La fiscal mantiene la pena de nueve años de prisión para los tres acusados

El Ministerio pide las mayores condenas para el exalcalde y el secretario - Dos testigos dicen que la realidad transformó el suelo rústico

25.06.2016 | 13:32
Uno de los momentos del juicio por el ´caso El Trompo´.

Después del paso de una veintena de testigos y peritos por la Sala de Vistas Número 5 del Palacio de Justicia de La Laguna, la Fiscalía Provincial decidió ayer mantener firme su petición de cárcel e inhabilitación para los tres acusados por el caso El Trompo. El Ministerio Público, representado por María Isabel Silva, solicita para el promotor del centro comercial de La Orotava, Ambrosio Jiménez, dos años de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio, mientras que las mayores condenas recaen en el exalcalde Isaac Valencia y el secretario municipal, Juan Carlos de Tomás, con tres años y medio de reclusión y 10 de suspensión para ejercer cargo o empleo público para cada uno de ellos por este mismo delito y prevaricación administrativa. Aparte, reclama la demolición de parte del inmueble a cargo de los encartados y la imposición de las correspondientes multas.

De este modo, la fiscal elevó a definitivas las conclusiones de su escrito de acusación, al que se adhirió la acusación popular, de la mano del abogado Pedro Fernández Arcila, y en contra del punto de vista de los tres letrados de la defensa, que demandan la libre absolución de los procesados.

La cuestión de este caso radica en si el centro comercial de El Trompo fue construido sin licencia, sobre un suelo calificado como rústico potencialmente productivo de acuerdo al Plan General de Ordenación (PGO) de 1990 y, además, sobrepasando la superficie permitida una vez que entró en vigor el planeamiento posterior, en 2004. Si a lo largo de las sesiones del juicio han sido más los testigos y peritos los que han avalado esta línea, la parte defensora se vio apoyada ayer por sus peritos: Luciano Parejo, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III de Madrid pagado por el Ayuntamiento para que emitiera informe sobre la legalización del centro comercial, y José Ángel Domínguez Anadón, arquitecto urbanístico que realizó otros dos informes que chocan con los realizados por el perito judicial que concluyó que el centro comercial se excede en 2.137 metros cuadrados de la superficie autorizada.

La más llamativa fue la declaración de Domínguez Anadón. Si en un primer momento respaldó los argumentos manejados sobre todo por el secretario procesado al afirmar que el suelo donde se asienta el edificio, que conforme al PGO de 1990 era "rústico", fue "transformado" debido a la cooperación interadministrativa entre el Ayuntamiento y el Gobierno canario, posteriormente reveló que hubo un "incumplimiento de tiempos", pero "no en el espíritu de a dónde tiene que ir" esa parcela. "Hay una irregularidad en el tiempo que es subsanada con el PGO" de 2004, señaló el arquitecto que, a pregunta de la fiscal, también ratificó que el inmueble "empezó a construirse en zona verde del Sector-10", ocupando "720 metros de ese Plan Parcial".

Momentos antes, sin embargo, Domínguez Anadón cuestionó el informe del perito judicial que recoge más de 2.000 metros cuadrados de exceso al aseverar que los criterios usados por ese experto para hacer las mediciones "no están correctamente aplicados". De acuerdo a los cálculos del arquitecto, hay "2.687,88 metros cuadrados a deducir", por lo que considera que el promotor no sobrepasó la superficie autorizada, sino que según su criterio existe incluso "un sobrante de edificabilidad".

Por su parte, Luciano Parejo también reconoció que la clasificación "formal" del suelo de El Trompo era rústico de acuerdo al PGO de 1990 pero, en la misma línea que su compañero, manifestó que el terreno "no es estático" y que fue "transformado por la realidad y la puesta en marcha de servicios y construcción de viales". Para avalar su tesis, indicó que existe jurisprudencia al respecto y, aunque dijo que la ejecución de carreteras "no condiciona" la posibilidad de hacer centros comerciales, insistió en que el "impacto sectorial se impone al planeamiento" y aseveró que se podía dar la licencia de obra mayor "y después modificar el planeamiento" porque, según su opinión, ese suelo era "urbano consolidado".

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