´Caso Arona´ | Conclusiones

La fiscal pide 47 años de cárcel en el primer macrojuicio por corrupción de Canarias

El Ministerio mantiene las penas de prisión para los 13 encausados y reclama 27,7 millones de multa

05.04.2016 | 14:18
Los 13 expolíticos, antiguos funcionarios y empresarios que se sientan en el banquillo de los acusados desde enero.

El primer macrojuicio por corrupción urbanística de Canarias, el conocido caso Arona, ha llegado a la recta final. Después de 22 sesiones de vista oral, las partes personadas en esta causa presentaron ayer sus conclusiones ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
Aunque cada una profundizará en su argumentación entre los próximos días 25 y 27, ya han dejado clara su postura en este proceso. Por un lado, la Fiscalía se mantiene firme en su petición de condena para los 13 procesados. Aparte de solicitar 191 años de inhabilitación especial para los funcionarios y políticos investigados, también demanda el pago de 27,7 millones de euros en multas y un total de 47 años de prisión para todos ellos por la supuesta concesión de más de 200 licencias ilegales y 80 contratos irregulares en el Ayuntamiento sureño. Por el otro, el abogado de la acusación particular decidió ceñirse a los hechos que afectan a su cliente, mientras que las defensas reclaman la absolución de sus representados.

Esta causa radica en el supuesto cobro de comisiones ilegales desde el Consistorio a cambio de otorgar licencias que iban contra la norma. Según el Ministerio, esta red estaba tejida por dos funcionarios y un político de la Corporación local, aunque también se vieron enredados en ella los otros seis miembros de la Junta de Gobierno entre 2003 y 2007, tres arquitectos externos y un empresario que servía de intermediario con los promotores.

La acusación pública señala como protagonistas de la trama a Roberto de Luis, exaparejador municipal, Eliseo de la Rosa, antiguo arquitecto local, y a Félix Sierra, responsable de Urbanismo entre 1999 y 2003 y posteriormente miembro de la Junta de Gobierno, de ahí que pida para ellos las condenas más altas. La mayor recae sobre el primero, con ocho años de prisión por un presunto delito continuado de cohecho (aceptar dádivas a cambio de desbloquear y agilizar licencias ilegales) y prevaricación urbanística (informar de manera favorable sobre esas autorizaciones pese a ir contra las normas). Tanto Eliseo de la Rosa como Félix Sierra se enfrentan a una petición de seis años de cárcel, el primero por supuestamente incurrir en los mismos delitos de forma continuada que su excompañero en el Ayuntamiento. En el caso del antiguo edil, el Ministerio Público ve indicios de que cometió de forma continuada cuatro delitos diferentes: prevaricación urbanística, prevaricación, cohecho y actividad prohibida a una autoridad y abuso en el ejercicio de su función.

La Fiscalía afirma en su escrito de acusación que el exconcejal "formó parte de la trama organizada e integrada por Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis para el cobro de comisiones ilegales a promotores, constructores y técnicos directores de obras". Según sostiene, empresarios pagaban al político y a los dos funcionarios por agilizar o pasar por alto los obstáculos legales que sufrían los proyectos urbanísticos que querían desarrollar. Estos últimos, tal y como además se desprende de las declaraciones de diversos testigos que han pasado por la Sala, se encargaban de emitir informes técnicos favorables en contra de la postura negativa de los juristas del Ayuntamiento. Pero esta supuesta trama tenía una segunda pata consistente en el supuesto cobro de mordidas a otros tres arquitectos externos por parte del aparejador del Ayuntamiento.

De acuerdo a su escrito, el funcionario decía a los promotores los diseñadores que debían contratar para ejecutar sus actuaciones. Zenón Rodríguez, Antonio Luis González Tolosa y Jorge Menéndez pagaban al empleado público a cambio de que este les consiguiera trabajos e incluso uno de los testigos, el sobrino de Roberto de Luis, afirmó en el juicio que las comisiones ilegales que recibió su tío por parte de Zenón Rodríguez llegaron a alcanzar el 25% del valor del proyecto. El Ministerio Público solicita para cada uno de estos privados cuatro años de prisión por un delito continuado por cohecho, así como una multa de 12 millones de euros para Jorge Menéndez, de 10 para González Tolosa y un millón para Zenón Rodríguez.

