El Gobierno da luz verde a la prohibición de extraer más áridos de los barrancos

El Ejecutivo canario apoya el debate en el Parlamento de la proposición de ley para proteger la zona y enviará su informe a la Mesa - El Cabildo espera que sea este mes

04.07.2016 | 02:00
Cantera ilegal de Güímar de la que se extrajo material durante años.
Cantera ilegal de Güímar de la que se extrajo material durante años.

El Gobierno de Canarias ha dado luz verde al debate de la proposición de ley impulsada por el Cabildo de Tenerife para proteger los barrancos de Güímar. El consejero insular de Política Territorial, Miguel Ángel Pérez, y el viceconsejero de Industria del Ejecutivo regional, Adrián Mendoza, mantuvieron el pasado viernes un encuentro para tratar este asunto y, tras la reunión, el representante de la primera institución anunció que la Comunidad Autónoma ya ha terminado un informe en el que no solo plasma su apoyo para discutir esa iniciativa en el Parlamento, sino además que en ese misma sesión se evalúe el planeamiento a llevar a cabo para reordenar el espacio y el proceso a seguir y cómo desarrollarlo para restaurar esta zona afectada por las extracciones ilegales de áridos.

Ahora, ese documento será elevado a la Mesa de la Cámara canaria para responder así a su petición después de haber presentado "dudas" sobre el tratamiento de la proposición, tal y como reconoció el consejero insular. Una vez recibida, será ella la que deba decidir si da su visto bueno para que sean los parlamentarios los que determinen la prohibición o no de la actividad minera en los barrancos de Güímar. Llegado ese momento, será el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, el que defienda la medida en la Cámara, ya que se trata de una proposición de ley que impulsó en 2014 con la finalidad de ordenar y restaurar ese espacio natural víctima de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente. De hecho, los cuatro areneros que obtuvieron áridos de forma ilegal en la zona durante años fueron condenados por este caso y están obligados a pagar la recuperación del entorno.

Para Miguel Ángel Pérez, "lo lógico" es que la Mesa del Parlamento canario acepte la celebración de ese debate de la proposición de ley ya que "el Gobierno y el Cabildo están de acuerdo" en que se produzca. Aunque admitió que la petición de ese informe al Ejecutivo regional "fue un tema procedimental de duda" que le surgió a ese órgano, este "no puede coartar el derecho de un cabildo de defender" una iniciativa de este tipo. Dejó claro que la Corporación insular no pide que se haga lo que quiere, sino que al menos tenga lugar esa discusión para que luego sea la Cámara la que decida qué hacer, "qué instrumento hay que usar y cómo se tiene que restaurar el ámbito".

El consejero insular de Política Territorial confía en que el Parlamento trate este asunto antes de que finalice este mismo mes y, de cumplirse, habrá pasado "un año exactamente" desde que su tramitación fue aprobada. Es un tiempo "más que razonable y suficiente para que se pueda debatir", resaltó el representante del área insular, quien insistió en que lo único que está pidiendo el Cabildo es que le dejen defender su idea.

Para llegar a este punto del proceso, de hecho, la Institución ha tenido que justificar todo lo que los órganos regionales le pidieron "y más". La Administración regional, precisamente, puso reparos en noviembre a la viabilidad de poner fin a la actividad minera ya que no tenía claro si esa prohibición podría pasar factura a las arcas autonómicas porque no existía un estudio económico de ese plan. Aunque manifestó que está a favor de "las mejoras ambientales y territoriales que persigue", solicitó al Cabildo esa información adicional y de ella se desprendió que "únicamente existe un extractor con título administrativo minero en vigor que pudiera resultar afectado", si bien advierte la Institución de que "carece de los restantes títulos administrativos y licencias necesarios para llevar a cabo las actividades".

La Institución tinerfeña tiene su propuesta clara. "Queremos que se prohíban las extracciones y que el ámbito pase a ser suelo rústico de protección territorial en tanto en cuanto se restaure", explicó Miguel Ángel Pérez, para posteriormente recordar que será la Cámara regional la que determine el modelo de restauración a llevar a cabo en la zona y que será el proyecto el que fije el plazo de ejecución. Eso sí, el consejero insular advirtió de que serán los condenados los que deban pagar la rehabilitación, tal y como fija la sentencia de la Audiencia Provincial.

En busca de solución

Para recuperar el entorno natural, el responsable de Política Territorial considera que es "inviable" rellenar los huecos que dejaron los empresarios en las canteras pese a que eso es lo que fija el dictamen del tribunal. En su opinión, no hay de dónde sacar los 20 millones de metros cúbicos que harían falta, así que ante esta situación el Cabildo aboga por restaurar, lo que implicará un coste que dependerá de lo que las administraciones quieran hacer.

Esa recuperación del ámbito, según defendió, sería "a base de bajar y subir cotas de nivel" mediante el desmonte con el material que hay en la propia zona. De esta forma, Miguel Ángel Pérez indicó que "modificas el aspecto geológico del área" y, en caso de que haya viviendas que se vean dañadas por estos trabajos, "habrá que estudiar la viabilidad para que no se vean afectadas". La cuestión, sin embargo, es que aún "no existe proyecto, y es lo que pedimos al Gobierno y al Parlamento para ver cuál es el más claro, porque lo que está claro es que hay q restaurarlo y es un delito ecológico", subrayó el consejero insular de Política Territorial.

En caso de que finalmente se aprueba la proposición, la Isla perdería uno de sus 12 ámbitos mineros, tal y como recoge el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT), de los que prácticamente en ninguno se saca material en la actualidad. El responsable del área, además, informa de que el Cabildo también estudiará prohibir las extracciones de áridos en El Riquel, en Icod de los Vinos, tal y como ha solicitado el Gobierno municipal. Respecto al mantenimiento de los ámbitos mineros, indicó que hay que hacer una revisión "profunda" del modelo para determinar si todos son necesarios. En su opinión, cree que sí ya que los considera adecuados "en cuanto a la dimensión" de estos puntos, aunque no en lo que se refiere "al uso porque la normativa es muy engorrosa". A estas áreas se suman las canteras tradicionales, que son las que autoriza el Gobierno canario de acuerdo al interés general. La idea, según adelantó Miguel Ángel Pérez, es que el PIOT regularice e identifique todo estos aspectos.

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