´Caso Arona´ | Conclusiones

La fiscal acusa a los exediles de "vulnerar la ley para beneficiar a empresas fuertes"

El Ministerio Público denuncia que ninguna de las más de 200 licencias ilegales que otorgó la Junta de Gobierno entre 2003 y 2007 fue para ayudar a gente humilde

27.04.2016 | 01:26
La fiscal acusa a los exediles de "vulnerar la ley para beneficiar a empresas fuertes"
Los 13 procesados en el ´caso Arona´

El primer macrojuicio por corrupción de Canarias ha llegado a su recta final. Solo falta de que las defensas de los 13 procesados presenten sus conclusiones en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial para que la causa quede vista para sentencia. Durante más de dos meses, los investigados y decenas de testigos declararon ante la Sala para que ahora los tres magistrados valoren si realmente existió en Arona una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias. La Fiscalía y la acusación particular lo tienen claro, y así lo pusieron de manifiesto ayer cuando solicitaron penas de prisión para los encartados al considerar acreditada la comisión de distintos tipos de delito. Mientras que este último limita su petición para los supuestos cabecillas de esa red, el Ministerio Público señala a todos los encausados. Entre los argumentos que expuso, resalta el que tiene que ver con los siete políticos que formaron la Junta de Gobierno entre 2003 y 2007, ya que ve indicios de que vulneraron la ley para beneficiar a empresas "fuertes" del municipio.

De acuerdo a su escrito, fueron más de 200 las licencias ilegales que dieron a través de la Junta el exalcalde José Alberto González Reverón y los otros seis antiguos ediles –Félix Sierra (PP), Manuel Barrios (CAN-CCN), Daniel Martín (CAN), Juan José Alayón (de CC por aquel entonces), José Luis González (CAN) y el también nacionalista Alfonso Barroso–.

Autorizaciones

La fiscal María Francisca Sánchez defendió ayer ante el tribunal que todos ellos, a través de ese órgano municipal, acordaron dar las autorizaciones "sistemáticamente" y con "arbitrariedad". El objetivo de este proceder, según ella, ni siquiera era "legalizar la casita de autoconstrucción hecha por un vecino para tener donde cobijarse", sino "favorecer a empresas fuertes". Y es que, de acuerdo a su relato, los cabezas de estas entidades privadas eran "tan fuertes que algunos llamaban a González Reverón para quedar con él" porque "la maquinaria se había paralizado" desde el Consistorio "por miedo a la denuncia". Sánchez, incluso, dio el nombre de uno de estos supuestos beneficiarios a modo de ejemplo: Pedro Suárez, vicepresidente del CD Tenerife y dueño de la constructora Gomasper.
Tanto fue así que la representante de la acusación pública fue rotunda a la hora de afirmar que en ninguna de las más de 200 licencias ilegales aprobadas, siempre por unanimidad, se habla de gente "humilde", sino de "intereses más potentes", de ahí que los siete políticos procesados dieran luz verde a los permisos a pesar de ser "plenamente conocedores" de los informes desfavorables que emitieron los juristas del Ayuntamiento. De acuerdo a su teoría, los dos antiguos funcionarios que se sientan en el banquillo por el caso Arona eran una pieza fundamental para este modus operandi, no solo porque se encargaban de emitir un parecer favorable para justificar las autorizaciones dadas por la Junta sino porque el Ministerio ve acreditado que ambos, junto a otras dos personas, constituyeron una presunta trama para el cobro de comisiones ilegales.

Mordidas

Durante unas tres horas, Sánchez expuso los hechos que la han llevado a determinar que los cabecillas de esa red fueron Eliseo de la Rosa (exarquitecto municipal), Roberto de Luis (antiguo aparejador del Ayuntamiento) y Félix Sierra (concejal de Urbanismo entre 1999 y 2003 y posteriormente miembro de la Junta de Gobierno). Según la fiscal, estos tres urdieron ese complot para cobrar dinero a promotores a cambio de agilizarles las licencias para sus proyectos. El encargado de pedir las mordidas a los privados era, supuestamente, el empresario Arsenio Zamora, el décimo de los 13 procesados en esta causa.

Para apoyar su tesis, recordó la grabación que consta como prueba y que recoge cómo este presunto mediador pidió dinero a la acusación particular, ejercida por José Ramón Ansorena Carrera, a cambio de agilizarle una autorización. Solicitó "45 millones de pesetas a repartir entre los tres [Eliseo de la Rosa, Félix Sierra y Roberto de Luis]" e incluso "lo dejó por escrito" pero, como el promotor se negó a pagar, los procesados "pusieron trabas" y hasta el arquitecto investigado acudió a la obra del denunciante para decirle "que nunca" le daría el permiso.

