El Juzgado rechaza el recurso de Parejo contra la orden para tirar el 'mamotreto'

El exconcejal nacionalista dispone de un plazo de 15 días para presentar un recurso de apelación

02.04.2016 | 02:10
El Juzgado rechaza el recurso de Parejo contra la orden para tirar el 'mamotreto'

El juez considera que son "alegaciones de conveniencia"

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife ya se ha pronunciado contra el recurso contencioso-administrativo presentado por Manuel Parejo, el exedil nacionalista condenado por el caso mamotreto, en el que solicitaba la suspensión cautelar de las instrucciones dadas por el alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, para redactar el proyecto de demolición del inacabado edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas, más conocido como mamotreto.

Según el auto dictado el pasado mes y al que ha tenido acceso LA OPINIÓN DE TENERIFE, el magistrado no solo "deniega la medida cautelar solicitada" por Manuel Parejo –condenado a una pena de tres años de cárcel y a pagar junto al resto de los condenados el coste del derribo del edificio–, sino que además impone "las costas procesales de esta medida cautelar a la parte solicitante de la misma".

No obstante, en el auto también se especifica que el interesado dispone de un plazo de 15 días a contar desde la notificación de dicho auto para que pueda interponer un recurso de apelación contra la decisión tomada por el juez. En cuanto a los motivos que han llevado al magistrado a denegar la medida cautelar solicitada, en los fundamentos de derecho del auto se explica que "las instrucciones del alcalde que son objeto de este recurso contencioso-administrativo fueron dictadas en ejecución de sentencia penal, ejecutoria penal del Juzgado de lo Penal número 5".

"Existe manifiesta falta de apariencia de buen derecho –no hay base para reclamar la suspensión cautelar– en la pretensión cautelar de suspensión de las instrucciones del alcalde impugnadas, que ordenan a los servicios administrativos correspondientes que redacten o, en su caso contraten el proyecto o proyectos de demolición necesarios para ejecutar el requerimiento del Juzgado de lo Penal número 5", se afirma en el auto para añadir: "La pretensión cautelar se basa en la alegación del coste económico –la demolición del edificio supondrá un desembolso de unos 700.000 euros a pagar entre los condenados– de la demolición de un inmueble que se dice de naturaleza pública por su destino a aparcamiento y la ausencia de da- ños a terceros".

"En la solicitud de medida cautelar no se plantea ninguna causa de nulidad o de infracción de normativa de las instrucciones recurridas, sino alegaciones de conveniencia. Y, sobre todo, existe manifiesta apariencia de que las instrucciones forman parte de la ejecución de cosa juzgada penal, ejecución de sentencia penal que carece de autonomía o sustancia administrativa para ser recurrida en vía contencioso-administrativa y evadirse del control de la ejecución de sentencia penal", afirma.

"En consecuencia, procede denegar la medida cautelar e iniciar trámite para decidir sobre la competencia de este recurso contencioso-administrativo en la causa principal, a que ha dado lugar este recurso contencioso-administrativo", concluye el juez.

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