'Caso El Trompo'

Los acusados rechazan asumir su culpa y alegan que ha prescrito uno de los delitos

El juez descarta la nulidad de las actuaciones pedida por los letrados del exalcalde Isaac Valencia, el empresario Ambrosio Jiménez y el secretario del Ayuntamiento

17.06.2016 | 10:34
Los acusados rechazan asumir su culpa y alegan que ha prescrito uno de los delitos

Las negociaciones entre las partes han caído en saco roto. Aunque los tres procesados por el caso El Trompo y las acusaciones pública y popular estudiaron en su momento un posible acuerdo a través del que los investigados se libraban de la cárcel pero debían asumir su culpabilidad, finalmente estos últimos han decidido someterse al juicio. Arrancó ayer en la Sala de Vistas Número 5 del Palacio de Justicia de La Laguna y, en esa primera sesión, sus abogados defendieron que uno de los presuntos delitos que cometieron ha prescrito. Así, el exalcalde de La Orotava Isaac Valencia, el empresario Ambrosio Jiménez y el secretario del Ayuntamiento, Juan Carlos de Tomás, estrenaron el banquillo como encartados en este caso, relacionado con la construcción del centro comercial por parte del promotor supuestamente sin licencia y sobre un suelo calificado como rústico potencialmente productivo en el Plan General del momento.

Los hechos fueron denunciados en 2002 por el grupo municipal de IpO-Los Verdes y la Fiscalía Provincial solicita tanto para el antiguo regidor de Coalición Canaria como para el secretario municipal tres años y medio de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer empleo o cargo público por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. En el caso de Ambrosio Jiménez, el Ministerio Público pide dos años de cárcel, además de defender la demolición de parte del inmueble a a cargo de los tres acusados.

El acuerdo que se negoció pasaba precisamente por rebajar las penas de prisión a menos de dos años para que así los investigados, al no tener antecedentes penales, se libraran de las rejas, a que estos asumieran su culpabilidad y a que se derribaran 2.700 metros cuadrados del edificio, pero al final las partes no cerraron ese pacto y consecuentemente los procesados deben someterse al juicio y declarar previsiblemente el próximo lunes en calidad de acusados. Más cuando ayer el juez que lleva la causa rechazó la petición de las defensas de anular las actuaciones realizadas en la instrucción, mientras que dejó por resolver si el delito contra la ordenación del territorio que supuestamente cometieron ha prescrito o no y aceptó las pruebas documentales aportadas por el letrado del secretario municipal.

Han pasado 14 años desde la denuncia que presentó IpO-Los Verdes, ahora acusación popular, y por ese motivo también se pusieron sobre la mesa las posibles dilaciones indebidas que se han podido dar en el caso. Aparte, respecto a cada uno de los acusados, la abogada de Ambrosio Jiménez pidió al juez que permita que su cliente no declare el próximo lunes por cuestiones de salud. El letrado del secretario, por su parte, puso en entredicho el traslado que se hizo de las actuaciones durante la investigación y aludió a la supuesta indefensión que ha provocado a Juan Carlos de Tomás.

En último lugar, Esteban Sola, que se encarga de defender al exalcalde, habló de recurrir a una instancia superior para intentar expulsar del proceso a la acusación popular porque asegura que presentó el escrito para la apertura de juicio fuera de plazo.

El letrado de IpO-Los Verdes, Pedro Fernández Arcila, defendió lo contrario y recordó que lo que hizo fue adherirse al escrito de la Fiscalía. Tanto él como el Ministerio Público, en este caso representado por María Isabel Silva, coincidieron a la hora de afirmar que el centro comercial de El Trompo está fuera del Plan Parcial Las Arenas Sector-10, una unidad de actuación que ya fue enjuiciada por un asunto que, según especificó el órgano estatal, nada tiene que ver con ese edificio.

Silva, además, añadió en cuanto a la posible prescripción del delito contra la ordenación del territorio que lo que hay que comprobar "fehacientemente" es cuándo se acabó exactamente la construcción, aunque dejó claro que a ella le consta que fue en 2004 y que, entonces, "no está prescrito" porque las declaraciones a los ahora procesados tuvieron lugar dos años después, en 2006.

La sorpresa, sin duda, fue la personación a última hora de la empresa Automáticos Canarias como acusación particular, ya que tiene un bingo en El Trompo que podría ser demolido a consecuencia de la posible sentencia condenatoria. Aunque la abogada dijo que por el momento no se iba a adherir al escrito del Ministerio, la fiscal le recordó que para tener presencia en el juicio es necesario que lo haga.

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