Caso Arona

La defensa de Reverón admite que dijo frases inadecuadas, pero no hay delito

La fiscal María Isabel Silva pide para González Reverón dos años de prisión y quince de inhabilitación por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones

04.11.2016 | 17:24
Pieza separada del juicio por el ´caso Arona´
La defensa de Reverón admite que dijo frases inadecuadas, pero no hay delito

El abogado defensor del exalcalde de Arona José Alberto González Reverón (CC) admitió que su defendido pronunció frases inadecuadas "que no son bonitas y de las que no está orgulloso" en las conversaciones telefónicas grabadas por la Policía, pero afirmó que no prueban ninguno de los delitos por los que está acusado.

Tanto el ministerio público como las defensas han elevado a definitivas sus conclusiones en la sesión final del juicio de la pieza separada del caso Arona, en el que la fiscal María Isabel Silva pide para González Reverón dos años de prisión y quince de inhabilitación por prevaricación, tráfico de influencias y coacciones.

La fiscal pide además ocho años de inhabilitación por prevaricación para la subinspectora de la Policía Local Hortensia García.

En cambio, los letrados de los dos acusados pidieron la libre absolución de sus defendidos y sostuvieron que no ha quedado acreditado ni probado en la causa ninguno de los delitos imputados.

La principal prueba de cargo son las escuchas policiales, cuya nulidad han solicitado las defensas, cuestión que el tribunal dilucidará en su sentencia.

A partir de esas escuchas, la fiscalía acusa al exalcalde de influir desde su posición jerárquica para favorecer a uno de los aspirantes en unas oposiciones para la Policía Local, para conseguir empleos a recomendados en la empresa concesionaria de limpieza, para intentar quitar multas de aparcamiento a un vecino, para que la hija de un amigo consiguiera plaza en una guardería pública, para recalificar el terreno rústico donde construyó su casa uno de los concejales y para asignar un empleo en la Cámara de Comercio a su candidato.

César Calleja, abogado defensor del exalcalde, argumentó que el tribunal no debe dar más valor a las escuchas telefónicas que a las pruebas testificales, en las que ninguno de los 18 testigos ha declarado que se viera influido o presionado por González Reverón para actuar de la manera en que lo hicieron.

Para Calleja, en este juicio solo hay dos posibilidades: o se admite la veracidad de las declaraciones de los testigos, lo que llevaría a la absolución de su defendido, o se los encausa a todos por falso testimonio.

En el caso de las oposiciones a la Policía Local, el letrado admitió que González Reverón estaba interesado en que uno de los aspirantes aprobara, pero eso no significa que tuviera ninguna capacidad de influir en un tribunal de seis miembros que decidió las plazas por unanimidad.

En los otros cinco hechos por los que se acusa a González Reverón de tráfico de influencias, las escuchas demuestran que hubo conversaciones del exalcalde, pero en ninguno de los casos influencia sobre el resultado final de las gestiones, argumentó.

Como presidenta del tribunal opositor estaba la subinspectora de la Policía Local Hortensia García, cuyo letrado defensor, Juan Manuel Fernández del Torco, negó que a partir de las escuchas se pueda probar ninguna arbitrariedad ni intervención de su defendida en la determinación de la nota de inglés, cuya supuesta alteración fue determinante para que el recomendado del alcalde consiguiera la plaza.

Todo el proceso se realizó correctamente, con la unanimidad del tribunal y de forma colegiada, de manera que el tribunal de lo contencioso, al que uno de los aspirantes recurrió por otras razones, validó las pruebas.

La fiscal sin embargo considera que, a partir de los requerimientos del alcalde, al aspirante recomendado se le subió la nota de inglés sin merecerlo, lo que le permitió ganar la oposición.

Para la fiscal, Hortensia García actuó a sabiendas de que la decisión era injusta, haciendo caso de las órdenes del alcalde, quien se valió de su posición jerárquica.

Esa misma posición de superioridad utilizó el alcalde para intervenir en favor de determinadas personas en detrimento de otras en los otros hechos juzgados, en unas actuaciones que vulneraron el derecho a la igualdad de los ciudadanos, sostuvo María Isabel Silva.

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