22 de diciembre de 2016

Podemos duda de que la sanción a Alonso no haya tenido coste para la Institución

La formación pregunta si la infracción electoral supuso un menoscabo para las arcas públicas

22.12.2016 | 01:51

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife va a preguntar si la infracción electoral por la que ha sido sancionado el presidente, Carlos Alonso (CC), no ha supuesto ningún coste para las arcas públicas. "Es obvio que la sanción de 800 euros que le ha impuesto la Junta Electoral Provincial y la Central tiene que salir de su bolsillo o del de su partido, pero queremos cerciorarnos de que la sociedad tinerfeña no tenga que costear la defensa jurídica de ésta ni de ninguna otra ilegalidad política", explica el portavoz insular, Fernando Sabaté, en una nota.

Recuerda que la Junta Electoral Central (JEC) confirmó el 11 de octubre la resolución de la Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que consideraba al nacionalista autor de la infracción electoral prevista en los artículos 50.2 y 153 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral (Loreg), tal y como había denunciado la coalición Unidos Podemos, por haber vulnerado la prohibición de realizar durante el periodo electoral "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".

Además de desestimar el recurso de Carlos Alonso contra la citada resolución, la JEC confirmó la sanción de 800 euros propuesta contra él al considerar probado que vulneró esa prohibición durante la campaña electoral de diciembre de 2015 por ser candidato al Senado y, sin embargo, participar como presidente del Cabildo en la presentación pública de un nueva flota de guaguas de la empresa insular Titsa y de un servicio de transporte para personas con discapacidad.

Sabaté incide en que el máximo órgano electoral del Estado ha precisado que la infracción de Alonso "se incardina dentro del deber de neutralidad electoral que se exige a los poderes públicos y que constituye uno de los instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva la igualdad que ha de ser observada en el sufragio, siendo además una de las específicas proyecciones que tiene el mandato de objetividad que proclama el artículo 103.1 de la Constitución como principio rector referido a cualquier Administración Pública y que, en lo que aquí interesa, comporta la prohibición de influir en la prohibición del voto o de los electores".

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