Tanto el familiar del aparejador como dos de los denunciantes de esta causa, José Ramón Ansorena (que ejerce la acusación particular en este caso) y José Tavío (que además participó como testigo en la pieza separada ya sentenciada), declararon que Eliseo de la Rosa y Roberto de Luis solicitaban dinero por desbloquear y agilizar licencias urbanísticas. Estos últimos testigos hasta grabaron la conversación que mantuvieron con una tercera persona que supuestamente también fue extorsionada. En la cinta, que fue escuchada en la sesión del 29 de marzo, Manuel Bernardo Castro aseguraba que el exedil de Urbanismo Félix Sierra le pidió 6.000 euros para financiar su formación política (el Partido Popular) y que, a cambio, el Ayuntamiento le levantaría el precinto de una obra irregular que estaba cometiendo.
Aunque en el audio este vecino indica que continuó con la construcción después de haber pagado 2.000 euros a través de un intermediario que, según él, "no daba la cara", durante su declaración en la vista negó todos estos hechos.

La Fiscalía Provincial, sin embargo, defiende este modus operandi y señala al empresario Arsenio Zamora como testaferro. De acuerdo a su escrito, él se encargaba de mediar entre los promotores y los funcionarios para el cobro de esas supuestas comisiones ilegales e incluso la acusación particular presentó otra grabación en la que se escucha al encausado solicitar al denunciante 45 millones de pesetas para tramitar la licencia de 206 viviendas en Costa del Silencio, aunque el procesado declaró que esa no era su voz y la abogada que lo defiende alude a que la cinta carece de garantías como prueba. Sea como fuera, el Ministerio Público, representado por María Francisca Sánchez, ve indicios suficientes como para pedir para él tres años de prisión por cohecho.

La acusación particular, en manos del letrado Santiago Martínez, decidió limitar la responsabilidad penal a los hechos que le afectan de forma directa, la supuesta extorsión que sufrió el promotor José Ramón Ansorena cuando intentó conseguir la autorización para esa urbanización en Costa del Silencio. Su abogado solicita 12 años de prisión por cohecho para Arsenio Zamora, los dos funcionarios y el exconcejal de Urbanismo Félix Sierra, tres para cada uno, así como una multa de 12 meses y la inhabilitación para empleo o cargo público.

La Fiscalía tampoco pasa por alto el papel que jugó la Junta de Gobierno de Arona entre 2003 y 2007 para completar el funcionamiento de esta supuesta trama de corrupción. Los siete políticos que formaron parte de este órgano durante ese periodo se sientan en el banquillo desde el pasado mes de enero, cuando arrancó el juicio. En este grupo de encausados, aparte de Félix Sierra, están el exalcalde nacionalista José Alberto González Reverón (que ya ha sido condenado en dos ocasiones por prevaricación y prevaricación urbanística), Manuel Barrios Rodríguez (CAN-CCN), Daniel Martín Navarro (CAN), Juan José Alayón Beltrán (de Coalición Canaria por aquel entonces y después de Los Verdes), José Luis González Rodríguez (CAN) y el también nacionalista Alfonso Barroso Armas.

La acusación pública solicita para cada uno de ellos dos años de cárcel por un delito continuado de prevaricación urbanística al aprobar a través de la Junta las licencias presuntamente ilegales refugiándose en los informes favorables que hicieron los dos funcionarios procesados, pero, a diferencia que con Félix Sierra, no les otorga papel alguno en esa red de comisiones. A esa petición suma los 10 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público también para cada uno de ellos por otro delito continuado de prevaricación en relación a los expedientes de contratación.

Las defensas de los 13 encausados, por su parte, reclaman la libre absolución de sus clientes y mantienen las cuestiones previas planteadas antes de la celebración del juicio, como la anulación de las actuaciones llevadas a cabo durante la instrucción. Los abogados de los investigados también aluden como atenuante a dilaciones indebidas por haber transcurrido más de una década entre la denuncia y la celebración de la vista oral.

Si bien este proceso está en su recta final a falta de que las partes expongan sus conclusiones ante la Sección Sexta de la Audiencia, aún están pendientes varias piezas separadas del caso Arona. Según fuentes consultadas ayer, la que tiene que ver con Hortensia García, la que fuera subinspectora de la Policía Local, y el guardia civil José Manuel Rodríguez se juzgará a principios del próximo mes.

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