La carta de Visocan

Visocan ha iniciado el desahucio en cinco viviendas de la capital y en tres de La Laguna

El Gobierno defiende que el gerente de la empresa pública quiera recuperar los pisos ocupados ilegalmente pero desautoriza que se haga cortando el agua y la luz

07.04.2016 | 11:59

Visocan, empresa pública de Vivienda del Gobierno de Canarias, ha iniciado el procedimiento de desahucio en cinco casas sociales de Santa Cruz de Tenerife y en tres de La Laguna. Precisamente, en la carta enviada por Visocan a los ayuntamientos de estos municipios, que dio a conocer ayer la opinión de tenerife y que ha provocado la indignación y el enfado de sus correspondientes alcaldes, el gerente de la entidad, Víctor González, les exige que dejen de pagar el agua y la luz a los okupas, les acusa de coadyuvar con la ocupación ilegal de los distintos inmuebles y les amenaza con denunciarlos ante los tribunales.

El director general de Vivienda, Jesús Gregorio Pérez del Ejecutivo canario, indicó ayer a este periódico que se reunirá con el gerente de Visocan para pedirle las correspondientes explicaciones en relación a dicha carta, pues la Consejería de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda del Gobierno, que preside la socialista Patricia Hernández, ha desautorizado su contenido. Pérez apuntó que el gerente se ha equivocado en las formas, aunque el director general de Vivienda sí defendió que el Ejecutivo canario está en la obligación de recuperar esos inmuebles y de iniciar los procedimientos de desahucio correspondientes.

"Lo que pone en esa carta entra en conflicto con la filosofía que defiende esta Consejería, que es ayudar a los ciudadanos que peor lo están pasando. Evidentemente, no defendemos ni pedimos a los ayuntamientos que corten el agua y a la luz a estas personas, aunque sí debemos recuperar esas casas para los ciudadanos a los que les corresponden de manera legal y que están esperando para poder entrar a vivir en ellas. Estamos llevando a cabo un proceso de negociación con ellos, y si no se consigue nada, pues entonces sí se tendrá que proceder al desahucio. Una vez que nos reunamos con el gerente se tomarán las medidas oportunas en relación al escrito enviado a los ayuntamiento sin contar con el consentimiento de la consejera y de la Dirección General de Vivienda. Creemos que no midió las consecuencias de lo que estaba diciendo", manifiesta Pérez.

El director general de Vivienda insiste en que en ningún momento el Gobierno de Canarias ha pretendido que se deje sin agua y sin luz a las personas que han ocupado las viviendas de manera ilegal. "Pero lo que no podemos ignorar es que estas casas deben ser recuperadas", añade Pérez.

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