'Caso Siliuto'

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para el exedil nacionalista Norberto Plasencia

Exige siete años de prisión para el funcionario Víctor Reyes pero solicita el sobreseimiento para el resto de investigados por la compra de la Casa Lázaro, entre los que se encuentran Dámaso Arteaga y Parejo

05.05.2016 | 12:21
Casa Siliuto, en El Toscal, en Santa Cruz de Tenerife.

La Fiscalía pide 10 años de cárcel para el exconcejal nacionalista Norberto Plasencia por el caso Siliuto, en el que se investiga la compra en 2003 por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de la también conocida como Casa Lázaro de El Toscal por un precio "muy superior" a la valoración realizada por los técnicos municipales. Asimismo, en el escrito de acusación con el que solicita la apertura del juicio oral, y al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, el fiscal pide siete años de prisión para el funcionario Víctor Reyes.

El exconcejal nacionalista y el funcionario, acusados de supuestamente haber cometido delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, también tendrán que abonar una indemnización al Consistorio chicharrero de más de 290.000 euros, según estima la Fiscalía, de los que 280.281 euros correrán a cargo de los dos imputados y 10.631 euros solo serán responsabilidad del primero.

Norberto Plasencia ya ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel por la construcción del edificio de aparcamientos de la Playa de Las Teresitas, conocido como mamotreto, y el funcionario Víctor Reyes también aparece como imputado en los casos de la operación de compraventa de las parcelas de Las Teresitas y del Parque Marítimo.

Sin embargo, para el resto de investigados en el caso Siliuto, que son el actual edil de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga (CC); los exconcejales nacionalistas Manuel Parejo, Basilio Franco y Juan Antonio Rodríguez; la exedil del PP María José Gutiérrez; el exconcejal del PSOE José Martín, y el exedil del CCN, David Sáenz, el fiscal Jonay Socas solicita el sobreseimiento provisional "al entender que no se acredita suficientemente la comisión por su parte de los hechos delictivos objeto del procedimiento".

Eso sí, y según la Fiscalía, Manuel Parejo, José Martín y Dámaso Arteaga deberán ser citados como testigos, junto a Francisco Alonso Siliuto, José Luis Roca, Ignacio González-Palenzuela y Guillermo Núñez. También deberán ser citados para la celebración del juicio oral, para el que aún no hay fecha, los peritos Juan Jesús Oliva, Berta María Álvarez y Juan Carlos de Armas.

La juez María de los Ángeles Zabala, responsable del Juzgado de Instrucción número 1 de Santa Cruz de Tenerife, en un auto con fecha de 10 de junio de 2015 dio vía libre a la apertura del juicio oral por la compra de la Casa Siliuto, tras apreciar indicios suficientes para juzgar a los investigados. A raíz de dicho auto, el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares personadas, en este caso el grupo político Izquierda Unida, debían formular los correspondientes escritos de acusación solicitando la apertura del juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa. Este periódico ha tenido acceso a ambos escritos, los cuales han sido presentados recientemente, y tanto la Fiscalía como IU piden que se celebre dicho juicio.

Según se explica en el escrito de la Fiscalía, en julio de 1998, Carmen Rosa Siliuto y Francisco Alonso Siliuto, propietarios de la Casa Lázaro, situada en la calle San Antonio y en la que actualmente el Ayuntamiento está interviniendo para convertirla en la futura Casa de la Juventud del municipio, presentaron un escrito al Consistorio proponiendo la venta de dicho inmueble porque sabían que este se vería afectado por el Plan Especial de El Toscal. El Ayuntamiento se opuso desde un primer momento a tal propuesta porque existía la posibilidad de obtenerlo a través de la cesión gratuita y obligatoria. Sin embargo, en 2002, el entonces consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo, Norberto Plasencia, decidió dar el visto bueno a la compra.

Los propietarios de la Casa Siliuto presentaron una oferta de venta por 612.777 euros con un informe de tasación correspondiente al año 1999, que además carecía de visado y que no recogía en ningún caso las limitaciones al aprovechamiento urbanístico que afectaban al inmueble y cuya existencia era conocida tanto por los propietarios como por el propio Ayuntamiento. Norberto Plasencia, "en su intención decidida de adquirir la casa aunque ello generara un grave perjuicio al erario público" y de mutuo acuerdo con Víctor Reyes, entonces secretario delegado de Urbanismo, aceptaron la oferta de los dueños del inmueble, "prescindiendo, sin causa para ello, de la tasación realizada por técnicos municipales, de 332.469 euros".

El 3 de febrero de 2003 se firmó la operación, por 280.281 euros más de lo tasado por los técnicos municipales, con el visto bueno del Consejo de Administración de Urbanismo. Norberto Plasencia decidió en ese momento, "de manera arbitraria y en sentido contrario al contenido del acuerdo del Consejo de Administración", que el impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, de 10.946 euros, también fuese asumido por el Ayuntamiento.

El precio de venta fue satisfecho por el Consistorio capitalino mediante dos cheques nominativos extendidos el 30 de diciembre de 2002 por valor de 306.388 euros cada uno y a nombre de Francisco Alonso Siliuto y Carmen Rosa Alonso Siliuto.

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