Santa Cruz

La Justicia anula el expediente municipal de derribo del gimnasio del colegio La Salle

La sentencia señala que la reposición del espacio previo a las obras debió acordarla Urbanismo en el expediente sancionador y no en una resolución independiente, por lo que está fuera de la legalidad

01.06.2016 | 14:25
Fachada de la ampliación del colegio La Salle.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón a los Hermanos de las Escuelas Cristianas que gestionan el colegio La Salle, en una sentencia favorable por la que se impugna el expediente de resolución del 25 de noviembre de 2013 de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital tinerfeña con el que se acordaba la demolición de la ampliación de dicho centro escolar que había ejecutado unas obras para construir un centro deportivo, social y de servicios. La resolución municipal pretendía que se restaura la realidad física alterada, ya que el citado departamento municipal entendía que las obras de ampliación realizadas en dicho colegio no se ajustaban al amparo de la licencia de edificación otorgada por el Consistorio el 3 de agosto de 2007.

La magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que estimó el recurso interpuesto por los Hermanos de las Escuelas Cristianas, ha declarado que el acto administrativo no se ajusta a derecho y anula la citada resolución adoptada por el consejero director de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de 25 de noviembre de 2013, según una sentencia a la que ha tenido acceso la opinión de tenerife.

En dicho fallo judicial, contra el que cabe recurso de apelación, se condena también a la Corporación local al pago de las costas procesales.
El recurso presentado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas interesaba la impugnación de la resolución del 25 de noviembre de 2013 al entender que existía una "infracción de los artículos 177 y 179 del Real Decreto Legislativo 1/2000, al dictarse prescindiendo de los procedimientos establecidos en materia sancionadora". El segundo motivo esgrimido por la parte demandante traía a colación la "caducidad del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística incoado en el dispositivo segundo de la resolución del 12 de enero de 2012". En tercer lugar, la representación letrada de los gestores del colegio sostenía la "no observancia de la Revisión del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife y el acuerdo de aprobación definitiva parcial adoptado por la Cotmac, de 30 de julio de 2013.

Respecto a la infracción de los artículos 177 y 179 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias, la magistrada considera que el citado Texto Refundido "une la reposición de la realidad alterada y transformada al procedimiento sancionador que, cuando proceda, es decir cuando la Administración aprecie la presunta comisión de una infracción, será el único en el que puedan y deban adoptarse dichas medidas, incluso prevé la posibilidad de que en el momento de adoptarse la propuesta de resolución en el procedimiento sancionador no hubiera recaído aún resolución en el de legalización, en cuyo caso deberá dejar pendiente la adopción de las medidas de reposición, cuya procedencia derivará de la denegación de la legalización".

La magistrada aclara que "esto no quiere decir que no sea posible la apertura separada de un expediente de restablecimiento del orden jurídico perturbado, si bien la independencia de dicho procedimiento solo procederá, como dice el artículo 179.3, cuando no proceda exigir responsabilidad por infracción de este Texto Refundido".

En la sentencia, la juez abunda sobre el acto administrativo que había puesto fin al procedimiento sancionador y sobre el que destaca que "no se adoptó acuerdo alguno respecto al restablecimiento del orden jurídico perturbado", sin que pueda entenderse comprendido tal pronunciamiento en su dispositivo tercero –prosigue la magistrada–, en el que de forma genérica la Administración se reserva la adopción de "actuaciones que conforme a Derecho deban adoptarse".

La magistrada detalla en la sentencia que por ley la reposición de la realidad alterada y transformada hubiera debido acordarse, tras la correspondiente propuesta, en el procedimiento sancionador que se abrió, "y no en una resolución independiente" como se hizo en este caso. De ello se concluye que la resolución hoy impugnada "vino a dictarse al margen de las previsiones legales" sin que tal actuación llevada a cabo la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz "pueda ampararse en la obligación que incumbe a toda Administración de adoptar medidas que tiendan a la reposición de la realidad física alterada", como proclama el citado artículo 179.3 del texto Refundido.

Sin procedimiento

Sobre el segundo motivo de impugnación presentado por la representación letrada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, respecto a la "caducidad del procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística", la juez subraya que se vino a adoptar tal resolución de restablecimiento del orden jurídico perturbado (25 de noviembre de 2013) "en un expediente administrativo que ya había finalizado" con la resolución de fondo dictada el 12 de enero de 2012, "de lo que se concluye que se dictó al margen de todo procedimiento administrativo: no había procedimiento administrativo" y por ello, según la magistrada, "no puede hablarse de la caducidad" alegada por la parte demandante pues no existía tal procedimiento administrativo.

Por todo lo anterior, es por lo que la magistrada estima el primer motivo de impugnación que esgrime el demandante, que conlleva la declaración de nulidad del acto administrativo impugnado, y ello –destaca la magistrada– "sin necesidad de entrar a analizar los restantes motivos contemplados" en el escrito de demanda.

El año pasado, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) obligaba al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a volver a examinar si la ampliación del colegio La Salle es o no legalizable. Y, además, indicaba que, según el Plan General de Ordenación (PGO) del municipio –aprobado de manera definitiva–, la construcción sería "probablemente legalizable".

El TSJC desestimaba así el recurso de apelación interpuesto por la Gerencia Municipal de Urbanismo contra el auto dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3, con el que suspendía la resolución del Consistorio que ordenaba el derribo de parte del colegio para "la restauración de la realidad física alterada" en el lugar en el que se construyó el centro deportivo y social de La Salle.

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