21 de diciembre de 2016
21.12.2016

Investigan si la infracción electoral de Carlos Alonso ha tenido coste para el Cabildo de Tenerife

El grupo de Podemos en el Cabildo entiende que no puede pagar la multa con dinero público, "pero se entiende también que no puede cargarle al Cabildo el coste de su defensa jurídica"

21.12.2016 | 15:46

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife investiga si la infracción electoral por la que ha sido sancionado el presidente de esta institución, Carlos Alonso (CC), ha supuesto algún coste para las arcas públicas.

El portavoz de Podemos en el Cabildo, Fernando Sabaté, ha indicado en un comunicado que es "obvio" que la sanción de 800 euros que le han impuesto la Junta Electoral Provincial y la Central tiene que salir de su bolsillo o del de su partido.

No obstante, Sabaté ha dicho que prefiere cerciorarse de que la sociedad tinerfeña no ha tenido que costear la defensa jurídica de ésta ni de ninguna otra ilegalidad política.

Ha recordado que la Junta Electoral Central (JEC) confirmó el pasado 11 de octubre la resolución de la Junta Electoral Provincial de Santa Cruz de Tenerife que consideraba a Carlos Alonso autor de una infracción electoral por haber vulnerado la prohibición de realizar durante el periodo electoral "cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos".

Además de desestimar el recurso de Carlos Alonso contra la citada resolución, la JEC confirmó la sanción de 800 euros propuesta contra él al considerar probado que vulneró esa prohibición durante la campaña electoral de diciembre de 2015 por ser candidato al Senado y, sin embargo, participar como presidente del Cabildo tinerfeño en la presentación pública de un nueva flota de guaguas de la empresa insular TITSA y de un servicio de transporte para personas con discapacidad, ha añadido.

Esa sanción, ha comentado el portavoz de Podemos, va dirigida directamente a Carlos Alonso, con nombre y apellidos.

Por ello, ha explicado, se entiende que no puede pagar la multa con dinero público, "pero se entiende también que no puede cargarle al Cabildo el coste de su defensa jurídica".

De confirmarse que usó los servicios jurídicos de la corporación insular para defenderse en este procedimiento sancionador en el acabó aceptando la autoría de la infracción denunciada para evitar judicializar el caso, "correspondería calcular el coste de su defensa y, si no lo hiciera de motu proprio, reclamarle al presidente del Cabildo que lo abonara", ha aseverado Sabaté.

Lo más significativo de esta sanción, ha matizado, "es precisamente la importante lección dada a los políticos que confunden los intereses particulares y partidistas con el interés general y que se creen con el derecho a usar lo público en beneficio propio".

De ahí que el grupo insular de Podemos vaya a preguntarle a Alonso por este asunto en la comisión de Presidencia del próximo lunes, ha anunciado el portavoz de Podemos.

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