Pieza separada del ´caso Arona´ | Vista para sentencia

La fiscal pide 30.000 euros de multa y seis meses de prisión para un guardia civil

Afirma que el agente intercedió para intentar que el PSOE votara a favor de licencias ilegales

11.05.2016 | 02:00

La Fiscalía Provincial considera que existen elementos probatorios suficientes como para condenar al guardia civil José Manuel Rodríguez por un presunto delito de tráfico de influencias. La Sección Sexta de la Audiencia Provincial acogió ayer la segunda y última sesión de esta pieza separada del caso Arona en la que el Ministerio Público acusó al agente de servir de intermediario entre empresarios y políticos para ayudar a desbloquear licencias ilegales en 2008. En opinión de María Isabel Silva, el procesado trató de influir en los concejales socialistas, por aquel entonces en la oposición, para intentar que votaran a favor de esas autorizaciones, de ahí que solicite para él una pena de seis meses de prisión y 30.000 euros de multa por estos hechos.

La representante del Ministerio fue rápida. En unos 15 minutos, la fiscal presentó ante el tribunal de la Sala sus argumentos para defender la tesis que la lleva a mantener su calificación. Durante su exposición puso de relieve la "persistencia" del investigado y su "participación activa" con el fin de que Francisco García Santamaría y el resto de sus compañeros del Partido Socialista (PSOE), "las personas que bloqueaban las licencias", apoyaran las concesiones. En su intento por hacerles cambiar de opinión, según ella, José Manuel Rodríguez organizó tres encuentros siempre "fuera del Ayuntamiento".

El guardia civil, sin embargo, defendió durante su declaración del pasado lunes que decidió mediar entre García Santamaría y el alcalde de aquella época, el nacionalista José Alberto González Reverón, para que limaran asperezas y mejoraran su relación porque el Consistorio quedó "paralizado" después de que este socialista presentara la querella que detonó el caso Arona, visto para sentencia y del que derivan un total de tres piezas.

Con ese "interés para que fluya la economía del municipio", dijo irónicamente la fiscal, el agente se encargó de fijar tres reuniones a lo largo de dos meses en zonas ajenas a la Corporación local, una primera en la que el Ministerio Público cuestionó por qué no citó a ningún empresario, ya que solo avisó a García Santamaría y al también socialista Pablo Hernández, y una segunda en la que además estuvo presente el constructor Pedro Suárez, que en calidad de testigo manifestó ser amigo del investigado.

A estas se suma una tercer y última, en este caso celebrada en el domicilio de ese empresario, que precisamente es titular de Gomasper, una de las supuestas entidades privadas que se vieron presuntamente beneficiadas de manera ilegal por el Gobierno local, según se desprendió del macrojuicio por el caso Arona que acabó a principios del pasado mes.

María Isabel Silva ironizó con el hecho de que el acusado y los testigos que pasaron por la Sala y que también acudieron a esa cita –el exalcalde, el antiguo edil de Urbanismo Antonio Sosa y miembros del PSOE, así como el propio Pedro Suárez– dijeran que "no recuerdan los temas que se trataron en esa reunión, solo que se comió cochinillo". Subrayó que para una cuestión como esa "lo normal" es que ese encuentro tuviera lugar en el Ayuntamiento y tampoco entiende "qué hace José Manuel Rodríguez" en ese almuerzo si él mismo dijo no ser amigo ni de los socialistas ni de los nacionalistas. Advirtió, en contra de lo que declaró el empresario, que Gomasper sí tenía en ese momento "licencias paralizadas" y que constan varias llamadas telefónicas en las que el procesado advirtió al exalcalde y al también antiguo concejal de Coalición Canaria Sebastián Martín de que a García Santamaría "no se le dio lo que se le prometió".

El Ministerio recordó que el Ayuntamiento impuso una sanción con recargo a una empresa del socialista y que ese expediente, relativo a la construcción del camping Nauta, comenzó dos años atrás, así que por esas fechas, en 2008, "ya debería haber estado concluso". La fiscal mantuvo durante su intervención que aunque el guardia civil intermedió en ese caso para llegar a un acuerdo entre el antiguo regidor y García Santamaría, el problema es que "estaba en la vía de apremio y ya no podían hacer nada".

De hecho, Alicia Rodríguez, que por ese entonces trabajaba en el área de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento, declaró ayer como testigo que el exalcalde mostró interés por ese expediente incluso llamándola a su teléfono personal, algo que "no era muy habitual". Si bien durante el juicio se intentó demostrar que ese recargo a Santamaría respondía a represalias por parte del Gobierno nacionalista, la realidad es que la técnico afirmó que ese expediente "se tramitó como otro cualquiera".

Fuera de este asunto, lo que la acusación pública parece tener claro es que el agente "conocía los entresijos" del Consistorio y que trató de "influir" en la decisión de voto de los concejales en la oposición, que "eran las personas que bloqueaban las licencias" ya que esta situación no se hubiera producido "si estas cumplen con la legalidad", avisó ella.

Según María Isabel Silva, los expedientes eran "cuanto menos dudosos" y aseguró que José Manuel Rodríguez, "con su persistencia", intentó que el PSOE apoyara las concesiones mediante "actos preparatorios", no solo a través de esas tres reuniones sino también con llamadas de teléfono.

Por su parte, el abogado del procesado pidió su libre absolución porque no ve "acreditado" que su cliente intermediaria "en beneficio ni de Pedro Suárez ni a favor de cualquier otra licencia". De hecho, José Ramón Pitti recordó que ni testigos ni Fiscalía mencionaron ningún caso concreto y aseveró además que no se puede dilucidar que "intentara interceder en el camping Nauta". En su opinión, el encartado actuó por "altruismo" ante el "bloqueo" que sufría el Ayuntamiento y recordó que tampoco "tiene influencia personal" como para obligar a esas personas a actuar de una manera determinada. "Ni siquiera hubo indicio y se le ha arruinado la vida" con esta investigación, agregó.

El último juicio de esta macroinvestigación, para junio

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial juzgará el próximo mes la pieza que queda pendiente del caso Arona, una de las investigaciones por presunta corrupción más extensas de Canarias. Si la Sala terminó en abril con la causa principal, que gira en torno a la supuesta trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias urbanísticas, los magistrados ya dictaron sentencia condenatoria para una de las tres piezas separadas que derivaron de ese proceso. El exalcalde José Alberto González Reverón y el antiguo edil de Urbanismo Antonio Sosa fueron inhabilitados por permitir una obra a sabiendas de que se había saltado la norma, en el caso del primero, y por contratar a dedo a cuatro personas, en el segundo. El antiguo regidor espera además por el fallo respecto a la causa principal, en la que están procesadas otras 12 personas, y también falta que el tribunal se manifieste respecto a la vista que concluyó ayer y en la que solo está acusado el guardia civil José Manuel Rodríguez.

Así, el único juicio aún pendiente es el relacionado con las contrataciones de 10 personas: seis conocidos de González Reverón en la concesionaria de los servicios de limpieza y las supuestas gestiones que hizo para otorgar a dedo dos plazas, una en la guardería municipal y otra en la Policía Local. Por este último hecho también esta acusada la exsubinspectora Hortensia María García y a esta pieza se suman la supuesta mediación del exalcalde para quitar multas y permitir otra´ obra ilegal.

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