Si la fiscal citó las declaraciones de testigos para explicar estos hechos, añadió que el propio Zamora "en ningún momento" dijo "no entender la grabación" pese a que la defensa alude a la mala calidad de la cinta como uno de sus argumentos. El encausado, sin embargo, sí negó que esa fuera su voz, pero Sánchez recordó que la prueba caligráfica hecha por la Guardia Civil determina que el investigado es el autor de la carta en la que consta la petición de 45 millones de pesetas y que durante el registro realizado, además, se encontró una agenda suya en la que "vienen cantidades y personas identificadas".

Aunque según ella Zamora era el intermediario, aludió al relato de un testigo, José Tavío, para determinar que el procesado Eliseo de la Rosa llegó a pedir mordidas de forma directa. Este promotor aseguró ante el tribunal que el exarquitecto municipal le solicitó unas 500.000 pesetas a cambio de una licencia. La fiscal recordó, de igual forma, que en su vivienda y demás propiedades había un maletín con documentación, anotaciones sobre los 66.000 euros de inversiones realizadas "en un solo mes" en el Forum Filatélico y 14 billetes de 500 euros en una caja fuerte. "No creo que el Ayuntamiento pagara en efectivo, y menos con esos billetes", subrayó Sánchez, para después seguir con los indicios de delitos hallados respecto a Roberto de Luis.

Este es el exaparejador del Consistorio que, según ella, gracias a esa presunta trama "acumuló un patrimonio importante y manejó dinero sin justificación". Si bien dijo que cuando comenzó a trabajar en la Corporación poseía una vivienda, la cantidad de inmuebles era mayor en 2003 gracias a las supuestas mordidas abonadas por los tres últimos acusados (Zenón Rodríguez, Antonio Luis González Tolosa y Jorge Menéndez). Estos son tres arquitectos externos que, de acuerdo a su escrito, pagaban al funcionario a cambio de que este les consiguiera trabajos en Arona.

Roberto de Luis "logró cobrar comisiones usando como pantalla su empresa externa y simulando facturas y encargos" procedentes de estos privados, advirtió la representante del Ministerio. Si en el informe patrimonial "no consta" dos de sus pisos, a estos inmuebles hay que sumar la "importante cantidad de joyas" y los 15 cuadros hallados en su vivienda, la mayoría de ellos de un pintor de conocido prestigio y cuya obra más pequeña "ronda los 3.000 euros", a lo que se suman los vehículos de alta gama que poseía, como un Porsche. Todo eso "es imposible que fuera con su sueldo y con las colaboraciones con los arquitectos", determina Sánchez.

Para el último lugar dejó al exconcejal de Urbanismo Félix Sierra, a quien acusó incluso de crear una empresa fantasma y de usar a tío fallecido para justificar parte de su patrimonio. El investigado dijo haber recibido de este una herencia de 66.000 euros, pero este familiar tenía "una pensión de entre 200 y 300 euros" mensuales y para poder tener tal cantidad de dinero "hubiera tardado años en conseguirlo con su humildísima pensión". La fiscal manifestó que tampoco ha logrado encontrar que el antiguo fuera "director" de un banco, "como se ha dicho" en el juicio, "sino que su renta de 1988 pone que era auxiliar de banca, con un nivel acorde a la clase media".

Fraccionamiento

A todos esos hechos sumó los contratos que entiende que fueron fraccionados y aprobados por la Junta de Gobierno para "beneficiar a cuatro empresas", entre las que citó a Pepe de la Rosa. "Era un fraccionamiento sistemático" e Intervención puso los correspondientes reparos "por incumplir la ley", no solo por una aplicación "indebida" del IGIC sino también porque el "objetivo era la misma unidad".

Penas

Ante estos indicios, la Fiscalía pide para los 13 investigados 47 años de prisión, 191 de inhabilitación especial para los funcionarios y políticos y el pago de 27,7 millones de euros en multas. La mayor pena de cárcel recae precisamente en las cuatro personas que integraron esa presunta trama para el cobro de comisiones ilegales.

Acusación particular

El letrado Santiago Martínez, que representa a la acusación particular, limita la responsabilidad penal a los hechos que afectan de forma directa a su cliente, relativa la supuesta extorsión que sufrió José Ramón Ansorena cuando intentó conseguir la licencia para urbanizar en Costa del Silencio. El abogado reclama un total de 12 años de prisión por cohecho para Arsenio Zamora, los dos técnicos del Ayuntamiento y Félix Sierra, así como una multa de 12 meses y la inhabilitación para empleo o cargo público.

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