Güímar

Del Rosario, condenado a tres años de prisión por la extracción ilegal de áridos

El empresario deberá restaurar el espacio dañado con la canteras Llanos II y El Fregenal

07.04.2016 | 10:05
Francisco Javier del Rosario en un momento del juicio.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado al empresario Francisco Javier del Rosario a tres años de cárcel por extraer áridos de manera ilegal en los barrancos de Güímar. Si bien contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el encartado deberá ingresar en prisión de ratificarse el fallo. De acuerdo a esta resolución no firme, el procesado es autor de un delito contra el medio ambiente por explotar las canteras Llanos II y El Fregenal sin cumplir con la normativa. La entidad Áridos del Atlántico SL, de la que él era "administrador de hecho", sacó material de forma "incontrolada y sin cobertura legal" entre 1994 y 2007, aunque ya desde al menos 1973 ejercía esta actividad a través de una empresa familiar. Ante el "grave daño" causado, la Sala no solo le impone la pena en su grado superior pero con el atenuante de dilaciones indebidas, sino que también le obliga a restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

Este mismo castigo deben asumir los otros tres empresarios condenados por el mismo delito, pero con la salvedad de que ellos se han librado de las rejas al haber asumido su responsabilidad penal. El expresidente de los constructores de Tenerife, Antonio Plasencia, y los representantes de las entidades Extracsa y Hermanos Morales Martín SL, Pedro Sicilia y José Enrique Morales respectivamente, reconocieron en enero haber atentado contra el medio ambiente para así evitar la cárcel. Las partes llegaron a un acuerdo a través del que cada uno de los acusados aceptó un año y tres meses de prisión y costear la recuperación del entorno afectado por la extracción ilegal de material en sus canteras.

Al no tener antecedentes penales, los condenados mantienen su libertad, aunque corren el riesgo de perderla si de manera injustificada no cumplen, en el plazo de dos años, con la sentencia firme de la Audiencia Provincial. Aunque este acuerdo se le ofreció a Del Rosario, este prefirió someterse al juicio para defender su inocencia. Su alegato se centró en intentar demostrar que él era un simple administrativo de la empresa explotadora, por lo que, bajo su argumento, se limitaba a a actuar como mandatario verbal del administrador único, Miguel Reyes.

Papel en la empresa

Si ya el abogado de las acusaciones particular y popular, Carlos Álvarez, y el fiscal Jaime Serrano-Jover afirmaron durante la vista oral que esa persona actuaba como testaferro, ahora la Audiencia les ha dado la razón en su sentencia al considerar a Del Rosario "administrador de hecho" de Áridos del Atlántico. El tribunal, de hecho, indica que Reyes simplemente "se limitaba a figurar registralmente y escasamente a encabezar algunos documentos presentados en instancias administrativas, pero careciendo de conocimientos en el sector y facultades para gestionar las canteras".

Los tres magistrados de la Sala determinan que el encausado "asumió desde un primer momento la capacidad de decisión en la empresa" y añaden que la documentación obrante en la causa al respecto es "abrumadora". Recuerdan, incluso, que fue el condenado quien se opuso al precinto administrativo de la explotación en 2004 y que la relación con las instituciones públicas también era ejercida por él. A estos hechos suman que ninguno de los testigos y peritos que pasaron por el juicio señalaron a Reyes como responsable de la empresa, sino que todos se dirigieron hacia el procesado.

Es más, la Audiencia especifica que el encartado ha ejercido su actividad profesional en este sector industrial durante décadas, "en primer lugar en el seno de la empresa Jurocasa, de la que era administrador único su padre", y, tras el traspaso de las canteras de Llano II y El Fregenal a Áridos del Atlántico en 1994, aunque figuró como personal administrativo, "en realidad era quien asumía las facultades organizativas y decisorias de la actividad representando a la entidad en un principio como mandatario verbal y a partir de 2004 como representante legal".

Fue en 2008, con las dos zonas ya precintadas por orden judicial, cuando la Sala establece que Del Rosario se convirtió "formalmente en administrador". Esto último solo hizo "consolidar formalmente una realidad preexistente, su papel protagónico en la explotación de las canteras a través de una entidad que sucedía a la inicial empresa familiar", apunta la Audiencia.

La Sección Segunda concluye que se dan "todos los requisitos del tipo del delito medioambiental": un acto contaminante acreditado causado por las extracciones, la infracción de normas extrapenales, la creación de una situación de peligro para el bien jurídico protegido y una actuación consciente, "pues se advirtió al encartado de las infracciones que cometía y no solo no hizo caso sino que la prolongó durante largo tiempo".

Destrucción del medio

Su actuación en contra de las normas protectoras implicó, según la sentencia, un "grave daño" para el medio ambiente, ya que la explotación se realizó "sin cobertura legal por no contar con la totalidad de los títulos" necesarios por parte de las administraciones públicas.

Aunque dictamina que la actividad fue ilegal porque carecía de permisos, descarta la calificación de clandestina ya que las instituciones competentes en la materia conocían los hechos. "A lo largo de los años incoaron expedientes, dando lugar a resoluciones debidamente notificadas al encausado que decretaban la falta de cobertura legal de los trabajos y, por tanto, su obligado cese", pero la empresa "prosiguió" con el negocio hasta el punto de producir un "grave y progresivo deterioro ambiental, que se hace especialmente notable en la pérdida de suelos, impacto sobre el paisaje, perjuicio para la biodiversidad y alteraciones con incidencia en la población que vive en el entorno".

El riesgo "más inminente e importante" en el espacio es el producido por la situación de "inestabilidad del terreno debido a la gran verticalidad de los taludes" de las canteras y a su cercanía a linderos de cultivos y ubicación de diferentes infraestructuras. Incluso, "con este actuar ya se han producido en algunos lugares desplomes y derrumbes de gran importancia" y las vías de circulación colindantes "se encuentran en una situación de alto riesgo para las personas", advierten los magistrados.

Si bien la Audiencia condena a los cuatro areneros a restaurar el medio que cada uno de ellos destruyó, el tribunal agrega que "no parece posible la determinación en la presente resolución de los mecanismos más idóneos y de las soluciones más oportunas para la reparación", ya que los peritos y testigos que pasaron por el juicio han depuesto "la inviabilidad" de la restitución de la zona "tan profundamente alterada", en este caso, por la acción del encartado.

La Sala no solo condena a Del Rosario a tres años de prisión y a rehabilitar el espacio, para lo que las administraciones competentes deberán elaborar el oportuno plan, sino que además le impone una multa de 18 meses con una cuota diaria de 10 euros, la inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio relacionado con la actividad industrial durante dos años y la accesoria legal de inhabilitación especial para el derecho de sufragio universal pasivo durante el tiempo de la pena.

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