Pieza separada del 'caso Arona'

La Audiencia absuelve al guardia civil acusado de tráfico de influencias

El tribunal no ve acreditado que el agente ejerciera poder sobre el exalcalde y un antiguo edil del PSOE para desbloquear licencias pese a intermediar entre las partes

01.07.2016 | 14:26
Declaración del exalcalde como testigo en esta pieza separada del ´caso Arona´.
Declaración del exalcalde como testigo en esta pieza separada del ´caso Arona´.

El guardia civil que medió entre políticos de Arona para desbloquear licencias urbanísticas en el municipio no cometió delito con ese comportamiento. Así lo determina la Audiencia Provincial en su sentencia, con la que absuelve a José Manuel Rodríguez después de que la Fiscalía lo acusara de tráfico de influencias. Con este fallo, ya son dos las piezas separadas del caso Arona a las que la Sección Sexta ha dado carpetazo, la primera de ellas condenando al exalcalde José Alberto González Reverón y al antiguo concejal de Urbanismo y Medio Ambiente Antonio Sosa y, ahora, declarando libre de responsabilidad penal al agente, aunque con la posibilidad de interponer recurso de casación.

El Ministerio Público solicitó para este procesado seis meses de prisión, inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y una multa de 30.000 euros al entender que el encartado actuó en interés de al menos un empresario e intentó influir en determinadas cargos públicos del Ayuntamiento sureño con el objetivo de lograr la aprobación de proyectos de obras, en los que se planteaba una problemática "semejante" a la que estaba siendo objeto de investigación penal, el llamado caso Arona, visto para sentencia y relacionado con la supuesta concesión ilegal de unas 200 licencias y 80 contratos a través de una presunta trama para el cobro de mordidas.

De la instrucción de esta causa principal nacieron precisamente tres piezas separadas, las dos ya sentenciadas por la Audiencia y otra que irá a juicio en noviembre. La última que resolvió la Sección Sexta fue la del guardia civil, 21 días después de que terminara la vista oral celebrada en el pasado mes de mayo. En este caso, tal y como recoge la sentencia, los magistrados descartan un delito de tráfico de influencias y absuelven al excabo porque consideran que no ha quedado "determinado" que el acusado tuviera una posición de superioridad o prevalencia, ni sobre el exalcalde González Reverón ni sobre el antiguo edil en la oposición Francisco García Santamaría, que pudiera de alguna forma ejercer presión o instigación susceptible de condicionar sus decisiones.

La Sala ve probado que el agente mantenía relaciones de amistad con el empresario dedicado a la construcción Pedro Suárez y que conocía "personalmente" a diversos concejales del Ayuntamiento en 2008, cuando tuvieron lugar los hechos investigados, pero agrega que los contactos telefónicos y las reuniones que mantuvo con ellos tenían como finalidad "conseguir un consenso mínimo en materia de concesión de licencias de obras", ya que a raíz de la denuncia que presentó García Santamaría y su grupo socialista, que posteriormente desembocó en el caso Arona, la concesión de autorizaciones de obras "se encontraba prácticamente paralizada" en el Ayuntamiento sureño.

"Movido por este objetivo", ayudar a poner fin a ese estancamiento, el procesado participó sobre todo en reuniones con políticos, aunque también tuvo lugar un encuentro en el que estuvo el empresario Pedro Suárez. Uno de los temas que se hablaron, prosigue el tribunal, fue "la situación de tensión" que había entre la formación en la oposición y el Ejecutivo municipal y, en particular, de las "malas relaciones" entre el antiguo regidor nacionalista y García Santamaría.

Aunque la Fiscalía sostuvo que los encuentros y contactos realizados por el encartado son constitutivos de un delito de tráfico de influencias, la Audiencia sentencia que "no queda del todo claro cuál o cuáles son los funcionarios o autoridades influenciados", así como tampoco "queda determinado debidamente en el escrito de conclusiones" del Ministerio Público "cuál sería la situación de ascendencia o influjo del acusado sobre ellos".

Respecto a si el investigado actuaba en interés de al menos un empresario y que su objetivo era lograr la aprobación por consenso de una serie de proyectos de obra, la Sala recuerda que el guardia civil no formaba parte de la Junta de Gobierno local, órgano encargado de conceder las licencias. Por otro lado, manifiesta que "nada quedó probado" sobre si el constructor amigo del encausado tenía pendiente alguna autorización por resolver en el Ayuntamiento en ese momento. De hecho, alude a que Pedro Suárez "negó" que fuera así y a que los testigos citados se refirieron a los encuentros como simples cambios de impresiones.

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