El Cabildo de Tenerife impondrá un sistema en 20 sociedades para detectar y evitar delitos

La contratación del servicio permitirá a la Corporación cumplir con la ley, que responsabiliza de los actos penales a los entes que no tengan sistema de control

23.05.2016 | 16:25
El exdirector financiero de Sinpromi Andrés Hernández Pedreira, investigado por un presunto desfalco en la sociedad.

El Cabildo de Tenerife impondrá un sistema de control a las 20 sociedades que dependen íntegramente de la Corporación insular o que están participadas mayoritariamente por ella para luchar contra la comisión de delitos. Se trata del Modelo de Prevención y Detección de Delitos, que será implantado en todas esas entidades una vez sea adjudicado el contrato para la entrada en funcionamiento de esta herramienta. El plazo para la presentación de aspirantes termina el 2 de junio y el presupuesto para su puesta en marcha alcanza los 200.000 euros. El principal motivo que lleva a la Institución a aplicar esta medida, tal y como recoge el pliego de cláusulas administrativas, es que el Código Penal señala a las personas jurídicas como "responsables penalmente por los delitos cometidos por sus directivos y empleados" en aquellos casos en los que la empresa "no dispusiera" de este mecanismo para supervisarlos, de forma que se considera culpable precisamente por "no haber hecho lo posible para evitarlo".

El documento detalla que existía un "amplio margen" para la autorregulación en este ámbito hasta la reforma del Código Penal de 2015, cuando a partir del 1 de julio de ese año se concretó "de manera considerable" el diseño de los programas de detección. Esto implica que las sociedades, "a través de sus representantes legales, deberán dar estricto cumplimiento a la obligación de implementar los sistemas de control de cumplimiento normativo y de prevención del delito con el fin de intentar evitar que la sociedad incurra en contingencias de tipo penal y sus administradores en riesgo serio de responsabilidad penal".

Ante estos cambios normativos, el servicio administrativo de Hacienda y Patrimonio indica que "resulta precisa la implantación en las sociedades íntegras y mayoritariamente participadas por esta Corporación de un modelo de organización y gestión que incluya las actuaciones de vigilancia y control idóneas para prevenir" actos delictivos.

Las entidades 100% de la Institución que serán sometidas a este sistema son: Casino Taoro SA; Casino Playa de las Américas SA; Casino Santa Cruz SA; Instituto Ferial de Tenerife SA; Empresa Insular de Artesanía SA; Auditorio de Tenerife SA; Gestión Insular Deporte, Cultura y Ocio (Ideco SA) y Transportes Interurbanos de Tenerife SA (Titsa).

A estas hay que añadir la Sociedad Insular de Promoción Personas con Discapacidad SL (Sinpromi), en la que precisamente se detectó un presunto desfalco de casi dos millones de euros cometido supuestamente por su exdirector financiero Andrés Hernández Pedreira, un caso que estalló a finales de 2014 y por el que también es investigado el antiguo gerente Víctor José García Díaz.

Junto a estas sociedades íntegras de la Corporación insular están las mayoritariamente participadas por la Administración. Estas son SPET Turismo de Tenerife SA; Instituto Médico Tinerfeño SA; Instituto Tecnológico y de Energías Renovables SA (ITER); Cultivos y Tecnología Agraria de Tenerife SA (Cultesa); Parque Científico y Tecnológico de Tenerife SA; Instituto Tecnológico y de Telecomunicaciones de Tenerife SL (IT3); Instituto Volcanológico de Canarias SA; Canarias Submarine Link SL (Canalink); Canalink África SL y Canalink Baharicom SL.
Obligaciones

Los requisitos de estas medidas de vigilancia y control para intentar evitar actos delictivos, según especifica el servicio en el pliego, son la creación de un órgano con poderes autónomos de iniciativa y control para la supervisión del funcionamiento de la sociedad y del cumplimiento del modelo de prevención implantado, además de un mapa de riesgos para detectar las actividades de la empresa en cuyo ámbito puedan cometerse delitos.

De igual forma, el área establece la implantación de protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y la adopción de decisiones y de ejecución de estas medidas. La puesta en funcionamiento de modelos de gestión adecuados de los recursos financieros para impedir la comisión de delitos es otro de los puntos que las sociedades del Cabildo están obligadas a adoptar. A esta cláusula se suman el deber de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar y establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las actuaciones que establezca el modelo de prevención.

Por último, determina la necesidad de verificar periódicamente ese programa así como cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, al igual que cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga necesarios.

Tal y como establece el pliego de condiciones administrativas, será el Consejo de Gobierno el encargado de adjudicar el contrato para la puesta en marcha del servicio, para lo que la empresa ganadora dispondrá de un periodo de 18 meses.

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