El exgerente de Sinpromi deberá declarar el día 17 como investigado

El Juzgado de Instrucción Número 2 cita a Víctor García por su posible implicación en el desfalco de la sociedad - Podemos pasa a ser acusación en el 'caso Carreteras'

10.03.2016 | 12:26

Víctor García, el exgerente de la Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (Sinpromi), deberá declarar el próximo jueves en calidad de investigado por su posible implicación en el presunto desfalco de la entidad dependiente del Cabildo de Tenerife. El Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz ha vuelto a citar al antiguo directivo después de que ya fuera llamado por los mismos hechos con anterioridad, aunque en esa ocasión como testigo.

Tanto él como el exdirector financiero de la empresa, Andrés Hernández Pedreira, son hasta el momento los dos imputados - término usado antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- en esta causa por la presunta sustracción durante seis años de más de 1,6 millones de euros de la sociedad, el doble de lo que en un principio anunció el Gobierno insular.

Víctor García pasó de testigo a investigado más de un año después de que salieran a la luz estos hechos. Fue en octubre de 2014 cuando se produjo la detención de Hernández Pedreira, autor confeso de la estafa, y no fue hasta mayo de 2015 cuando el primero abandonó su cargo en la empresa público. Siete meses después, en diciembre del pasado ejercicio, el antiguo directivo fue citado por el Juzgado de Instrucción por su posible implicación, aunque esa fecha fue aplazada hasta este mes. Con el cierre del periodo, además, el grupo Podemos se personó como acusación popular en el caso y posteriormente la consejera delegada de Sinpromi hasta ese momento, Carmen Rosa García Montenegro, cesó de su cargo.

Tras los acontecimientos, la formación morada solicitó medidas cautelares contra el autor confeso después de pedir explicaciones sobre por qué no han sido solicitadas por la sociedad, denunciante y también parte personada. Entre ellas están la prisión preventiva o la firma cada 15 días en el Juzgado, al igual que el depósito de una fianza y la devolución de los fondos sustraídos.

Si Podemos ya había advertido en octubre de 2015 de que estaría en todas aquellas causas donde se detectan presuntas irregularidades, su anuncio va cobrando fuerza después de que pasara a ser acusación en el desfalco de Sinpromi y, ahora, en el caso de Carreteras. Según fuentes consultadas, la solicitud por parte del grupo de la oposición ha sido aceptada y ahora también formará parte de este procedimiento abierto a raíz de la denuncia de la Fiscalía Provincial, presentada en junio del año pasado en el mismo juzgado que lleva la presunta sustracción de la sociedad.

Fueron los servicios jurídicos del Cabildo los que dieron la voz de alarma sobre los hechos detectados en el área de la Corporación insular. Están relacionados con actuaciones que se llevaron a cabo especialmente entre 2007 y 2011. De las diligencias abiertas, bajo el número 2826/2015, se desprenden que la investigación gira en torno al exjefe del servicio de Carreteras, al que se le abrió un expediente disciplinario desde la Institución tinerfeña.

Por otro lado, los servicios jurídicos también elaboraron un expediente de información para intentar esclarecer los expedientes donde se encontraron presuntas irregularidades, después de que incluso el consejero de este departamento entre 2011 y 2014, José Luis Delgado, advirtiera en una entrevista de que se habían encontrado facturas sin justificar por un importe de 17 millones de euros. A esta presunta ilegalidad se suman otras, como la obra en el enlace de San Isidro, en Granadilla.

Si Podemos ya es acusación en este caso, el Gobierno insular aún no ha decidido si personarse. Según justificó a finales del pasado mes el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, es que los servicios jurídicos de la Corporación todavía no se habían manifestado al respecto.

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