Garachico

Condenado el exalcalde por pagar con dinero del geriátrico una sentencia

Miranda asume su culpabilidad y acepta una pena de un año de cárcel, tres de inhabilitación para la actividad pública y el reintegro de los 6.306 euros al asilo

08.06.2016 | 13:43
Condenado el exalcalde por pagar con dinero del geriátrico una sentencia
Ramón Miranda.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial condenó ayer al exalcalde de Garachico Ramón Miranda por cometer dos delitos, uno de prevaricación administrativa y otro de malversación de caudales públicos. El tribunal dictó este fallo in voce después de que el antiguo regidor de Coalición Canaria asumiera su culpabilidad y las partes personadas llegaran a un acuerdo de conformidad, que pasa por imponerle la pena de 12 meses de prisión, tres años y un día de inhabilitación para ejercer cualquier actividad pública y la obligación de devolver al Hospital-Residencia de Ancianos Nuestra Señora de La Concepción los 6.306,19 euros que sustrajo cuando era mandatario para pagar una resolución judicial que le castigaba por vulnerar el derecho al honor del empresario tinerfeño Luis López de Ayala.

Estos últimos hechos se remontan a 2007, cuando el Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Santa Cruz de Tenerife condenó a Ramón Miranda a poner 4.410 euros más las costas procesales por la intromisión ilegítima al derecho al honor del empresario debido a unas declaraciones que hizo en un periódico local. Tal y como recordó la Sala ayer, ese dictamen fue ratificado por la Audiencia, que añadió además las costas del recurso de apelación y los intereses devengados hasta el punto de que la cuantía que debía abonar el acusado por este caso alcanzó los 6.306,19 euros.

La sentencia emitida ahora determina que el procesado, "prescindiendo de los principios que deben regir la correcta y diligente administración del erario público, así como el correcto ejercicio de la función pública", aprovechó su condición de presidente del Organismo Autónomo Hospital-Residencia de Ancianos Nuestra Señora de La Concepción –cargo que ostentaba en su condición de alcalde de Garachico– para sustraer del asilo de ancianos el dinero que le hacía falta para cumplir el fallo. Como la residencia tiene la naturaleza jurídica de "fundación pública sometida al patronazgo del Ayuntamiento", la Sala indica que el condenado "acordó en la Junta de Gobierno del organismo autónomo, celebrada en noviembre de 2009, que los gastos mencionados [los más de 6.000 euros que debía pagar por vulnerar el derecho al honor] fueran satisfechos con cargo a los fondos de la institución".

Los magistrados añaden que Ramón Miranda era "plenamente consciente" de que la condena que le fue impuesta por la intromisión ilegítima al honor tenía "naturaleza personal" y que aún así destinó dinero de la residencia "para cumplir una sentencia que nada tenía que ver con su condición de alcalde-presidente", lo que generó, "por tanto, un perjuicio al erario público de 6.306,19 euros".

La Sección Segunda de la Audiencia resolvió que estos hechos constituyen delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, pero añadió que en este caso concurre el atenuante de dilaciones indebidas. Por todo ello, el tribunal procedió a imponer a raíz del acuerdo entre las partes [el fiscal Jaime Serrano-Jover, la acusación particular y la defensa) la pena de un año de prisión, aunque como el antiguo mandatario no tiene antecedentes se libra de la cárcel.

Ramón Miranda, sin embargo, no podrá ejercer ningún empleo o cargo público que implique la administración y gestión de caudales públicos por tres años y un día (hasta 2019, cuando volverán a celebrarse elecciones municipales) y además tendrá que indemnizar al geriátrico con el mismo dinero que le sustrajo en su momento. La Audiencia acuerda la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta por un periodo de dos años, pero siempre y cuando el regidor de Garachico durante 16 años (de 1995 a 2011) y también director general de Deportes del Gobierno de Canarias entre 2012 y 2015 realice ese pago y no incurra en la comisión de otro delito.

Esos fueron los términos del pacto al que llegaron el letrado del procesado, el fiscal Jaime Serrano-Jover y la acusación particular a través del que el propio encartado ha tenido que reconocer su culpabilidad, de ahí que la sentencia pase a ser firme sin posibilidad de recurso. Aunque en un principio el representante del Ministerio Público pidió cuatro años de prisión para el exregidor, ayer recordó que la pena máxima que podía caerle de acuerdo a la última reforma judicial era de dos, si bien finalmente ha quedado en 12 meses de cárcel tras alcanzarse ese acuerdo de conformidad.

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