Sinpromi hará recortes para afrontar el desfalco detectado de casi 800.000 euros

La sociedad devolverá esa cuantía al Cabildo al no poder justificar la ejecución de servicios encomendados por la Corporación insular - La entidad pública realizará el reintegro en cuatro años

15.07.2016 | 04:10
El exdirector financiero de Sinpromi y antiguo presidente del Club Fútbol Sala Uruguay (i) y el presidente del Cabildo, cuando el equipo subió a Primera.

Una investigación que parte de 2014

  • El exdirector financiero de la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi) Andrés Hernández Pedreira fue detenido en octubre de 2014 después de que la empresa pública denunciara un presunto desfalco. Como responsable durante seis años de las finanzas de la entidad, pasó a disposición judicial. Durante su declaración, reconoció haberse apropiado del dinero y, de hecho, afirmó que le fue posible hacerlo sin ser descubierto "por la falta de profesionalidad de los auditores". El ahora investigado admitió haber sustraído grandes cantidades de las cuentas de la sociedad en beneficio propio y que, "aprovechando la confianza que le había depositado la empresa, y a pesar de no ser su función, recaudaba ingresos" que provenían de los aparcamientos públicos y la venta de bonos de guagua. De igual forma, confesó haber falsificado los cheques con la firma de Carmen Rosa García, antigua consejera delegada de Sinpromi, y aseguró que parte de las cuantías las ingresó en las cuentas del Club Fútbol Sala Uruguay, equipo que presidía y que llevó a Primera División, mientras que otra parte era usada "para ayudar a gente que lo necesitara". En la actualidad, según declaró en 2014, "no dispone de ninguna cantidad". Diversas fotografías que estaban colgadas en la red social Facebook mostraban algunas de las aficiones más ostentosas de Hernández Pedreira, como viajar a Nueva York y Las Vegas, alquilar una limusina, hospedarse en hoteles de cinco estrellas y sobrevolar el Gran Cañón en helicóptero. En algunas imágenes aparecía con jugadores del Uruguay, mientras que en otros casos correspondían a personas fuera de ese entorno. El Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife es el que lleva esta investigación y en mayo de 2015 sometió a Andrés Hernández Pedreira y a Carmen Rosa a las pertinentes pruebas caligráficas para indagar en esa supuesta falsificación de cheques. Si hasta ese momento el único investigado en esta causa era el exdirector financiero, exactamente por un presunto delito de malversación de fondos públicos y falsedad documental, a principios de este año también fue imputado, ahora investigado tras la reforma de la ley, el antiguo gerente de la empresa pública Víctor José García a petición del Ministerio Fiscal. LOT

La Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi) aplicará recortes para poder hacer frente al desfalco que detectó en 2014. Fue en ese año cuando el exdirector financiero de la entidad Andrés Hernández Pedreira fue detenido por esa presunta apropiación de fondos públicos y, aunque él mismo asumió los hechos, en la actualidad sigue siendo investigado junto al antiguo gerente Víctor José García. Si bien la investigación policial cifra la supuesta sustracción cometida en casi dos millones de euros, la auditoría encargada por la propia empresa contabiliza 795.115 euros, de ahí que coja esa cuantía para aplicar los planes de contención de gasto y medidas de ahorro con el fin de devolver ese dinero al Cabildo de Tenerife, administración de la que depende.

Sinpromi reconoce a través de una nota de prensa que "el montante global de la estafa" no está determinado de forma "exacta" y que el importe calculado mediante esa auditoría corresponde a la encomienda que le hizo la Corporación insular para la gestión de la planta de clasificación de envases ligeros del Complejo Ambiental de Arico y del programa Personas+Sostenibles. Como no se ha justificado la ejecución de esa cantidad, la entidad anuncia que debe reintegrársela a la Institución.

Ese reembolso se hará en cuatro años a razón de 198.778 euros por anualidad gracias a los planes de contención de gasto y medidas de ahorro llevadas a cabo por Sinpromi, que garantiza "el buen funcionamiento de esta sociedad y su compromiso con el cumplimiento de la misión que justificó su creación en 1993: la integración social y laboral de las personas con discapacidad".

La entidad culmina su nota con la determinación de que "seguirá empleando al máximo sus recursos para ganar en eficiencia y eficacia en su gestión, una misión de la que espera la colaboración de toda la Corporación insular". Aseguró, por último, que la Institución tinerfeña "ha liderado" la investigación por este presunto desfalco "desde el primer momento con la denuncia que hizo ante la Policía y ante las autoridades judiciales", pues es la "principal interesada en que esto se aclare".

Sinpromi envió este comunicado después de que el grupo Podemos en el Cabildo anunciara horas antes que la auditoría realizada fijaba en 795.115 euros el dinero sustraído. La consejera de la formación morada Mila Hormiga informó de que esa cuantía es "el agujero económico demostrable" que se ha ocasionado en la sociedad y advirtió de que esos "números rojos" tendrán que ser pagados "con fondos públicos haciendo recortes en programas y proyectos que desarrolla actualmente" la empresa.

La representante de Podemos especificó que el resultado de esta auditoría y el plan plurianual de reposición de esa cantidad fue debatido y aprobado durante el último Consejo de Administración de Sinpromi "en un punto llevado por urgencia fuera del orden del día, o sea, con absoluto sigilo, lo que dice mucho de la transparencia del Gobierno insular de CC-PSOE" [Coalición Canaria-Partido Socialista].

En relación al importe supuestamente desfalcado, explicó que en esa sesión se informó de que "es probable que la cantidad total de dinero malversado sea mucho mayor, pero que lo que se puede demostrar" son esos 795.115 euros procedentes de las encomiendas de gestión de la planta de clasificación de envases ligeros del Complejo Ambiental, del servicio de puntos limpios y del proyecto Personas+Sostenibles. Mila Hormiga añadió que los ingresos que faltan de los aparcamientos que gestiona la sociedad "no han sido calculados porque se sacaron de la caja, directamente en metálico y, según la empresa auditora, no hay forma de saber el total".

En concreto, esta auditoría le atribuye a Hernández Pedreira, solo o con más cómplices, la sustracción de 240.000 euros en el año 2011, de 278.094 euros en 2012, 120.627 euros en 2013 y de 156.231 euros en 2014, ejercicio en el que el citado exdirector financiero se autoinculpó del robo al saber que había sido descubierto el descuadre en las cuentas de esta sociedad pública. Para la reposición de ese agujero contable, la consejera de Podemos manifestó que Sinpromi recortará gastos por valor de 198.778 euros anuales, aunque apuntó que la formación morada no ha sido informada aún de cuáles serán los proyectos y servicios afectados.

Para este grupo en la oposición, "sigue siendo incomprensible que los dos investigados por esta apropiación de fondos públicos destinados a discapacidad estén campando a sus anchas, con libertad para salir y entrar de la Isla, así como para gastar el dinero que pudiera quedarles y que, según la investigación policial, el autor confeso del robo usó para disfrutar de viajes y caprichos de lujo, así como para financiar fichajes estrella del club de fútbol sala que presidía". Mila Hormiga incidió en que el Cabildo "se personó en esta causa después de que lo hiciera Podemos" y que "ni la Corporación insular ni Sinpromi han pedido siquiera prisión cautelar para los investigados por este escándalo". "Parece que están más interesados en pagar la deuda que en lograr la devolución del dinero sustraído, pedir responsabilidades y dar una lección de ejemplaridad", criticó.

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