Güímar

Alonso afirma que "el complot" sobre la ley de los barrancos "está diluido"

Nueva Canarias solicita al Parlamento que suspenda la tramitación de la nueva iniciativa legislativa sobre el uso del suelo en las canteras

27.10.2016 | 23:42

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirma que el "complot" que se le ha atribuido para favorecer a los empresarios areneros condenados por la extracción de áridos en Güímar ha quedado "diluido".

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados en el Consejo de Gobierno, el mandatario insular ha comentado que resolver la ordenación de los barrancos "es un problema difícil de solucionar" que lleva más de 40 años a la espera, hasta el punto de que "no ha sido fácil" que la Mesa del Parlamento calificara la proposición de ley que impulsa el Cabildo, y que ha tardado más de un año.

Por ello, ha comentado que desde la Corporación insular se va a "desplegar" toda la "capacidad de convencimiento" para contar con el apoyo de los grupos parlamentarios y demostrarles la necesidad de "restaurar y prohibir la extracción" en esa zona, un "deseo" del pueblo de Güímar y de la Isla.

Alonso cuenta ya con el aval del Grupo Nacionalista y da casi por hecho que la propuesta sea secundada por PSOE y Podemos, gracias al trabajo que están realizando los grupos insulares por explicar el proyecto a los diputados autonómicos.

En principio, no espera el apoyo del Grupo Popular ya que el PP tinerfeño se desmarcó a última hora de la iniciativa cuando la había apoyado inicialmente por entender que frenará el desarrollo económico del municipio.

Por su parte, Nueva Canarias (NC) ha solicitado formalmente a la Mesa del Parlamento que suspenda, con carácter temporal, la tramitación de la proposición de ley sobre los barrancos de Güímar, según informó ayer en un comunicado la formación nacionalista.

La exigencia se ampara en la necesidad de que el Gobierno presidido por Fernando Clavijo y sus Servicios Jurídicos realicen un informe de constitucionalidad y otro sobre la evaluación de las consecuencias económicas para la hacienda canaria de la iniciativa legislativa del Cabildo de Tenerife.

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