Santa Cruz

Parejo solicita la suspensión cautelar de la demolición del 'mamotreto'

El exedil nacionalista condenado presenta un recurso para "evitar la pérdida" del edificio de aparcamientos de la Playa de Las Teresitas

15.03.2016 | 12:45
Edificio de aparcamientos y locales comerciales de la Playa de Las Teresitas, en la capital.

Manuel Parejo, exedil nacionalista condenado por el caso mamotreto, ha solicitado al Juzgado la suspensión cautelar de las instrucciones dictadas por el alcalde de Santa Cruz, el también nacionalista José Manuel Bermúdez, para que se redacte el proyecto de demolición total del inacabado edificio de aparcamientos y locales comerciales de la Playa de Las Teresitas.

El exconcejal, condenado a una pena de tres años de cárcel y a asumir, junto al resto de condenados, otros dos exediles de CC y tres exfuncionarios, el coste del derribo del mamotreto –que podría superar los 700.000 euros–, ha presentado un recurso contencioso administrativo contra las instrucciones de Bermúdez con fechas 30 de noviembre y 14 de diciembre de 2015. Según se indica en el escrito redactado por su abogado, Jorge Lecuona, el exconcejal interpone este recurso para "evitar la pérdida de patrimonio municipal".

Parejo alega que el edificio de aparcamientos y locales comerciales de Las Teresitas no debe derribarse por el coste económico, "que no debe circunscribirse exclusivamente al coste de la demolición del inmueble (un estacionamiento público para cientos de coches), sino el del propio valor del edificio". Asimismo, y según el exconcejal nacionalista, no debe demolerse por la naturaleza pública del mismo, "lo cual supone el riesgo de destrucción de un bien de dominio público municipal afecto al servicio público de aparcamiento, con lo que ello implica".
"La adopción de la medida cautelarísima no implica daño alguno a sujetos públicos o privados ni al interés general, sino justamente todo lo contrario, pues se trata de evitar la demolición prematura de un inmueble de naturaleza de dominio público y, por lo tanto, de evitar la pérdida de patrimonio municipal. Por ello, al Juzgado suplico que tenga por formulada esta solicitud y en su mérito, dicte resolución por la que se acuerde acceder a la suspensión de las instrucciones objeto del presente procedimiento así como los actos de ejecución de las mismas", se dice en el recurso de Manuel Parejo, al que ha tenido acceso la opinión de tenerife.

Las instrucciones dictadas por el alcalde de la capital a las que se refiere este recurso se inscriben al procedimiento administrativo instruido por el Ayuntamiento de Santa Cruz a resulta de la resolución del Juzgado de lo Penal número 5 para la ejecución de la sentencia dictada por el mismo con fecha 19 de enero de 2014, con el objeto de determinar las medidas a adoptar para tal ejecución. La sentencia obliga al Consistorio a proceder al derribo del mamotreto, aunque el coste debe ser asumido por los condenados.

En estas instrucciones, José Manuel Bermúdez ordena a las correspondientes áreas del Ayuntamiento, una vez que los distintos informes municipales establecen que no hay normativa que pueda legalizar el edificio, que se redacten los proyectos para demolerlo. En este sentido, y ante la última providencia de la juez, que adelantó la opinión de tenerife el pasado sábado, con la que se insta al Consistorio chicharrero, por tercera vez, a que proceda al derribo total del mamotreto, fuentes municipales quieren dejar claro que la Corporación local está cumpliendo la sentencia y dando los pasos para ello.

En dicha providencia, el Juzgado también advierte al Ayuntamiento que "el incumplimiento de una resolución judicial podría dar lugar a la comisión de un delito de desobediencia grave a la autoridad judicial y de un delito de prevaricación". Esta tercera providencia se dicta a raíz de que el Consistorio haya enviado un nuevo informe al Juzgado, el elaborado por la Dirección General de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio, el cual contradice a los otros tres ya remitidos en su momento, redactados por la Gerencia de Urbanismo, el Secretario General del Pleno y por la Dirección del Servicio Jurídico. Estos tres dejaban claro que el derribo total era la única solución y el último presentado indica que el edificio se puede legalizar. La juez da un tirón de orejas a la Corporación indicando que ya han pasado 16 meses desde que se ordenó la ejecución de la sentencia.

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