El Rosario

El fiscal pide la absolución del exalcalde por dar de baja a una familia en el padrón

El Ministerio Público descarta infracción penal al no ver acreditado que Benítez lo hiciera a sabiendas de su injusticia - El juez vio indicios para sentarlo en el banquillo

03.07.2016 | 00:57
El exalcalde Macario Benítez durante el juicio por el ´caso Varadero´, por lo que fue condenado.
El exalcalde Macario Benítez durante el juicio por el ´caso Varadero´, por lo que fue condenado.

En el año 2006, el exalcalde de El Rosario Macario Benítez dictó un decreto para causar baja en el padrón municipal de cinco miembros de una misma familia, dos de ellos los hermanos González Gil, los denunciantes del proyecto de urbanización de Montaña Carbonero. La propia Fiscalía Provincial relacionó en 2014 la actuación del antiguo regional para expulsarlos del registro con la resistencia de estos vecinos a perder su finca en esa zona agrícola por culpa de las intenciones de construir del antiguo regidor. El Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, de igual forma, determinó en febrero que había indicios suficientes de delito como para sentarlo en el banquillo por estos hechos pero ahora, sin embargo, el Ministerio Público ha cambiado de opinión y pide su absolución.

De acuerdo a su denuncia en 2014, la Fiscalía consideró que "el decreto fue dictado apartándose de los principios que inspiran el correcto ejercicio de la función pública" y advirtió de que entre el alta y la baja de los perjudicados transcurrieron "escasamente 47 días, amparándose para ello en una denuncia anónima y en un informe policial insuficiente a efectos probatorios y enormemente vago en su contenido para entender que esas personas no residían en El Rosario".

Ahora, por el contrario, el Ministerio Público ha remitido un escrito este mismo mes al Juzgado de Instrucción Número 4 en el que concluye que Macario Benítez inició el procedimiento para eliminar del padrón a esas cinco personas "sin que exista constancia de que, al hacerlo, el acusado conociera la existencia de irregularidades en los informes emitidos por la Policía Local sobre la no residencia de tales personas en el domicilio en que constaban empadronados".

El Ministerio Público prosigue que, con ese condicionante, el regidor de El Rosario durante 32 años "emitió el decreto conforme al cual se disponía, previo acuerdo favorable del Consejo Provincial de Empadronamiento, la baja en el padrón" de esas personas.

Ante esta consideración, el fiscal añade que los hechos "no son constitutivos de infracción penal al no constar acreditado el elemento intencional (a sabiendas de su injusticia". "Al no haber infracción penal", el organismo estatal "huelga la mención a la responsabilidad criminal y huelga, asimismo, la mención de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal". Por tanto, solicita al Juzgado que "se dicte sentencia absolutoria, sin imposición de consecuencias penales ni civiles", pero la realidad es que aún también debe pronunciarse la acusación particular, representada por el abogado Pedro Fernández Arcila y en nombre de la familia González Gil.

De esta parte dependerá que el también condenado Macario Benítez por otros dos delitos de prevaricación, por los que fue inhabilitado para ejercer empleo o cargo público durante un total de 12 años, se tenga que sentar o no en el banquillo de los acusados por este asunto, aunque aún no ha tomado una decisión.

El Juzgado, por su parte, sí vio indicios de delito de prevaricación administrativa en estos hechos como para que el exalcalde tuviera que someterse a la vista oral. En su escrito de febrero, en el que establecía un plazo de 10 días para que las partes personadas presentaran su escrito de acusación y pidieran la apertura de juicio, la Sala determina que el antiguo mandatario, "aprovechándose en ese momento de su cargo y a sabiendas de su injusticia", así como actuando por motivos distintos "a los que eran propios en la función pública", dio de baja en el padrón a esas cinco personas haciendo "caso omiso a los argumentos de los perjudicados". Para justificar su decisión, se amparó en una denuncia anónima y en un informe policial "absolutamente insuficiente a efectos probatorios y de contenido para entender que las personas afectadas no residían en el municipio, a pesar de residir en el mismo y estar localizables en él". En el auto recuerda que las víctimas "han manifestado que tenían profundas discrepancias por cuestiones urbanísticas al mostrarse contrarios a la formación de la junta de compensación en unos terrenos familiares que les querían expropiar y que se encontraban afectados por una unidad de actuación en la que también se encontraban otras fincas propiedad del investigado y que iban a ser objeto de recalificación".

Montaña Carbonero

La finca de los hermanos González Gil llevaron a los tribunales el proyecto de urbanización de Montaña Carbonero porque el proyecto de urbanización afectaba su finca. Ellos defendían el uso agrícola de la parcela, de unos 165.000 metros cuadrados, y advirtieron de que el exalcalde tenía "interés" en construir en la zona ya que el antiguo regidor también tenía terrenos allí. En 2013, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló la actuación y el Plan General de Ordenación de El Rosario, entre otros motivos, porque el proyecto de urbanización es "incompatible" con el Plan Insular de Ordenación de Tenerife y deteriora "significativamente" sus valores protegidos. Después de esta sentencia, llegaron otras del Tribunal Supremo que dieron carpetazo definitivo al planeamiento municipal.

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