Santa Cruz

La juez abre el juicio del 'caso Siliuto' y reclama 289.000 euros a Urbanismo

Tras cinco años de instrucción, el Juzgado imputa por la compra del histórico inmueble de El Toscal a los exconcejales nacionalistas Manuel Parejo y Norberto Plasencia, y al funcionario Víctor Reyes

02.06.2016 | 12:25
Casa Siliuto, situada en la calle San Antonio, en El Toscal.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, María de los Ángeles Zabala, ha dictado, tras cinco años de investigación, la apertura del juicio oral para el caso Siliuto, al considerar que "los hechos objeto de este procedimiento revisten las características de delito" y atendiendo así a la petición de la Fiscalía y de la acusación popular de Izquierda Unida para que se celebrara el juicio. La causa investiga la compra en 2003 por parte del Ayuntamiento de la capital de la también conocida como Casa Lázaro, situada en El Toscal, por un precio "muy superior" a la valoración realizada por los técnicos municipales.

Según el auto de la juez, notificado el martes y al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, tendrán que sentarse en el banquillo de los acusados los exconcejales nacionalistas Norberto Plasencia y Manuel Parejo y el funcionario Víctor Reyes, a los que se les imputan delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Para el resto de las personas que estaban siendo investigadas, y entre las que se encontraba el actual concejal de Servicios Públicos, el nacionalista Dámaso Arteaga, se ha acordado el sobreseimiento provisional. Por lo tanto, y además de Arteaga, se libran de este procedimiento los exediles de CC Basilio Franco y Juan Antonio Rodríguez; la exconcejal del PP María José Gutiérrez; el exedil del PSOE José Luis de Martín, y el exconcejal del CCN David Sáenz.

En cuanto a las responsabilidades pecuniarias, el Juzgado requiere a los acusados Norberto Plasencia y Víctor Reyes que aporten "conjunta y solidariamente" 200.000 euros, y a Manuel Parejo, 14.000 euros, "a fin de que, en el plazo de 24 horas, presten fianza por dichos importes para asegurar las responsabilidades de tal naturaleza que pudieran serle impuestas, con apercibimiento de que, en caso de no verificarlo, se procederá al embargo de sus bienes en cantidad bastante a cubrir dicha suma".

Asimismo, el Juzgado exige a la Gerencia Municipal de Urbanismo, como responsable civil, que aporte la cantidad de 289.000 euros, advirtiendo también al organismo del Consistorio chicharrero que si no entrega la fianza en 24 horas, se procederá al embargo de sus bienes. Lo curioso del caso es que no fueron ni la Fiscalía ni la acusación popular los que solicitaron que se considerara a la Gerencia Municipal de Urbanismo responsable civil de lo ocurrido, sino el propio Ayuntamiento de Santa Cruz.

Para el exconcejal nacionalista Norberto Plasencia, que ya ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel por la construcción del edificio de aparcamientos de la playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto, la Fiscalía pide en este caso 10 años de prisión. Para Manuel Parejo, también condenado a tres años de cárcel por el caso mamotreto, la acusación popular solicita ocho años de prisión, aunque la Fiscalía pidió el sobreseimiento. Sin embargo, y finalmente, la juez ha mantenido su imputación. Para el funcionario Víctor Reyes, que aparece como investigado en varios procedimientos judiciales abiertos en Santa Cruz, la Fiscalía exige siete años de cárcel. Ahora solo queda conocer la fecha en la que se celebrará el juicio, cuya apertura ya ha sido declarada por el Juzgado.

En julio de 1998, y según se explica en el escrito de la Fiscalía, Carmen Rosa Siliuto y Francisco Alonso Siliuto, propietarios de la Casa Lázaro, situada en la calle San Antonio y en la que se ejecutan obras en la actualidad para convertirla en la Casa de la Juventud del municipio, presentaron una carta al Consistorio proponiendo la venta de dicho inmueble porque sabían que este se vería afectado por el Plan Especial de El Toscal. El Ayuntamiento se opuso desde un primer momento a tal propuesta porque existía la posibilidad de obtenerlo a través de la cesión gratuita y obligatoria. Sin embargo, en 2002, el entonces consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo, Norberto Plasencia, decidió dar el visto bueno a la compra.

Los propietarios de la Casa Siliuto presentaron una oferta de venta por 612.777 euros con un informe de tasación correspondiente al año 1999, que además carecía de visado y que no recogía en ningún caso las limitaciones al aprovechamiento urbanístico que afectaban al inmueble y cuya existencia era conocida tanto por los propietarios como por el Ayuntamiento. Norberto Plasencia, "en su intención decidida de adquirir la casa aunque ello generara un grave perjuicio al erario público" y de mutuo acuerdo con Víctor Reyes, entonces secretario delegado de Urbanismo, aceptaron la oferta de los dueños del inmueble, "prescindiendo, sin causa para ello, de la tasación realizada por técnicos municipales, de 332.469 euros".

El 3 de febrero de 2003 se firmó la operación por 280.281 euros más de lo tasado por los técnicos municipales, con el visto bueno del Consejo de Administración de Urbanismo. Asimismo, se decidió en ese momento, "de manera arbitraria y en sentido contrario al contenido del acuerdo del Consejo de Administración", que el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de 10.946 euros, también fuese asumido por el Ayuntamiento.

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