'Caso Áridos'

La fiscal solicita al Supremo que rechace el recurso de Del Rosario y que ratifique la pena

El letrado Carlos Álvarez avisa de que hay que restaurar antes de cambiar el uso del suelo

27.07.2016 | 09:34
Del Rosario en un momento del juicio, celebrado a principios de año.

La Fiscalía solicita al Tribunal Supremo que desestime el recurso de casación interpuesto por el arenero Francisco Javier del Rosario, condenado por la Audiencia Provincial a tres años de prisión por un delito contra el medioambiente al explotar dos de las canteras de Güímar de forma ilegal. El Ministerio Público determina que esta persona era la que "asumía las facultades organizativas y decisorias" de Áridos del Atlántico SA, empresa que se encargó de la actividad minera durante el momento de los hechos. Si bien el procesado defendió que no tenía la categoría de administrador en la entidad, el órgano estatal no solo tumba así este argumento, sino los siete restantes relacionados con otros aspectos, por lo que pide al Alto Tribunal la inadmisión de su recurso y, por tanto, que ratifique la sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia.

Aparte de ser castigado con tres años de prisión por la Sala, Del Rosario también tendrá que pagar de su bolsillo la restauración del entorno perturbado si finalmente ese fallo se convierte en firme. Lo mismo deberán hacer los otros tres empresarios condenados por el mismo delito. Si bien estos últimos se han librado de las rejas, aunque con condicionantes, al haber asumido su responsabilidad penal, estos también deberán rehabilitar el espacio que cada uno dañó en los barrancos de Güímar. Para el abogado de la acusación pública y particular, Carlos Álvarez, "lo ideal" es que se cumpla con esas sentencias antes de llevar a cabo la proposición de ley que promueve el Cabildo de Tenerife para prohibir en la zona afectada la actividad minera, ya que advierte de que "es ilegal" si se trata de una "una ley a medida que intenta ayudar al arenero condenado".

La Corporación insular pretende poner fin a las extracciones en los barrancos de Güímar y que "el ámbito pase a ser suelo rústico de protección territorial en tanto en cuanto se restaure", según informó en su momento el consejero de Política Territorial de la Institución tinerfeña, Miguel Ángel Pérez.

Carlos Álvarez, sin embargo, se muestra receloso y avisa de que "no se puede legislar sobre el contenido de una sentencia con la intención de eludir la ejecución de la misma", pues según sostiene primero "hay que restaurar para después poder modificarse la calificación territorial" de ese espacio.

Respecto a la posibilidad de rehabilitar el entorno en los términos establecidos en las resoluciones de la Audiencia, el letrado ve su ejecución "inviable" y por este motivo pone en duda que finalmente los tres condenados de manera firme hasta este momento no entren en prisión.

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