09 de febrero de 2018
09.02.2018

Las Islas exigen al Estado el desbloqueo de obras hidráulicas, turísticas y viarias

La Fecai pide a Madrid la firma de los convenios en estas tres materias ante la "parálisis" del país por la crisis política de Cataluña

09.02.2018 | 01:06

La Federación Canaria de Islas (Fecai) acordó ayer exigir al Gobierno central la firma de los convenios en materia de carreteras, obras hidráulicas y turísticas. Tras la asamblea celebrada, el presidente de la organización y del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirmó que todos los representantes insulares comparten hacer esta reclamación ante la "parálisis que se tiene a nivel estatal" como consecuencia de la crisis política de Cataluña. "Obviamente nos preocupa seguir en esta línea porque no hay presupuesto y tampoco hay trabajo legislativo", recordó.

Por un lado, especificó que es importante tener ya el convenio de carreteras para poder iniciar las actuaciones que son importantes en el Archipiélago, ya que "necesitan de marco plurianual que solo con la adenda firmada el pasado año no estarían cubiertas". Por otro, subrayó la importancia del acuerdo para ejecutar obras hidráulicas, que permitirán hacer frente a una "sequía crónica" a través de la producción de agua con la desalación y la depuración, así como el relacionado con actuaciones turísticas.

Si bien el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, indicó ayer a Europa Press que el Ministerio de Fomento está "estudiando" y "negociando" el borrador del Gobierno canario para el convenio de carreteras, Alonso señaló que "ya toca" firmarlo después de esta demora. "La táctica del tran tran me la conozco por parte del Estado en muchas cosas, como con la Playa Martiánez" (un proyecto de renovación que nunca se ha llegado a ejecutar), puntualizó.

Por otro lado, detalló que los presidentes de los cabildos también acordaron pedir al Ejecutivo autónomo que mejore la compensación por la extinción del ITE (Impuesto sobre el Tráfico de Empresas) con un cambio en la distribución de los tributos del REF (Régimen Económico y Fiscal), que pasarían del 58% al 65% en cabildos y ayuntamientos.

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