Santa Cruz

El Estado impide que la capital gaste 40 millones en inversiones para la ciudad

Bermúdez espera que Madrid desbloquee los ahorros chicharreros para invertirlos en Valleseco o Las Teresitas

06.06.2016 | 12:17
La playa de la localidad santacrucera de Valleseco.

El Ayuntamiento de Santa Cruz liquidó el pasado ejercicio 2015 con un remanente de 26 millones de euros, una cantidad a la que, si se le suman los dineros ahorrados en años anteriores, asciende a más de 40 millones de euros. Sin embargo, el Consistorio chicharrero no puede dedicar estos fondos a obras que mejoren la ciudad y la calidad de vida de los santacruceros debido a la Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Esta normativa impone a todos los ayuntamientos españoles un tope de gasto que les impide gastar por encima de un porcentaje que se calcula, cada año, en función de lo que se estima que crecerá el PIB del país, es la conocida como regla de gasto.

Tras años de control del gasto, el Consistorio chicharrero, al igual que muchas otras corporaciones locales, tiene superávit en sus cuentas pero no lo puede invertir en proyectos. "Esta medida puede estar bien para ayuntamientos que no estén saneados pero, en el caso de Santa Cruz, nos genera problemas", aseguró ayer el concejal de Hacienda, el nacionalista Juan José Martínez, quien añadió que "el no poder hacer uso de ese dinero implica que no podamos invertir en la ciudad, cuando podemos hacerlo sin comprometer la estabilidad de las arcas municipales".

El superávit no es el único dato positivo que maneja el área de Hacienda, pues también el nivel de deuda chicharrero está muy alejado del 75% que marca la ley, en concreto, se sitúa en torno al 40%. "Estos datos positivos nos indican que esos 40 millones que hemos ahorrado, los podríamos dedicar a inversiones sin necesidad de incurrir en déficit", comentó Martínez.

Para tratar de convencer a Madrid para que desbloquee y autorice a los municipios gastar los dineros que tienen ahorrados, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se ha dirigido al Ministerio de Hacienda para intentar negociar con el ministro Montoro e introducir cambios que permitan invertir dichos fondos. "Estamos hablando de que esta situación afecta a municipios de todos los colores políticos", insistió el edil de Hacienda.

En el caso de que se lograra llegar a un acuerdo que permitiera a los municipios contar con una autorización estatal para gastarse los ahorros, el alcalde de Santa Cruz, el también nacionalista José Manuel Bermúdez, ya cuenta con una batería de proyectos a ejecutar.
"Con esos 40 millones de remanente podríamos acometer muchos proyectos que son importantes para Santa Cruz", afirmó el primer edil de la capital tinerfeña, quien agregó que entre dichos proyectos prioritarios figuran la futura playa de Valleseco –el Consistorio tiene previsto asumir una parte de la obra–, el futuro paseo de la playa de Las Teresitas o la ejecución del Plan de Barrios, cuyos proyectos de obra se están redactando.

No obstante, Bermúdez explica que no solo invertiría esos dineros en obras, pues también aprovecharía parte de dichos fondos para "mejorar las prestaciones del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y, en general, para mejorar los distintos servicios públicos que le damos a los vecinos".

"De las pocas ventajas que tienen esos fondos es que mejora la liquidez del Ayuntamiento, por lo que hemos podido reducir aún más el periodo medio de pago a proveedores", aseveró Juan José Martínez para apuntar que, en estos momentos, los proveedores municipales están cobrando en un plazo de 39 días.

Pese a que los fondos que el Consistorio chicharrero ha conseguido ahorrar en estos años y a que tiene sus cuentas saneadas, lo cierto es que Santa Cruz incumplió el pasado año la regla de gasto, es decir, gastó más de lo que le había marcado el Gobierno central. El motivo por el que sobrepasó dicha directriz se debió tanto a que tuvo que afrontar el abono del 50% de las pagas extra de los funcionarios y a una resolución judicial que le dio la razón a los trabajadores sobre las primas que estos perciben cuando se jubilan.

Dicho incumplimiento que, según precisó el concejal de Hacienda no implica que se le vaya a poner sanción alguna al Consistorio chicharrero, ha obligado a elaborar un Plan Económico-Financiero. "Lo que nos obliga a destinar parte de los fondos, unos 6 millones de euros, a liquidar deuda financiera, una medida que no tiene mucho sentido porque los tipos de interés están muy bajos", concluyó el edil.

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