El TSJC da luz verde a Leroy Merlin para abrir su centro comercial en Adeje

La Sala declara nula la orden de la Consejería de Economía, Industria y Comercio, dándole un mes para cumplir con la sentencia de 2012 que legitimaba la apertura

09.06.2017 | 11:31
El TSJC da luz verde a Leroy Merlin para abrir su centro comercial en Adeje

La multinacional Leroy Merlin podrá abrir su establecimiento de 11.880 metros cuadrados dentro del centro comercial de Las Torres, en el municipio de Adeje. La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) lo deja meridianamente claro en un auto al que ha tenido acceso la opinión de tenerife. El tribunal acordó ayer estimar el incidente de ejecución de una sentencia de 30 de noviembre de 2012 planteado por la entidad mercantil Tropicana S.A. -propietaria del centro comercial Las Torres- y declarar la "nulidad de pleno derecho" de la orden de 30 de diciembre de 2016 de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, que se oponía a la licencia de apertura del citado comercio de Leroy Merlin a pesar de que el 14 de octubre de 2010 la Administración autonómica fue favorable a la concesión de licencia de apertura del centro comercial Las Torres. El tribunal, además, concede un mes de plazo para que la citada Consejería regional cumpla con el fallo de la sentencia pronunciada por esta misma Sala en 2012.

En el auto, contra el que cabe recurso de reposición, sin perjuicio del cual debe llevarse a efecto la decisión adoptada ahora por el TSJC, se señala que la oposición de la Administración regional al incidente de ejecución de la sentencia de 2012 "no puede calificarse más que de paradójica".

Los magistrados abundan sobre dicha situación "paradójica" al señalar que "tanto en el planteamiento del Gobierno de Canarias que prescinde de que la sentencia -cuya ejecución solicita la sociedad mercantil Tropicana- ratificó la validez de un acto dictado por la propia Administración autonómica (que concedió la licencia comercial específica a Tropicana para la implantación de un centro comercial con una superficie de venta proyectada de 22.600 metros cuadrados)", como en los "argumentos" esgrimidos en el escrito de oposición presentado por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

Un escrito que no dice nada

Los magistrados, sobre dicho escrito, afirman que lo han "reproducido íntegramente -formando parte de las páginas de este auto- para facilitar la tarea de comprobar que no dice nada, aunque no lo parezca". Tal contundencia en el pronunciamiento se acompaña, además, con la afirmación de que en dichas diez páginas solo se dice que "no puede conceder la licencia que demanda Leroy Merlin, para establecer dicho establecimiento comercial con una superficie de 11.880 metros cuadrados, esto es la mitad de la superficie destinada para uso comercial en el centro comercial Las Torres ya autorizado".

La Consejería de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, no obstante, expresaba en dicho escrito que su razonamiento para no otorgar dicha licencia de apertura y actividad comercial a Leroy Merlin se basa en el informe del Cabildo de Tenerife "que es negativo" y, según se señala en el citado escrito de oposición, "es, por tanto, vinculante", refiriéndose al artículo 42 del Decreto Legislativo 1/2012.

La Sala del TSJC expresa que sin embargo, esa misma circunstancia, es decir el informe negativo del Cabildo que "no fue óbice para que la Administración regional concediera en su día algo más, como es la licencia para implantar el gran centro comercial en que pretende ubicarse Leroy Merlin".

Los magistrados inciden, además, en que "lo que es más importante", el Gobierno de Canarias "pasa por alto que la ratio decidendi" de la sentencia cuya ejecución se trata en este auto "no fue otra que la de considerar absolutamente irrelevante, sin ningún valor, el informe del Cabildo de Tenerife, razonándose con detalle en los fundamentos jurídicos de la sentencia la causa de tal conclusión".

En este sentido hay que aclarar que el informe emitido por el Cabildo de Tenerife, aunque sea con un dictamen negativo, no es vinculante para la concesión de la licencia de apertura de actividad comercial al no encontrarse aprobado en la fecha de la solicitud de la citada licencia el Plan Territorial Especial de Grandes Equipamientos Comerciales de Tenerife. Por ello, el informe del Cabildo es "preceptivo" como se recoge en el articulado vigente de la Ley Territorial 12/2009, pero en aplicación del nuevo régimen jurídico, a efectos de planeamiento, "habrá de tenerse en cuenta para la concesión de la licencia de referencia, las determinaciones del planeamiento municipal".

La concesión de licencia en 2010 -ratificada por sentencia en 2012- a la sociedad Tropicana S.A. para la apertura del centro comercial Las Torres contó con un informe del Cabildo de Tenerife igualmente desfavorable, pero al no considerarse vinculante y, por ello, al contar con los informes favorables del Ayuntamiento de Adeje, de la Viceconsejería de Economía de Asuntos Económicos con la Unión Europea, del Servicio Canario de Empleo, de la Comisión Insular en materia de Comercio de la Isla de tenerife, de la Dirección general de Comercio e informe positivo también de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se otorgó dicha licencia de apertura y actividad comercial.

El auto del TSJC concluye señalando que "aunque sobre las competencias del Cabildo en la materia -certeramente cuestionadas desde dentro-, así como de la inadaptación del citado Decreto Legislativo 1/2012 a la normativa europea, podría escribirse durante horas", la Sala señala que es suficiente lo expuesto hasta aquí -fundamentos jurídicos del auto que se reproducen en las imágenes que acompañan a esta información- "para poner de relieve que el contradictorio modo de proceder de la Administración autonómica ha de reputarse enderezado a eludir el cumplimiento de nuestra sentencia, lo que determina la nulidad de pleno derecho de la orden" (de la Consejería de Economía ) "en que tal enigmático parecer quedó plasmado, de conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 103 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa".

Por ello, insisten los tres magistrados de la Sala del TSJC, que "en resumidas cuentas", la nulidad radical de la orden departamental de 30 de diciembre de 2016 comporta, en aras a la completa ejecución del fallo de la sentencia, y habida cuenta que tal orden se asienta exclusivamente en el informe del Cabildo, "conminar al Gobierno de Canarias a que, a la mayor brevedad, conceda a la entidad Leroy Merlin, la licencia solicitada", concluye el auto.

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