El Ayuntamiento de Güímar entra en crisis

La guerra de la alcaldesa con la interventora y la secretaria del Consistorio sureño y las denuncias por múltiples irregularidades económicas que investiga la Justicia empañan la gestión y hartan a la oposición

01.08.2016 | 00:20
El Ayuntamiento de Güímar entra en crisis

La polémica ha vuelto a Güímar y no precisamente por pintar una nueva línea azul para establecer límites con Arafo ni por las visitas organizadas por el Gobierno local al programa de televisión Sálvame Delux. En esta ocasión, la razón de que el municipio haya estado en el candelero durante las últimas semanas ha sido el aluvión de presuntas irregularidades que tanto los grupos de la oposición -Sí se puede y Partido Socialista (PSC)- como la misma secretaria del Ayuntamiento han denunciado ante la Fiscalía Provincial.

Los hechos están relacionados con supuestos gastos ilegales que la mayoría de ellos contaron con los respectivos reparos de Intervención. Para acabar con esta fiscalización por parte de las dos funcionarias encargadas, según aseguran Sí se puede y el Partido Socialista, el Ejecutivo -formado por el Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC)- se ha sacado un as debajo de la manga consistente en la petición de bajada de categoría de Güímar, aprobada en el pleno del jueves solo con los votos a favor de las fuerzas dirigentes. PP y CC, sin embargo, defienden que ese descenso implica que venga un interventor fijo y que pueda haber un secretario de primer orden, lo que según ellos dará "mayor seguridad jurídica" a la Administración. Sea como sea, será el área de Función Pública del Gobierno de Canarias la que deba autorizar su paso a segunda.

Si bien los dos grupos de la oposición entienden que se trata de una estrategia para quitarse de en medio a las personas que hoy en día realizan las labores de control y entienden que la solución es desbancar a Carmen Luisa Castro -la alcaldesa popular no solo por las siglas que la arropan sino también por protagonizar las cuestionadas visitas a Sálvame, el pintado de la línea azul y su apoyo a un parque temático en una de las canteras ilegales del municipio-, su socio de Gobierno, el nacionalista Javier Mederos, parece tener confianza en ella, al menos hasta el momento.

Coalición

Primero, el también edil de Hacienda tiró balones fuera sobre las supuestas irregularidades al asegurar que no tienen nada que ver con sus competencias, sino con Alcaldía y Recursos Humanos, para posteriormente argumentar que "estamos en la moda de llevarlo todo al ámbito judicial" y recordar que las cosas "hay que demostrarlas". En segundo lugar, aparte de insistir en que no daría una valoración sobre la multitud de reparos detectados, añadió que no se plantea romper el pacto con el PP y negó que la petición para bajar de categoría al municipio sea una estrategia para apartar a las funcionarias de los órganos fiscalizadores. Según él, esa nueva calificación implicará que Güímar tenga "mayor seguridad jurídica" y tachó de "suposiciones que no se ajustan a la realidad" la idea de poder ser una represalia.

El concejal de Sí se puede, Ruymán Expósito, tiene una visión totalmente diferente de lo que ocurre en la localidad y advirtió de que su formación seguirá haciendo una oposición de "control". Avisó, además, de que el edil de CC "estaría implicado directamente en todos los asuntos" presuntamente irregulares como responsable de Hacienda y, para él, "parece que se quieren quitar de encima a las funcionarias porque son las que, según palabras del Gobierno, paralizan el Ayuntamiento". Y todo porque, de acuerdo a su argumento, el Ejecutivo local "no sigue los protocolos y cada vez que hace una actuación se salta la ley".

Recordó que su partido y el PSC denunciaron juntos a finales del pasado año gastos supuestamente ilegales al contar con los reparos de Intervención y las advertencias de la secretaria. Ahora, además, se suma la denuncia que ha presentado esta última ante el Ministerio Público, ampliándose esa investigación a "todos los años de gobierno del PP y CC", entre 2013 y 2016. Expósito manifestó que ese dinero alcanza los 7,7 millones de euros y añadió que a esas cuantías hay que agregar el gasto en combustible, otro asunto que la formación ecosocialista ha llevado a Fiscalía.

