Las embarcaciones fondeadas en Las Teresitas tienen quince días para ser retiradas

Los buques suponen una ocupación del dominio público marítimo terrestre que constituye un peligro para la seguridad de los bañista

14.04.2016 | 11:26

Los propietarios de las embarcaciones que están fondeadas en la playa de las Teresitas, en la capital tinerfeña, tienen quince días de plazo para retirarlas de esa zona, según se publica hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha informado la Delegación del Gobierno en Canarias.

En el anuncio publicado en el BOE se recoge la posibilidad de tramitar autorizaciones provisionales para las embarcaciones dedicadas a la pesca tradicional.

En un comunicado se señala que tras la reunión mantenida a propuesta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para analizar la situación de las embarcaciones fondeadas en el dique sur de la Playa de Las Teresitas, el consistorio remitió al Servicio Provincial de Costas un listado de las embarcaciones fondeadas en esta playa.

El objetivo de esa acción es que, en su caso, se proceda a la tramitación de expedientes sancionadores para restituir el uso natural de la playa para el baño.

Esas embarcaciones suponen una ocupación del dominio público marítimo terrestre que constituye un peligro para la seguridad de los bañistas, unido a la generación de residuos, lo que no permite el mantenimiento de la playa en las adecuadas condiciones de limpieza, higiene y seguridad, se explica en el comunicado.

Conforme a la normativa de costas, es competencia municipal mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como vigilar la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.

El Reglamento General de Costas establece como zona de baño una franja de mar contigua a la costa de 200 metros de ancho, quedando en ese espacio prohibida la navegación deportiva y de recreo.

La normativa de costas establece que es necesaria una autorización administrativa para cualquier ocupación del dominio público marítimo terrestre con el fin de regular las condiciones y los plazos de ocupación, quedando por tanto las utilizaciones no autorizadas sujetas a posibles sanciones.

Además, en el anuncio del BOE se recoge que se estudiará la posibilidad de tramitar autorizaciones provisionales para las embarcaciones dedicadas a la pesca tradicional.

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