07 de diciembre de 2016

Los empresarios del Sur critican la regulación del ocio y la restauración

El colectivo asegura que la norma actual sume en la "inseguridad jurídica" al sector y confía en que sea modificada en el próximo año

06.12.2016 | 23:42

El Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST) espera que la modificación del marco legal para el ocio y la restauración, anunciada por la Consejera de Turismo, Cultura y Deportes para el primer trimestre del próximo año, deje de dar la espalda a la realidad y a las demandas y necesidades de la economía de la Isla, según advierte la organización. El colectivo considera que las sucesivas regulaciones que han afectado a este tipo de negocios han propiciado un empeoramiento de la situación, "sumiendo en la inseguridad jurídica a un sector del que dependen miles de trabajadores y familias". "Recibimos con optimismo el anuncio que ha hecho la consejera y esperamos que dichos cambios apunten en la dirección que venimos reivindicando hace años", apuntan.

Según denuncia el CEST, con el actual marco legal cientos de empresas están abocadas al cierre. "Muchos preceptos que establece la normativa vigente son de imposible cumplimiento y en modo alguno sirven para aumentar la calidad de los establecimientos", señalan. Además de denunciar que el exceso de regulación está minando al sector, desde el Círculo se advierte de que "la regulación actual no cumple por sus contradicciones y por la maraña legal que contradice la directiva Bolkenstein". "Lejos de lo que establece dicha directiva, se está entorpeciendo el desarrollo del sector, cuando lo que plantea la Unión Europea es la agilización de los trámites burocráticos para favorecer la implantación de empresas y la dinamización económica", recalcan. Según el Círculo, con el marco actual se va en sentido contrario a la directrices marcadas por Bruselas, vigentes "en todos los países de nuestro entorno". "Lamentablemente, sufrimos una norma mucho más restrictiva que la que rige en el resto del país", apuntan.

A juicio de los empresarios y profesionales del Sur, tras la aprobación del Reglamento de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos publicado en el Boletín Oficial de Canarias 86/2013 de 1 de agosto, sumada a la regulación existente en desarrollo de la normativa reguladora del sector desde el año 2010, la norma "choca frontalmente en muchos de sus aspectos con las necesidades de las empresas, restringe gravemente la implantación de nuevos productos e imposibilita la necesaria innovación". En este sentido, consideran que "quienes regulan desconocen la realidad de las actividades de ocio y restauración, no tienen la sensibilidad que merecen cientos de empresas que están generando miles de puestos de trabajo, provocando que perdamos competitividad", añaden.

Para el colectivo, la actual normativa impone criterios "que hacen que numerosos locales se vean totalmente inviables para un uso en restauración". "En muchos casos, el número de baños que se exige no deja prácticamente espacio para otra cosa. Es inviable destinar la mayor parte de un local a servicios higiénicos, que por otro lado no redunda para nada en mayor calidad o beneficio del usuario" afirman los empresarios. En este orden de cosas, inciden en que "la falta de seguridad jurídica está causando un daño enorme a la economía y por tanto a las empresas y trabajadores". "Para poder ofrecer música en terrazas o espectáculos musicales en vivo, algo necesario y fundamental en las áreas turísticas, es imprescindible tener garantías legales que permitan realizar la actividad e invertir para mejorar lo que ofertamos a millones de clientes que apuestan anualmente por nuestro destino", se agrega desde el CEST.

El Círculo del Sur se muestra optimista con el anuncio realizado desde el Gobierno de Canarias pero entiende que es fundamental que se elabore un texto refundido que aclare los textos legales que regulan en la actualidad el sector, dotándolo de la demandada seguridad jurídica. Para la organización, es imprescindible la adopción de medidas urgentes que corrijan "las perversiones de la actual normativa", que pasan entre otras por la inmediata derogación del Decreto 90/2010 y el Decreto 29/2013 que lo modifica.

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