Investigación judicial | Presuntas irregularidades en el Cabildo

La Fiscalía denuncia una malversación de dos millones en el área de Carreteras

El Ministerio Público detecta duplicidades de pagos, adjudicaciones de obras saltándose la licitación y pagos por servicios sin realizar, de los que sería presunto responsable el funcionario Miguel Pintor

11.03.2016 | 11:18
Centro de Información de Carreteras..

La Fiscalía Provincial denuncia al exjefe del servicio técnico de Conservación y Explotación de Carreteras y Paisaje del Cabildo de Tenerife, Miguel Pintor Sepúlveda, por presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público detecta en las diligencias preliminares de la investigación diferentes irregularidades en la tramitación de seis expedientes de contratación, en los que participó este funcionario cuando ocupaba ese cargo en la Corporación insular. Las supuestas duplicidades de pagos, las adjudicaciones de obras saltándose el proceso de licitación y el abono por servicios que no se realizaban son los hechos que desglosa en su escrito, en el que cifra en dos millones de euros el daño que pudo haber causado a las arcas públicas.

Fueron los propios servicios jurídicos de la Institución tinerfeña los que en 2014 pusieron este caso en conocimiento de la Fiscalía después de que se le abriera un expediente disciplinario a Pintor Sepúlveda. De acuerdo a la denuncia presentada por el Ministerio Público ante el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, este procedimiento tiene que ver con el Centro de Información de Carreteras y su mantenimiento, el traslado del Centro de Control de Túneles al Intercambiador de Guaguas y el túnel Tres de Mayo (en la capital chicharrera), así como con la conservación del túnel de El Guincho (en Garachico), el aseguramiento de la vialidad de las red de carreteras y la concesión de una licencia para la ejecución de una gasolinera. Aunque no explica este último punto, sí detalla los indicios delictivos hallados en el resto.

Con el fin de poder ahondar más en este asunto, el Ministerio Público solicita la declaración en calidad de testigos de José Luis Delgado, el consejero insular de Carreteras y Paisaje entre 2011 y 2015, quien además informó al área de Defensa Jurídica de una presunta duplicidad de pagos; y de Ofelia Manjón, que ha regresado como directora insular de Carreteras después de que en 2014 fuera trasladada a un departamento de nueva creación.

El organismo del Estado, tras analizar los expedientes con dudas de legalidad, determina que de la documentación recabada y de las declaraciones prestadas por parte del secretario y el instructor del expediente disciplinario "se desprenden varios hechos" que supusieron un gasto para el Cabildo supuestamente irregular de 2.007.110 euros y que beneficiaron a tres empresas: Traysesa, Señalizaciones Villar e Indra Sistemas. Esos expedientes tienen que ver con:

El mantenimiento y las tareas de vigilancia y conservación en la TF-1. Fue el propio exconsejero de Carreteras el que remitió un escrito en 2013 al área de Defensa Jurídica para informar sobre "una presunta duplicidad de pagos" en la vigilancia de la TF-1 (autopista del Sur), entre los kilómetros cero y 20.400. Según recoge la denuncia de la Fiscalía, remitida al Juzgado en junio de 2015, el responsable del área en aquel entonces solicitó a Pintor Sepúlveda "hasta en cuatro ocasiones" que emitiera un informe sobre estos abonos, que alcanzaban según sus cálculos los 414.479,02 euros.

Esos hechos se remontan a 2010, cuando el Gobierno canario adjudicó a Transformaciones y Servicios SL (Traysesa) la mejora y recuperación ambiental y paisajística de la TF-1 y el primer tramo de circunvalación del Área Metropolitana (Fase B). Aunque el Ejecutivo comunicó al Cabildo el inicio de los trabajos, el funcionario acordó con la entidad privada continuar, "al menos en parte", con las tareas de mantenimiento y vigilancia pese a que el Decreto 112/2000 establece que este servicio debe suspenderse mientras dure la ejecución.

El Ministerio Público manifiesta que la continuación de esas actividades por parte de la Corporación insular "no fue realizada con la autorización de los órganos de Gobierno del Cabildo" y detalla que esta situación se mantuvo hasta 2013. Fue el Consejo de Gobierno, en octubre de ese año, el que acordó, "con la conformidad de Traysesa, valorar en 414.479,02 euros el importe del concepto de vigilancia y aseguramiento" de la parte de la TF-1 afectada por la mejora, "desde el mes de febrero de 2011 hasta junio de 2013". Esto tuvo lugar después de que el funcionario reconociera los hechos días antes de esa sesión y propusiera la regularización del abono en exceso con dos actuaciones ya realizadas por Traysesa, sin que contemplara "la devolución en metálico con los intereses correspondientes" por parte de la entidad.

Pero la denuncia también se refiere a un correo electrónico del que tuvo constancia el exconsejero de Carreteras y la directora insular Ofelia Manjón. El email hace referencia a las cuantías relativas al mantenimiento y conservación por parte del Cabildo del tramo en obras y alude a una cifra superior, 703.905,15 euros. La Fiscalía afirma que ese dinero, "al parecer", fue abonado "indebidamente" a Traysesa, "lo que evidencia una gestión al margen del contrato oficial" con la Corporación insular consistente en ingresar a la empresa "cantidades indebidas en exceso, al parecer incluyendo en certificaciones de obra actuaciones no prestadas o que no deben ser abonadas, como en el caso que nos ocupa".

Este procedimiento, advierte el Ministerio Público, generó "una bolsa que se compensaba con obras tramitadas al margen del contrato y, por tanto, al margen de los controles y la fiscalización perceptiva de todos los gastos realizados por la Administración pública, incumpliendo también la prohibición de compensación, el llamado principio de presupuesto bruto".