Aunque en ese caso los costes no contaron con reparos, indicó que su grupo detectó gastos entre 2013 y 2015 de 4.033,98 euros en total. "Parece ser que hay para echar gasolina la mitad del pueblo", dijo irónicamente, para posteriormente subrayar que "hay pruebas bastantes evidentes" de las supuestas irregularidades. "Esas son las cosas que quieren evitar quitando del medio a la secretaria y a la interventora, que son las que junto a la oposición fiscalizan", denunció el concejal.

Él, sin embargo, dejó claro que continúan las investigaciones y que, de hecho, en estos momentos estudian la información recabada respecto a la pasada campaña electoral, ya que "parece que parte se financió con dinero público". En caso de que los abogados de la formación ecosocialista lo consideran, también será presentada ante el Ministerio Público.

Para poner fin a esta situación, en su opinión la solución podría ser desbancar a la alcaldesa del PP. "Después de lo visto y lo que seguimos viendo, porque cada vez vemos más cosas que hacen pensar que el Partido Popular no debe seguir gobernando", lo mejor sería que Sí se puede, el PSC y Coalición, "si lo tiene a bien", conformaran gobierno, afirmó.

Partido Socialista

Lo mismo opina Airam Puerta, el portavoz socialista, ante la situación que vive el Ayuntamiento, aunque no obstante asume que CC "se resiste" a esa cohabitación. El edil de la formación de izquierdas, derrocada por la propia Castro en 2013 a través de una moción de censura contra Rafael Yanes, denunció que el actual Ejecutivo "no ha sabido" resolver los problemas del municipio y, ante las denuncias, confía en que los ciudadanos no vean a los dos partidos en la oposición "como entes malignos que quieren acabar con la alcaldesa, sino que valoren que no nos callamos cuando vemos irregularidades porque, entonces, nosotros también seríamos culpables".

El concejal se mostró muy precavido al respecto ya que recordó que será la Justicia la que determine si existe o no ilegalidad. Para él, no obstante, es significativo que la propia secretaria del Ayuntamiento, "con la fuerte formación jurídica que tiene", también presente denuncia porque "detrás hay irregularidades".

Aunque señaló que "obviamente" el edil nacionalista de Hacienda "puede detectar incumplimientos" al llevar esa competencia, recordó que al fin y al cabo "la alcaldesa es la máxima responsable" ya que es ella la que tiene potestad para levantar los reparos. En opinión de Airam Puerta, por tanto, el hecho de que la funcionaria haya acudido ante el Ministerio Público "viene a potenciar la mala imagen que da el Gobierno local".

Partido Popular

La regidora local ha sido uno de los cargos públicos de la Isla que hasta el momento no habían sido investigados, pero la mismísima Castro confirmó que la Fiscalía Provincial ya le ha solicitado documentación, aunque según ella solo facturas del año 2014. La popular defendió su labor durante estos tres ejercicios y aseguró que debe ser "la única política en España" que ha declarado su campaña electoral, por lo que acusó a la oposición de "buscar fantasmas donde no los hay". "Como no prospera la moción de censura, ahora buscan mi inhabilitación", aseveró.

La alcaldesa, si bien se mostró confiada en el trabajo que ha desempeñado, dijo sentirse "desprotegida" al considerar que ahora "no tiene seguridad jurídica después de la denuncia de la secretaria". "Nunca le he dicho que cambie el sentido de un informe y lo que me pida el fiscal se lo mando", pero "la secretaria, que me ha asesorado" durante este tiempo, "ahora dice que me denuncia por facturas de 2014". "¿Por qué no lo hizo antes?", se preguntó.

Según ella, el motivo es "por represalias por pedir la bajada de categoría para dar mayor seguridad jurídica al municipio". "Será que no quiere estar como vicesecretaria", criticó tras recordar que esa es la plaza que tiene la funcionaria en el Ayuntamiento. Respecto al levantamiento de reparos, defendió que "no es ilegal" hacerlo y que "todos" los alcaldes "lo hacen", además de que en su caso están relacionados "con servicios" para los que ya "los dos anteriores" regidores "levantaban los reparos", se justificó.

Castro aseguró haber iniciado el proceso para sacarlos a concurso pero culpó a la secretaria de tener los expedientes "paralizados". "Le dije que informara de todos, pero se ve que no está haciendo su trabajo", argumentó.

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