La carta de Visocan

Más de 14.000 personas forman la lista de espera por una casa social en Canarias

El Gobierno canario indica que unas 30 viviendas de protección oficial están ocupadas de manera ilegal

07.04.2016 | 11:59
Viviendas sociales en San Matías.

En Canarias, más de 14.000 personas forman la lista de espera por una casa social. Así lo ha reconocido a la opinión de tenerife el director general de Vivienda del Gobierno canario, Jesús Gregorio Pérez, quien anuncia que el Ejecutivo tiene previsto construir 759 nuevos pisos de protección oficial en el Archipiélago, en el marco del Plan de Vivienda 2017-2020, de los que 490 se ejecutarán en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 269 en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Se trata de unas 25 actuaciones en distintos municipios "ya con proyecto y suelo", aunque de momento Pérez prefiere no dar más detalles de las ubicaciones concretas hasta que el Estado no garantice su cofinanciación.

El parque público del Gobierno de Canarias está constituido hoy por 27.000 viviendas, incluidas las 5.000 que pertenecen a la empresa pública Visocan. Pérez asegura que todas están entregadas, "a excepción de las que van quedando vacías por distintos motivos, como por ejemplo por el fallecimiento de sus propietarios, las cuales van siendo recuperadas por el Ejecutivo para dárselas a otras familias que cumplen los requisitos legales y que ocupan los primeros puestos de la lista de espera". En relación a estas, el área de Disciplina Urbanística indica que en la actualidad, y repartidas por todo el Archipiélago, hay unas 30 casas con okupas. El director general de Vivienda aporta estos datos a raíz de la polémica suscitada con la carta que Visocan, empresa pública del Gobierno de Canarias, ha enviado a los ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna para exigirles que dejen de pagar el agua y la luz a las personas que han ocupado de manera ilegal un piso social. Precisamente, Pérez explica que la construcción de nuevas viviendas es una de las medidas previstas por el Ejecutivo canario para poder dar respuesta a la larga lista de espera de demandantes de pisos sociales en las Islas, entre los que probablemente se encuentren los ciudadanos que han ocupado ilegalmente casas públicas.

El director general de Vivienda admite que el Gobierno de Canarias ha iniciado los procedimientos de desahucio correspondientes para que se desocupen dichos pisos y poder entregárselos a las familias a las que realmente les corresponden, por una razón de justicia. Eso sí, Jesús Gregorio Pérez insiste en que la Consejería de Vivienda, Políticas Sociales y Empleo, que preside la socialista Patricia Hernández, ha desautorizado la carta enviada a los ayuntamientos de Santa Cruz y de La Laguna por parte del gerente de Visocan, Víctor González, porque "no se puede presionar a las personas dejándolas sin agua y sin luz para que abandonen las viviendas ocupadas ilegalmente". "Comprendemos el interés y la responsabilidad del gerente por querer recuperar dichas casas, pero las formas que ha utilizado no son las adecuadas, y lo ha hecho sin contar ni conmigo ni con Patricia Hernández, presidenta de Visocan", añade.

Apunta que el Ejecutivo canario, a través de sus profesionales, está intentando establecer un proceso de negociación con los okupas, pero reconoce que si no se llega a ningún acuerdo, "entonces se tendrá que proceder al desahucio, pues el Gobierno tiene la obligación de recuperar esos inmuebles". La Consejería de Vivienda, Políticas Sociales y Empleo admite la urgente necesidad de incrementar su parque público de pisos sociales y de buscar respuestas a la problemática de falta de vivienda de protección social en Canarias. Por ello, además de tener prevista la construcción de casi 800 nuevas casas en el Archipiélago, el Ejecutivo también está estudiando la posibilidad de comprar inmuebles ya construidos a bancos, a inmobiliarias o "a quien quiera vendérnoslos". Pérez destaca que, además, se han incrementando las ayudas destinadas al alquiler y "en este sentido seguiremos trabajando".

Con respecto a la propuesta planteada por el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, el nacionalista José Manuel Bermúdez, sobre la posibilidad de que la Ley del Suelo permita a las administraciones permutar parcelas municipales por edificios ya construidos con entidades bancarias o promotores, el director general de Vivienda comentó que "esta es una medida que se puede estudiar y con la que estamos de acuerdo". "Pero lo más rápido para el Gobierno de Canarias es ahora intentar comprar pisos ya terminados para entregar viviendas sociales a las familias que lo necesitan. Estamos barajando los costes y las posibilidades que tendríamos", añade José Gregorio Pérez.

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