Güímar

El Cabildo rechaza el plan presentado por Plasencia para restaurar su cantera

La Corporación advierte de que el PIOT obliga a realizar una rehabilitación en toda la superficie afectada e informa de que la extracción aún puede ser legalizada

25.04.2016 | 10:49
El Cabildo rechaza el plan presentado por Plasencia para restaurar su cantera

El Cabildo de Tenerife rechaza el plan presentado por el empresario Antonio Plasencia para restaurar la cantera que explotó de forma ilegal durante años en Güímar. El expresidente de la patronal de la construcción fue condenado en enero por un delito ecológico a 18 meses de prisión y a pagar de su bolsillo la rehabilitación de la zona que él destrozó. Para intentar dar cumplimiento a la sentencia, propone a las administraciones públicas competentes (Gobierno canario, Corporación insular y Ayuntamiento) un proyecto de regeneración consistente en rellenar solo una parte del hueco que ocasionó y utilizar el resto como balsa o para cultivar 2.100 olivos, una actuación que valora en cinco millones de euros y que le permitiría ahorrarse 45, de acuerdo al cálculo del coste determinado por un perito judicial durante la investigación del caso.

Si bien el área de Política Territorial de la Institución tinerfeña no entra a calificar en su informe las características del propósito de Plasencia, sí recuerda que el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) establece que la restauración debe ser diseñada para el conjunto del territorio afectado. Esto quiere decir que el proyecto de recuperación tendrá que ser para toda la zona dañada, no solo para una cantera determinada.

Según establece el informe técnico en un primer momento, este espacio "no cuenta con un Plan Territorial Parcial de Ordenación aprobado ni se ha tramitado Plan de Restauración del Conjunto". El departamento jurídico recuerda, no obstante, que desde 2004 se encuentra en vigor el Plan Territorial Especial de Ordenación del área de los barrancos de Güímar, "que puede entenderse como el Plan de Restauración del conjunto al que alude el PIOT". Ante esa posibilidad, el Cabildo solicita al Gobierno canario que interprete esa posibilidad al ser la administración "competente para la interpretación" de esa normativa. Sea como fuere, la realidad es que la propuesta de Plasencia se centra solo en la cantera que él explotó a través de la empresa Áridos del Sur SL y, por tanto, no contempla una rehabilitación íntegra de todo el territorio afectado.

Por otro lado, el informe jurídico de Política Territorial también alude a otro aspecto, a la posibilidad de regularizar la explotación. La cantera de Badajoz, donde el expresidente de la patronal llevó a cabo la actividad, "no cuenta con autorización minera", pero "puede acogerse al régimen de legalización contenido en el PIOT". Uno de los artículos del Plan determina que "se deberá iniciar el procedimiento de tramitación para la autorización de la actividad en el plazo de un año después de la aprobación" de esta normativa. Aunque entró en vigor en 2002, como el Gobierno canario "no ha requerido al titular de la explotación el inicio del procedimiento de autorización, este tiene abierto el plazo para solicitar la misma", añade el informe jurídico del pasado mes de febrero. De hecho, alude al fundamento de derecho cuarto de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en 2008, que obliga a retrotraer las actuaciones y que "se requiera al demandante para que, previamente a la calificación territorial, presente proyecto técnico actualizado".

Posibles indemnizaciones

Por otro lado, un segundo informe jurídico de Política Territorial, esta vez de marzo, evalúa las posibles indemnizaciones que podría acarrear la prohibición de las extracciones en los barrancos de Güímar. El Cabildo defiende la protección ambiental de este territorio a través de una proposición de ley que debe aprobarse por el Parlamento canario. Después de que el Gobierno autónomo solicitase a la Corporación insular una valoración de las posibles indemnizaciones que se tendrían que pagar a los areneros por esta restricción, la Institución manifiesta en este documento que, de acuerdo con la información de la Consejería de Industria del Ejecutivo regional, en la actualidad "únicamente existe un extractor con título administrativo minero en vigor que pudiera resultar afectado, si bien, de acuerdo con la misma información, carece de los restantes títulos administrativos y licencias necesarios para llevar a cabo las actividades de extracción", advierte.

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