse con ella en propiedad. La Ley de Vivienda de Canarias de 2003 se modifica y se le añade una disposición adicional para regularizar la situación de los ocupantes, sin título legal, de viviendas protegidas de promoción pública.
De esta medida se podrán beneficiar aquellas familias que estén habitando la vivienda antes del 31 de diciembre de 2010, que el inmueble constituya el domicilio habitual y permanente y que cumplan una serie de requisitos basados en los ingresos, no ser titular de otra vivienda y que el valor del patrimonio de la unidad familiar no supere el 50% del precio máximo de venta en primera transmisión.
Una vez que entre en vigor esta nueva norma los interesados en adquirir el título de propiedad de sus vivienda tendrán nueve meses para solicitar la regularización de su situación. La resolución de la Administración constituirá el título legal para la ocupación de la vivienda en alquiler. Asimismo, la aprobación de una resolución en este sentido supondrá el sobreseimiento de cualquier expediente de desahucio que esté en tramitación.
Modificación
La Ley de Vivienda también se modifica para introducir la moda lidad del sorteo para la adjudicación de las viviendas protegidas. Según la nueva redacción legal, el proceso de adjudicación se realizará de acuerdo con los principios de concurrencia, publicidad y transparencia, constituyendo el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias. El procedimiento para adjudicar las viviendas protegidas se regulará preferentemente por un sorteo.
Por otro lado, la Ley de Medidas Administrativas y Fiscales modifica la ley que regula las parejas de hecho y obliga a los dos miembros de la pareja de hecho a estar empadronados en algún ayuntamiento del Archipiélago y tener residencia legal en España. Asimismo, la citada normativa pone en marcha el Registro de Parejas de Hecho con carácter eminentemente administrativo.
El Gabinete que dirige Paulino Rivero también establece en la ley las cuantías y los órganos que pueden imponer sanciones de protección de la seguridad ciudadana.

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