Adjudicaciones directas. En segundo lugar, la Fiscalía analiza en su escrito seis obras en la autopista del Norte que fueron desarrolladas por Señalizaciones Villar SA a través del contrato que esta empresa mantenía con el Cabildo para la conservación ordinaria y aseguramiento de la vialidad en la red de carreteras. Estos trabajos se incluyeron como "gastos variables" a pesar de ir "más allá" del objeto de ese contrato firmado. El Ministerio Público avisa de que esas actuaciones "debían haber quedado al margen" ya que "hubieran precisado la convocatoria de una nueva contratación administrativa conforme con los principios de publicidad y concurrencia, ya que debieron ser objeto de tramitación y licitación".

La imputación de estos trabajos como gastos variables permite asignar "directamente" cualquiera actuación a la adjudicataria. A través de este recurso, la Fiscalía entiende que se ha producido "una vulneración de la legislación de contratación [...], eludiendo los principios de publicidad y concurrencia, así como los preceptos reguladores de los procedimientos de contratación al usurpar de la licitación pública contratos de obras".

El Ministerio Público añade que la tramitación de las seis ejecuciones, con importe total de 416.267,55 euros, bajo ese concepto "a lo largo de los años ha favorecido evidentemente" a Señalizaciones Villar.

Abonos por servicios sin realizar. Otro de los expedientes en los que halla indicios de ilegalidad es en el que tiene que ver con el traslado del Centro de Control de Túneles desde la Avenida Tres de Mayo al Intercambiador de Guaguas de Santa Cruz, adjudicado también a Señalizaciones Villar. De la documentación estudiada por la Fiscalía se desprende que el Cabildo pagó a esa empresa desde octubre de 2008, cuando se produjo ese traspaso, hasta marzo de 2010 el mantenimiento de la vieja sede a pesar de que la sala "ya no se encontraba" ahí. Aunque no existía ese servicio, "se continúa" con la firma de certificaciones y el abono por mantenimiento hasta marzo de 2009 y, posteriormente, "se mantiene el gasto por el incremento de plantillas y vehículos". Ese aumento de medios, sin embargo, fue rechazado por el Consejo de Gobierno el 29 de marzo de 2010 al entender que eso ya "estaba incluido en el contrato".

El Ministerio Público denuncia que la Corporación insular hizo frente al coste de conservación durante 17 meses sin que se prestara por parte de la contratista, lo que implicó un desembolso total de 251.327,32 euros. A esa cuantía hay que sumar los 89.785,46 por el personal y el material, de ahí que la "cantidad finalmente abonada en exceso" sea de 341.112,78 euros.

Mantenimiento del CIC. El mantenimiento de la nueva sede del Centro de Control, ubicada en el Intercambiador de Guaguas, está incluido en otro contrato, el relativo al Centro de Información de Carreteras (CIC), adjudicado en 2008 a la UTE Señalizaciones Villar SA-Indra Sistemas SA. A esta Unidad Temporal de Empresas "se le abonó desde el primer momento el mantenimiento" de la sala mientras se ejecutaban las obras de esa instalación, una simultaneidad que, según recuerda la Fiscalía, va en contra de lo que estipula el pliego de las cláusulas administrativas del contrato. Ese gasto, por tanto, debía costearse a partir de la finalización de los trabajos pero, en contra de esta disposición, el Cabildo abonó las cuantías por este concepto durante 10 meses hasta alcanzar los 470.802,12 euros.

El Ministerio Público menciona que el jefe de la Unidad de Conservación argumentó ese ingreso diciendo que se prestó el servicio por parte de la UTE desde el inicio de la actuación, pero el órgano estatal precisa que, en ese caso, se debería haber modificado el pliego, aunque de todas formas "tampoco resulta justificado que desde el comienzo de las obras se pague el 100% del mantenimiento, por cuanto es de suponer que el centro, aunque existiera, no estaría operativo a pleno rendimiento", puntualiza.

Adquisición del software de control y gestión de túneles. La denuncia recoge que de la documentación analizada se infiere en que el software de control para lograr la gestión centralizada de los distintos túneles del sistema se adquirió desde la Institución tinerfeña "por duplicado" a través de dos contratos diferentes. Uno, con el de la UTE Señalizaciones Villar SA-Indra Sistemas SA para las obras del CIC, licitador al que el funcionario investigado le dio "la valoración máxima"; y el segundo, con el traslado del Centro de Control de Túneles adjudicado a Señalizaciones Villar. En este último caso, dentro de las certificaciones de obra del traspaso, están los 73.018,21 euros del software, integrado en el túnel de El Guincho "completamente instalado, probado y funcionando"; y los 65.716,38 euros relativos a la "ingeniería, supervisión y puesta en marcha del sistema de control de túneles Indra o similar".

Integración de El Guincho en el CIC. El último expediente detallado por la Fiscalía en su denuncia es el que tiene que ver con la integración del túnel de El Guincho en el Centro de Información de Carreteras, que también "se adquirió a través de tres contratos distintos". Uno, mediante el rubricado con la misma UTE para las obras del CIC, donde incluía como mejora técnica esa actuación; el segundo, a través del traslado del Centro de Control realizado por Señalizaciones Villar; y el último, con el acuerdo alcanzado por el Consejo de Gobierno del Cabildo en 2011 para la ampliación del contrato del CIC por importe de 75.022,83 euros, con el objetivo de que la UTE se encargara de la conservación de la infraestructura.

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