El retraso del convenio de dependencia obliga al Cabildo a adelantar 24 millones

La demora lleva a la Corporación a poner casi ocho millones que corresponden al Gobierno canario, pero esa cifra subiría si el documento no se firma este mes

03.06.2016 | 02:00

El retraso de la firma del convenio de dependencia entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife ha obligado a la Corporación insular a adelantar casi 24 millones de euros, unos fondos que ha tenido que poner la Institución para poder pagar desde enero las plazas de atención ante la demora que ha sufrido el documento. Así lo pone de manifiesto la directora del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), Juana María Reyes, quien, no obstante, se muestra tranquila ante las previsiones existentes.

Según informa, la intención es que ambas administraciones rubriquen este mes el acuerdo de cofinanciación con cargo a este año, un semestre después de lo debido, y es por eso que recuerda que desde comienzos de ejercicio hasta que llegue ese momento es el Cabildo el que se hace cargo de sufragar las cuantías necesarias para mantener el servicio. De acuerdo a las estimaciones, eso implica que la Corporación insular haya tenido que avanzar el "50% de los fondos" necesarios para costear la actividad, es decir, la mitad de los casi 48 millones de euros de inversión que tanto la Comunidad Autónoma como la Institución han presupuestado para este acuerdo.

Ese retraso en la firma del documento ha implicado, por tanto, que el Cabildo adelante unos 24 millones, pero esa situación no alarma a Juana María Reyes porque no solo destaca que hay una previsión inminente para su rúbrica, sino porque además el acuerdo tiene "carácter retroactivo", así que la Administración tinerfeña recuperará el dinero que tuvo que adelantar.

La primera persona en dar la voz de alarma por esa demora fue la consejera insular de Acción Social, Cristina Valido, ya que esa tardanza, según dijo en su momento, pone en riesgo el servicio porque implica que las cuantías que corresponden abonar al Gobierno de Canarias no llegan y, aunque el Cabildo puede adelantar su parte del dinero, esto es hasta cierto punto porque la financiación "se acaba".
El presidente de la Corporación insular, el nacionalista Carlos Alonso, se sumó a las críticas de su compañera de partido y culpó de forma directa a la vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales del Ejecutivo regional, la socialista Patricia Hernández. Según denunció en abril, la Institución tinerfeña remitió la documentación pertinente desde el 21 de enero y, en estos momentos, aún no había fecha para la firma. "No admitimos más demoras y dilaciones", dijo el mandatario para posteriormente exigir a Patricia Hernández que deje el "sectarismo" y "se remangue" para aprobar el acuerdo cuanto antes. Por su parte, Hernández indicó que esas dilaciones se han debido a las modificaciones que el propio Cabildo pidió y recordó que convenios anteriores tampoco se firmaban desde enero.

Fue en la sesión del pasado 24 de mayo cuando el Consejo de Gobierno de la Institución tinerfeña aprobó el documento, dotado con una inversión de casi 48 millones de euros, unos seis millones más que el de 2015. De acuerdo a los datos aportados por Carlos Alonso, la Comunidad Autónoma hará frente a 31 millones, mientras que a la Corporación insular le tocan algo más de 16. De estas cifras se desprende que esta última administración ha tenido que poner casi ocho millones de más si se tiene en cuenta que ha sufragado el servicio entre enero y, previsiblemente, este mes, aunque esos fondos podrían subir si finalmente no se cumplen con los plazos previstos.

Juana María Reyes resalta que el Cabildo "está en disposición" de rubricar el convenio desde que la Comunidad Autónoma lo desee y puso en valor el esfuerzo inversor que lleva aparejado. Aparte de subrayar que el presupuesto crece en seis millones para este ejercicio, fruto de la reconversión y el aumento de plazas, también destaca que el precio para cada una de ellas se incrementa en más de un euro, lo que significa "que se ha mejorado la financiación para la atención de la discapacidad".

El nuevo convenio beneficiará a un total de 3.746 personas (1.716 mayores y 2.030 personas con discapacidad) e incorpora 400 plazas. De ellas, 152 son nuevas, 99 municipales que se incorporan al documento y 149 corresponden a reconversión de subvenciones que daba el Gobierno canario a diferentes centros.

Respecto al segundo plan de infraestructuras sociosanitarias, Juana María Reyes informa de que todavía no existe ningún tipo de acuerdo cerrado con el Ejecutivo regional para que ayude a costear nuevos servicios, pero indica que hay un compromiso para trabajar en ese documento.

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