17 de enero de 2011
17.01.2011

Canarias aparca cuatro leyes hasta la próxima legislatura

Las normativas de Función Pública, Sanidad, Presidencia y Agencia de Innovación quedan a la espera

17.01.2011 | 03:53
Protesta de empleados públicos frente a la sede de Presidencia del Gobierno en la capital tinerfeña.

El Ejecutivo canario tira la toalla y renuncia a sacar en este legislatura cuatro leyes por falta de consenso y de tiempo material para tramitarlas antes de mayo. Quedarán aparcadas para el próximo mandato, las normativas de Función Pública, la más polémica y que más rechazo ha generado, así como la de Sanidad, Presidencia y Gobierno de Canarias y la de creación de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de La Información (Aciisi). El principal partido de la oposición, el PSC, no apoyaba ni la Ley de Sanidad, ni la de creación de la Aciisi como tampoco la de Presidencia, que incluía un trato especial para los ex presidentes a desarrollar en un reglamento con la disposición inicial de dotarlos de medios materiales. Los nacionalistas no contaban tampoco con el apoyo firme de sus ex socios del PP en algunas de estas leyes que se guardarán en el cajón.

El Gobierno y sindicatos discrepan frontalmente sobre cómo consolidar al personal laboral temporal e indefinido. El gabinete de Rivero defiende que el anteproyecto de la Ley regional del empleado público posibilita una mayor estabilidad de este personal, ya que dispone la obligatoriedad de convocar los concursos. Por su parte, las centrales rechazan el texto ya que a su entender dejaría en el aire a unos 3.000 empleados autonómicos, pero en el que se podrían ver perjudicados trabajadores de igual categoría en cabildos y ayuntamientos a quienes también afectaría esta polémica norma.

"Este punto es insoslayable y hemos pedido su retirada", manifestó el secretario de Administración Autonómica de UGT, Jesús Caballero, para quien la "indefinición jurídica" en que se deja a laborales temporales e indefinidos es "ilícita" y ni siquiera está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), del que dependen las leyes autonómicas de Función Pública. La polémica medida incluida por la Consejería regional de Presidencia, Justicia y Seguridad afectará en especial a los temporales contratados a partir de 2005, así como a indefinidos. En su articulado se indica que las plazas de este personal que no fueran incluidas en la siguiente oferta de empleo "podrían ser amortizadas".

Los sindicatos también han puesto sobre la mesa en las comisiones técnicas con el departamento que gestiona José Miguel Ruano la situación en la que queda un buen número de empleados en puestos de carácter estatutario por designar. "Después de muchos años ejerciendo con eficiencia un trabajo no se puede prescindir de una persona que ha sido un baluarte de la administración", indicó el secretario del Área Pública de CC OO, Javier Godoy, sobre otro problema que genera el anteproyecto de la Ley de Función Pública Canaria, que afecta en este caso a funcionarios interinos, sustitutos y laborales.

La iniciativa legal incluye otras medidas con las que no están de acuerdo las centrales. En concreto, la denominada evaluación de desempeño, con la que se medirán la productividad y la conducta profesional del empleado público, y que en el caso de ser negativa podría conllevar una reducción salarial con la pérdida de nivel en los complementos. Godoy señaló que no pasarán porque el encargado de la evaluación, el denominado directivo profesional, puede tener un "perfil político" como propone la propuesta legal regional, sino que deber ser "un técnico".

Desde el departamento regional de Presidencia, Justicia y Seguridad aseguraron el viernes que mantienen su propuesta "pero ya no tenemos tiempo material para aprobarla en esta legislatura". La Consejería entiende que el enfrentamiento con las centrales es un "tema de interpretación" y a su juicio con la obligatoriedad de convocar concursos de empleo "se evitará que vuelva a los niveles de temporalidad que hemos tenido". Insistieron además en que se está con "un borrador" de ley .

Las diferencias se hicieron innegociables en una reunión de la Comisión Superior de Función Pública en noviembre, donde se iba a tratar el anteproyecto y fue suspendida el mismo día, sin que la administración ofreciese una explicación ni haya remitido una nueva convocatoria.
"La ley queda aparcada ya que es imposible tramitarla con lo que queda de tiempo", coincidieron los representantes de UGT y CC OO.
Además, las centrales llamaron la atención sobre que cabildos y ayuntamientos no han dado su visto bueno a un texto legal que también les afectaría en sus relaciones con sus empleados. Desde los sindicatos apuntaron también reparos en CC a "sacar con calzador" esta ley y el castigo electoral que traería. Los empleados públicos deberán esperar así a la próxima legislatura para que se pueda aprobar esta contestada regulación de su trabajo, que les obligará a ser evaluados en el desempeño de sus funciones y a perder categoría en el caso que no superen el examen que les impongan.

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