El Supremo obliga al Cabildo a devolver tres millones al Gobierno de Canarias

La Corporación debe reintegrar una subvención que le concedió Medio Ambiente por no cumplir con las condiciones de uso de la segunda celda de vertidos del PIRS

24.05.2016 | 12:23
Vertidos en la segunda celda del Complejo Ambiental de Tenerife, en Arico.

El Cabildo de Tenerife deberá devolver tres millones de euros al Gobierno de Canarias por no cumplir con las condiciones establecidas para acceder de forma justificada a la subvención que recibió por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. Así lo pone de manifiesto el fallo firme del Tribunal Supremo, en el que rechaza el recurso de casación interpuesto por la Institución insular.

Estos hechos se remontan al año 2010, cuando el área de la Comunidad Autónoma ordenó a la Corporación tinerfeña el reintegro de los 3.258.112,15 euros que le fueron transferidos a esta administración como subvención para la realización del proyecto Valoración de residuos de Tenerife, segunda celda de residuos sólidos urbanos, a llevar a cabo en el Complejo Ambiental (PIRS). Desde ese momento hasta ahora, el Cabildo ha acudido a todas las instancias posibles para intentar evitar el reembolso de esa cuantía, pero finalmente el Supremo ratifica la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 2014 al darle la razón a la Comunidad Autónoma en su dictamen del pasado mes de marzo.

El TSJC ya consideraba acreditado entonces que la segunda celda no se utilizó para residuos sólidos urbanos, sino para el vertido de basura en masa (sin pasar por la planta Todo-Uno). Según el Contencioso Administrativo, el Cabildo incumplió por este motivo la obligatoriedad de solo arrojar en ese espacio los desperdicios de la citada infraestructura, que es donde se clasifican los deshechos para rescatar todo aquello que sea susceptible de reciclar.

Este mal uso supuso un incumplimiento de la normativa comunitaria a ese respecto y de la resolución de la concesión del apoyo público, una actuación que fue acreditada por el Gobierno canario. El Tribunal Superior de Justicia, de hecho, determina que "el reparo viene motivado porque, según la inspección realizada, se ha constatado que la planta de clasificación Todo-Uno, si bien está ejecutada, no se halla en funcionamiento, y la celda número dos no está asociada a dicha instalación. Los vertidos que se vierten proceden en el 25% de otra planta de clasificación todo a uno [rechazos] dentro del Complejo Ambiental de Tenerife, y el 75% restante son residuos que no han sido tratados antes de su depósito en la citada celda [basura en masa, en vez de rechazos]".

Ahora, el Supremo ratifica la sentencia del TSJC al declarar que no hay lugar al recurso de casación presentado por el Cabildo, de ahí que la Corporación insular no solo deba devolver al Gobierno canario los tres millones de euros, sino también hacer frente a las costas procesales. Los motivos que llevan a la Sala a rechazar los argumentos de la Institución no van dirigidos al uso que le dio a la celda, sino que se centra en responder los argumentos presentados por la Institución. Para ello, sigue los razonamientos que ya expuso en su día en una sentencia de 2015 ante el recurso "planteado entre las mismas partes y con los mismos motivos". Para el Alto Tribunal, "no existe la litispendencia que propugna la parte recurrente" y tampoco prejudicialidad. De igual forma, considera que "no es posible la alegación de nulidad en virtud de la supuesta nulidad de la orden de reintegro [...] puesto que esta no puede ser declarada en este proceso".

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