El Juzgado investiga al Cabildo por un presunto delito contra la salud pública

El magistrado llama a declarar a tres técnicos de la piscifactoría de Aguamansa después de que se hallaran cerca de 12.000 truchas muertas en la instalación

19.10.2017 | 09:45
El Juzgado investiga al Cabildo por un presunto delito contra la salud pública

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava ha citado a declarar, el próximo 29 de noviembre, en calidad de investigados por un presunto delito contra la salud pública al Cabildo de Tenerife y a tres técnicos insulares, con motivo del cierre de la piscifactoría de Aguamansa y la muerte de 10.000 truchas.

Así lo recoge un auto judicial que se hizo público en el día de ayer y en el que también se cita, como testigos, a los agentes del Seprona que abrieron el primer atestado el pasado 23 de septiembre, al inspector del área de la Consejería de Sanidad que ordenó la clausura de las instalaciones, a un responsable de Emmasa y al jefe de los Servicios de Fauna del Cabildo.

Con el fin de esclarecer y resolver el caso, el juzgado ha emitido una serie de diligencias entre las que se encuentra el envío de un oficio dirigido al gerente del Consejo Insular de Aguas para que responda en un plazo máximo de diez días "si la piscifactoría tiene autorización administrativa para verter aguas y dónde se vierten; si ha realizado alguna inspección; si tiene conocimiento de algún tratamiento para hacerlas aptas al consumo humano, y si ha detectado alguna irregularidad en las analíticas que se realizan a las aguas del Canal del Norte y en caso de ser positivas, si tienen datos de contaminación de heces de peces o medicamentos de uso veterinario".

Según el auto publicado, el juez también solicita al Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses los resultados de las muestras tomadas por la Guardia Civil, y al Cabildo, toda la documentación de la piscifactoría y "si la explotación ha recibido alguna subvención de la Unión Europea destinadas al programa Poseican-Pesca (Programa de Opciones Específicas para las Islas Canarias), convocadas por el Gobierno de Canarias".

Asimismo, el juzgado le reclama a la empresa Skretting España datos sobre la venta de piensos medicamentosos al Servicio Técnico Forestal del Cabildo, e insta a la Dirección General de Justicia, que nombre un perito "para determinar la cantidad de pienso suministrada a las truchas, el grado de toxicidad y el perjuicio para la salud humana".

El juzgado ha abierto la investigación tras la denuncia formulada por el Seprona, que tras un aviso vecinal, acudió a las instalaciones y observó a operarios del Cabildo vaciando las piscinas con más de 10.000 truchas muertas.

Según recoge el auto, "un día antes se ordenó la suspensión cautelar del vertido de agua tras la visita de un inspector del área de Salud de la Consejería de Sanidad, destacando que había dos sacos de pienso medicamentoso que se aplicaron durante los primeros 20 días del pasado mes de julio. El medicamento lleva en su composición florfenicol, un derivado antibiótico que puede tener efectos adversos en el ser humano, si bien no se ha podido determinar si se cumple con el límite máximo de residuos autorizados."

A este respecto, el pasado octubre, el Cabildo informaba en rueda de prensa del resultado de los estudios realizados por los técnicos del Gobierno insular que confirmaban que "la actividad desarrollada en la piscifactoría de Aguamansa no puso en riesgo la salud de la población en ningún momento".

El consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, señaló que según el informe, "el antibiótico recetado para tratar a las truchas , el florfenicol, fue suministrado durante 20 días del mes de julio, a razón de 3,75 gramos de medicamento total al día. Este suministro se realizó bajo prescripción veterinaria a través del pienso con el que se alimentaba, una vez al día, a las poblaciones de peces, de manera que solo los restos no consumidos quedaban disueltos en los 5.184.000 litros de agua que al día pasaban por la planta". Valbuena añadió que "se respetó el periodo de supresión necesario del medicamento".

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