Extracciones de áridos

Alonso asegura que los empresarios condenados en Güímar tendrán que pagar restauración

El presidente del Cabildo señaló que la proposición de ley se aprobó en el Cabildo en julio de 2015, antes de conocerse la sentencia

24.10.2016 | 15:04
Juicio por el Caso Áridos

El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, afirmó que la corporación insular quiere que los empresarios condenados por la extracción de áridos en Güímar paguen la restauración del suelo y no las administraciones públicas, tal y como señala la sentencia judicial.

Alonso ha salido al paso así de alguna información "torcida" según la cual una proposición de ley promovida por el Cabildo ante el Gobierno de Canarias pretende que el presupuesto autonómico se haga cargo de los 300 millones de euros en el que los peritos calculan la rehabilitación de la zona.

Alonso señaló que la proposición de ley, pendiente de trámite parlamentario pero que cuenta con el visto bueno del Gobierno de Canarias, se aprobó en el Cabildo en julio de 2015, antes de conocerse la sentencia, y fue respaldada por unanimidad de CC, PSOE, Podemos y PP, aunque ese partido se desmarcó posteriormente.

La sentencia judicial a la que se refiere Alonso fue pactada por los acusados, la fiscalía y la acusación particular y permitió a los condenados Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia eludir su ingreso en prisión.

Fueron sentenciados a un año y tres meses de cárcel por un delito contra los recursos naturales y el medioambiente, así como a sufragar la restauración del equilibrio ecológico en la zona, para lo que las administraciones deben realizar un plan de restauración.

La iniciativa legislativa del Cabildo, según explicó su presidente, persigue que cesen las intervenciones de extracción en ese ámbito, lo que requiere un cambio indemnizable en el uso del suelo a los propietarios, y que se proceda a un plan integral de restauración que incluya dos barrancos por los que hay riesgo de avenidas de agua.

"Los primeros que nos alegramos con la sentencia fuimos nosotros, porque permite garantizar unos ingresos a costa de los infractores condenados por la vía penal, de forma que el objetivo, que era la restauración, pudiera contar con esos ingresos", subrayó Carlos Alonso.

Señaló que el Cabildo "se ha sentido incomprendido por una parte del Gobierno de Canarias y por el Parlamento durante estos meses", pero al final parece que la iniciativa legislativa se va a poder debatir.

Carlos Alonso enfatizó que "está a años luz de los objetivos del Cabildo" que los infractores, "por la vía de la ley o de otra argucia, dejen de pagar por la infracciones que cometieron".

Una parte importante de los recursos necesarios para la restauración debe provenir de los condenados por el delito ecológico, aseguró.

El presidente del Cabildo se ha puesto en contacto con el abogado de la acusación particular, Carlos Álvarez, para comunicarle que está "en línea absoluta" con el objetivo de que los empresarios condenados asuman sus obligaciones civiles para sufragar la restauración, ya que les obliga no solo la sentencia sino la Ley de minas.

Recordó que la ejecución de la sentencia requiere de la elaboración de un plan de restauración, que no debe ser parcial para simplemente rellenar los hoyos y plantar unos olivos, sino integral para todo el ámbito, lo que incluiría restaurar el cauce de los barrancos.

El coste de la proposición de ley promovida por el Cabildo, incluiría la restauración en sí, que se sufragaría en gran parte con la indemnización de los empresarios condenados, y las obras hidráulicas en el cauce de los barrancos, que correspondería sufragarlas sobre todo al Cabildo pero también en parte a los propietarios.

Para evitar que otros propietarios puedan ejercer derechos mineros en la zona, la proposición de ley propone un cambio en el uso del suelo, que de minero pasaría a ser de protección paisajística con usos complementarios.

Eso supondría una indemnización a los propietarios por los derechos extractivos adquiridos, pero según Carlos Alonso la pretensión del Cabildo es que se sustituya la indemnización pecuniaria por derechos para otros usos complementarios lucrativos.

Los costes de restauración, obras hidráulicas e indemnización por cambio de uso del suelo son de momento "indeterminados" hasta que se proceda a aprobar un plan de restauración y a ejecutarse esa modificación de la calificación territorial, aseguró Carlos Alonso.

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