Una anciana teme ser expulsada de su residencia por los impagos de Venezuela

La pensionista de 84 años, que vive en un centro de la capital, padece una enfermedad degenerativa

20.05.2016 | 10:53
Imagen de la concentración de pensionistas venezolanos en Tenerife el pasado martes.

Una jubilada venezolana residente en Santa Cruz de Tenerife está al borde de ser desahuciada del centro de ancianos en el que se encuentra debido a los retrasos en el pago de la pensiones del Gobierno venezolano. La anciana, de 84 años, sufre una enfermedad degenerativa mental, física y cognitiva que le hace precisar de cuidados día y noche. La familia, que lograba pagar el geriátrico con la pensión de la jubilada, debe tres cuotas al centro. Sin trabajo, con pocos recursos y sin parientes que puedan ayudarles, la familia se encuentra en una situación insostenible.

La hija de la jubilada venezolana, que prefiere no decir su nombre ni el de se madre, detalla que la anciana sufre demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad similar al Alzheimer, "por lo que tiene que estar atendida continuamente". La isleña reconoce que gracias a la pensión de su madre podían pagar su residencia y algunas de las facturas de su casa. Ahora, y tal como adelantó Cadena Ser, está tratando de negociar con el centro de ancianos para que no la expulsen. "No me han dado un ultimátum pero si me han presionado para que realice los pagos", detalla la tinerfeña.

La familia reconoce que la situación es complicada porque no cuentan con recursos para afrontar las cuotas. "Somos cuatro personas, contando a mi madre, y ninguna trabaja", revela la vecina de Santa Cruz. La isleña, que también trabajó 36 años en la República Bolivariana, ha solicitado al Ejecutivo de Maduro su pensión pero aún no la ha recibido. "Yo también estoy esperando por este abono, pero ahora mismo no entra dinero en la casa y tengo que mantener a tres personas", añade.

La tinerfeña, de 57 años, apunta que, aunque no tienen más familia en la Isla, han recibido la asistencia de asociaciones y grupos como Cruz Roja o la Hermanas de la Milagrosa. "Nos ayudan con la comida pero no puedes subsistir a base de granos y arroz todo el día. Además, hay que pagar el agua, la luz, los bonos de transporte... Son muchas cosas", sostiene esta vecina.

La familia asegura que la pensionista venezolana desconoce los problemas por los que están atravesando. "Por temas de salud no puedo decírselo", puntualiza su hija, quien no quiere ni imaginar que podría pasar si el Gobierno venezolano no retoma los pagos pendientes. "La esperanza es lo último que se pierde pero lo cierto es que uno ya empieza a temer lo peor", señala.

Los retrasos en el cobro de la pensiones a los jubilados que trabajaron en Venezuela y han establecido su residencia en las Islas o en otros puntos del extranjero, tanto emigrantes isleños como inmigrantes, vienen produciéndose desde hace tres años. Así lo sostiene esta tinerfeña, quien apunta que "ha pasado continuamente durante los últimos años". "Siempre hemos tenido que tirar con lo que sea", revela la isleña.

Ahora, la Octava Isla adeuda cinco meses a sus pensionistas. El último pago que los jubilados recibieron por parte del Gobierno de Maduro fue una paga extra de 2015 que tenían pendiente. Desde entonces (diciembre del año pasado), no han recibido más abonos. La causa: la escasez de divisas que sufre la República Bolivariana debido a su situación económica y política.

Ante esta panorama, los pensionistas retornados convocaron una concentración el pasado martes frente al Consulado de Venezuela en la Isla, ubicado en la Avenida de Anaga de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de intentar constituir una organización que luche por sus derechos. Tras la movilización, los jubilados han citado una nuevo encuentro para el próximo día 24 y una reunión con la cónsul del país en Tenerife, para el próximo día 28.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se encuentran empadronados 5.997 venezolanos, por 1.725 en la de Las Palmas, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre ellos (7.722 en total) y los emigrantes isleños con la doble nacionalidad que volvieron al Archipiélago, alrededor de un millar estarían afectados, solo en la provincia tinerfeña, por el retraso en el pago de sus pensiones.

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