Los Silos

La Audiencia rechaza reabrir la vía penal por la tragedia de Piedra de los Cochinos

La Sala desestima el recurso presentado por la madre de uno de los seis fallecidos - Afirma que los excursionistas actuaron "a propio riesgo" al entrar en la galería

12.07.2016 | 04:53
La Audiencia rechaza reabrir la vía penal por la tragedia de Piedra de los Cochinos
La Audiencia rechaza reabrir la vía penal por la tragedia de Piedra de los Cochinos

La Audiencia Provincial rechaza reabrir la causa penal por la tragedia ocurrida en la galería de Piedra de los Cochinos hace nueve años. Seis senderistas perdieron la vida en esa instalación de Los Silos al entrar en ella por error y la madre de una de las víctimas, Patrizia Tassotti, no ha parado de exigir responsabilidades desde entonces acompañada por uno de los amigos que tenía su hijo, Sergio Lourenso. El caso por esta vía fue sobreseído y ambos recabaron nueva documentación en marzo de 2015 con el objetivo de que se recuperara la investigación. Si bien el Juzgado de Instrucción Número 2 de Icod de los Vinos se negó en mayo de ese año e incluso dictó la prescripción de los hechos, ahora la Sección Segunda de la Audiencia confirma "íntegramente" esa resolución y rechaza el recurso presentado por la apelante.

En un auto del pasado día 1, el tribunal descarta uno a uno los argumentos de la madre de Mauritzio Paniello Tassotti y sus razonamientos se centran sobre todo en el hecho de que los excursionistas "actuaron a propio riesgo" por adentrarse en la galería al confundirla con un túnel de un canal.

La Sala determina que las actuaciones practicadas "no ponen de manifiesto" indicios de un delito de homicidio por imprudencia profesional en lo que se refiere al papel que jugaron las administraciones públicas y los propietarios de la instalación en este suceso y recuerda la conclusión del Juzgado de Instrucción de que las pruebas aportadas por la recurrente "no revelan o aportan hechos nuevos".

Según señala la Audiencia, la peligrosidad de esa zona del Parque Rural de Teno, donde se encuentra la galería, "era conocida de forma general" y "es sabido que existe un cierto número de galerías abandonadas que constituyen un peligro evidente al no encontrarse todas ellas convenientemente señalizadas y cerradas". Pero de esa circunstancia, afirma, "no cabe derivar una posición de garante de la administración que determine responsabilidad penal", ya que el tribunal indica que solo podría plantearse en caso de que las instituciones hubieran adoptado acciones que provocaran una situación de peligro o que dieran "confianza a los accidentados sobre la seguridad" del entorno.

La Sección Segunda menciona que el recorrido que hicieron las 29 personas en total no correspondía a un sendero "homologado" y alude al auto de sobreseimiento, que recoge que el acceso "se produjo a pesar de que los excursionistas no podían tener la seguridad de que se trataba del túnel que buscaban". "La entrada presentaba un aspecto ruinoso y abandonado y ninguna señal invitaba a confiar en su seguridad", al igual que pudieron "advertir la presencia de bisagras de una puerta que en su momento había cerrado el acceso", agrega.

La realidad es que en el momento de la tragedia la galería estaba abierta y los magistrados de la Sección Segunda admiten que "el error" de los senderistas "se habría evitado" si esta "hubiera estado cerrada", pero añade que su peligrosidad "era objetivamente reconocible hasta cierto punto". Para la Sala, es "evidente" que las víctimas "no fueron conscientes del riesgo de asfixia" debido a la falta de oxígeno a medida que se adentraban, pero "sí tenían que ser conscientes de que no transitaban por un camino que ofreciera garantías de seguridad". Que el paso subterráneo no estuviera clausurado, prosigue, "no permitía confiar en que se trataba de un camino transitable en condiciones de seguridad; por eso el error sufrido por los excursionistas no es imputable a la falta de señalización de la galería, sino a cierta confianza que estaba injustificada y que resultó fatal", avisa.

La Audiencia concluye en este aspecto que la obligatoriedad de los dueños de la galería "no se extiende a los supuestos en los que es un tercero el que desvía el peligro hacia sí mismo o lo introduce dentro de su propia esfera". Si bien indica que no cabe derivar responsabilidad penal de los titulares de la instalación, recuerda que eso no les quita responsabilidad administrativa -ya dictada- y responsabilidad civil.

En lo que se refiere a las administraciones públicas, la apelante señalaba al Gobierno canario, al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de Los Silos, pero de igual forma el tribunal descartó indicios de un homicidio por imprudencia profesional en este caso.

Incidió en las "dificultades iniciales" con las que se produjo el rescate de los supervivientes ya que ellos mismos no estaban en el lugar que creían y reprocha a la recurrente la acusación "extraordinariamente grave" que hace al considerar que los forenses que realizaron las autopsias de los fallecidos "faltaron a la verdad" en sus informes.

La Sección Segunda subraya que el "soporte probatorio es muy cuestionable" y resalta que las muertes y las lesiones que sufrieron varios de los senderistas son fruto de la entrada a la galería, "algo en lo que los servicios de rescate no tuvieron intervención alguna". Por este motivo, la responsabilidad que se les imputa en el recurso "derivaría únicamente de errores en la coordinación y de la falta de disponibilidad de medios", puntualiza.

Deja claro, de igual forma, que la administración "únicamente viene obligada a poner los servicios de emergencia, en la medida de que ello resulte posible", y pone en valor "la actuación heroica de algunos de los guardias civiles que llegaron a la entrada de la galería".

"No consta", además, que la administración competente para sancionar el incumplimiento del deber de cierre de la instalación "hubiera sido informada de la situación de la misma" y, de todas formas, la Sala sentencia que el hecho de tener esa competencia no la hace "garante de que no se produzcan resultados lesivos".

Aunque la Audiencia ha rechazado esta apelación, aún le queda por responder el recurso relacionado con la prescripción de los hechos dictada por el Juzgado de Instrucción. En caso de que ratifique este último auto, significaría el portazo definitivo al caso por la vía penal, por lo que no habría responsabilidades de este tipo ni para las administraciones ni para los propietarios de Piedra de los Cochinos.

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