El Gobierno impone 1,6 millones en multas por la extracción ilegal de áridos en Tenerife

La Agencia de Protección del Medio Natural ha cursado el cobro de casi todas las sanciones - Mantiene abiertos 203 expedientes desde principios de los años 90

10.07.2016 | 02:20
El Gobierno impone 1,6 millones en multas por la extracción ilegal de áridos en Tenerife
El Gobierno impone 1,6 millones en multas por la extracción ilegal de áridos en Tenerife

El mayor número de irregularidades, por los residuos

  • La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) abrió durante el pasado ejercicio 1.739 expedientes en Canarias. De todos ellos, la mayoría (828) fueron debidos a irregularidades que tienen que ver con los residuos. Le siguen las infracciones por actividades constructivos (502 casos), 311 por contravenir las leyes del territorio y de espacios naturales del Archipiélago, 48 por vertidos al mar, 34 contrarios a la Ley de Costas, siete por cuestiones de impacto ambiental, cinco más por contravenir la Ley de Envases, dos por extracción de áridos, uno por no cumplir la Ley de Prevención de la Contaminación, y uno más por ir en contra de la normativa con respecto a los parques zoológicos. Por islas, lideró la lista Gran Canaria, con 554 infracciones, por delante de Tenerife, con 546, Fuerteventura (213), La Palma (177), La Gomera (119), Lanzarote (110) y El Hierro, con 20 expedientes. Y. L.

La Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), dependiente del Gobierno de Canarias, ha impuesto en la Isla en poco más de cinco años sanciones por un valor total de 1,6 millones de euros por extracciones de material de forma ilegal. Desde 2010 hasta la actualidad, el consorcio administrativo cursó el cobro de la mayoría de estas multas que ya no tienen vuelta de hoja, pero aún le queda por determinar los más de 200 expedientes que mantiene abiertos desde 1992 hasta este mismo ejercicio relacionados con este ámbito.

La director ejecutiva de la Apmun, Ana María Batista, hace una diferencia clara entre los distintos tipos de procesos que se abren según la infracción cometida en relación con esta actividad. En total, existen cinco clases que además van acompañados de sus respectivas leyes, que determinan los parámetros a aplicar. Por un lado, están los quebrantamientos EA (que son las extracciones a secas), pero también están los IM (que tienen que ver con saltarse aspectos medioambientales), los IC (que no cumplen con la legislación de Costas), los IU (relacionados con el urbanismo) y los IA (con impacto medioambiental).

Todos ellos están relacionados con sacar material, ya sea árido o roca por ejemplo, y la Agencia contabiliza un total de 271 expedientes por los distintos tipos de infracción en esta materia. De lo recabado, mantiene 203 expedientes abiertos, 102 del periodo 1992-1998 y 101 de 1999 a este año. A ellos se suman los 68 resueltos, 11 en la primera etapa y 57 en la segunda.

Batista especifica que estos procesos "son bastantes largos" porque todo trámite administrativo "se complica desde el momento que dictas resoluciones". De hecho, advierte de que los 1.569.360,29 euros en sanciones impuestas son los casos en los que no hay "vuelta de hoja", pero hay otros en los que, aunque se ha determinada una multa, aún esta no es definitiva y por eso no se puede contabilizar.

La directora de la Apmun señala que llegar al Contencioso-Adminitrativo por este tipo de asuntos es algo que "suele ocurrir", a lo que se suma el hecho de que todo el trámite está "tasado" y tiene sus tiempos. Todo eso hace que se demoren las resoluciones hasta el punto de encontrarte "expedientes abiertos en 2000 y que aún hoy están en curso" porque además, en caso de que el actor de la infracción decida ir a la vía judicial, el problema es que "se para el expediente hasta que haya sentencia".

También establece una diferencia entre las medidas a adoptar. Por un lado, están los procesos que derivan en resoluciones definitivas sancionadoras y, por otro, los que implican un restablecimiento del medio perturbado. En los casos en los que la Agencia aplica una multa, Batista añade que la ley permite al infractor acogerse a una reducción del importe a pagar siempre y cuando restablezca el medio dañado, una posibilidad a la que se acoge "la mayoría de la gente".

En este sentido, de acuerdo a los datos aportados por la Apmun, el consorcio ha dictado 13 resoluciones definitivas relacionadas sobre todo con los quebrantamientos EA e IM desde 2010, cuando se creó el aplicativo informático para gestionar los expedientes. De la mayoría (10), ha cursado el cobro, mientras que en una de ellas se anuló el proceso administrativo en su totalidad por sentencia y en otra no consta en qué estado se encuentra. De igual forma, tres de estos casos se acogieron a una reducción de la sanción del 90% por restablecer el espacio dañado, por lo que aunque la Apmun haya determinado durante ese periodo multas por un total de 1,6 millones, la mayor de ellas por 274.121,62 euros, la realidad es que los infractores finalmente pagan menos dinero.

Batista explica que, una vez cursado el cobro, la Apmun queda fuera del proceso para la recaudación y resalta que "la finalidad" del consorcio "es que se restablezca el ámbito jurídico infringido". En el caso de Tenerife, señala que los movimientos de extracción "están prácticamente por el Sur" y, respecto a las denuncias de algunos colectivos sobre la supuesta proliferación de canteras ilegales como consecuencia de la construcción del puerto de Granadilla y que el 50% de los áridos usados en la Isla proceden también de canteras ilegales, la directora ejecutiva señala que no se ha realizado un análisis como para hacer esa aseveración, ya que además las obras del muelle empezaron antes de la entrada en funcionamiento del servicio informático. La responsable de la Agencia, que ejerce este cargo desde septiembre de 2015, añade no obstante que desde que hay abierto un expedientes es porque no existe "título habilitante" que permita realizar la actuación, aunque recuerda que "luego puede ser legalizable".

Respecto a las denuncias que llegan a la Apmun, "que no significan que sean constitutivas para abrir expediente", Batista agrega que es "algo vivo" que parten no solo del propio consorcio o de colaboradores, sino también de particulares, otras organizaciones, el Seprona y las policías locales.

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