Arona

González Reverón y el exedil Antonio Sosa, condenados por corrupción

La pena más dura es para el que fuera concejal, con ocho años y seis meses de inhabilitación por contratar a dedo a cuatro personas

04.03.2016 | 11:17
A los lados, González Reverón (i) y Antonio Sosa junto a sus abogados al entrar al Palacio de Justicia.

El alcalde de Arona entre 2003 y 2012, el nacionalista José Alberto González Reverón, asume su segunda pena por prevaricación desde el banquillo de los acusados. El mismo tribunal que lleva el juicio del caso Arona, por el que está acusado el exregidor junto a otras 12 personas, condenó ayer al antiguo mandatario sureño a siete años de inhabilitación por permitir la remodelación del Hotel Sir Anthony a sabiendas de que la actuación era ilegal. Aunque la Sección Sexta de la Audiencia Provincial no ve acreditada la implicación en este hecho del que fuera concejal de Urbanismo y Medio Ambiente entre 2007 y 2011, Antonio Sosa, sí considera que este cometió un delito continuado de prevaricación al contratar a dedo a cuatro personas en el Ayuntamiento, de ahí que su castigo sea mayor pero inferior al solicitado por la Fiscalía. Si bien el procesado se ha salvado de la cárcel, no podrá ejercer ningún cargo público durante ocho años y seis meses. Ambos, además, deberán abonar un cuarto de las costas procesales.

Con este fallo, contra el que cabe interponer recurso de casación, la Justicia empieza a cerrar los capítulos que rodean al caso Arona, una supuesta trama para el cobro de comisiones ilegales cuya vista oral aún continúa. Fue a raíz de las escuchas telefónicas ordenadas por el juez que realizó la instrucción de esta causa cuando apareció la pieza separada ya sentenciada, formada por cuatro acontecimientos que implicaban a González Reverón y a Antonio Sosa.

El Ministerio Público solicitó para el antiguo concejal un año de prisión por presunta malversación de caudales públicos y 10 de inhabilitación especial para empleo o cargo público por prevaricación, mientras que para González Reverón pidió nueve de inhabilitación por tolerar dos supuestas obras ilegales y en la última sesión del juicio, celebrado en diciembre, destapó indicios de cohecho contra el que fuera regidor.

Hotel Sir Anthony

Aunque el fiscal Jaime Serrano-Jover cree que el antiguo alcalde recibió dádivas por permitir la remodelación ilegal del Hotel Sir Anthony, esta apreciación no implicó nada ya que ese delito fue descartado en la instrucción. El Ministerio Público también vio en este hecho prevaricación por parte de los dos procesados y la Audiencia le ha dado la razón, aunque solo en lo que respecta a González Reverón.
Según recoge la sentencia, la empresa Activos en Gestión SA comenzó en 2008 a ejecutar obras de reforma "de enorme calado" en el complejo de cinco estrellas "sin haber pedido la licencia municipal procedente" y sin contar "con el visado de proyecto de ejecución ni con la autorización previa del Cabildo".

Con "consejo" del exmandatario, que "en ocasiones utilizaba los servicios" del establecimiento con las facilidades que le daba el apoderado de la mercantil para que "no tuviera que pasar por la recepción", la empresa intentó burlar los controles administraciones con la solicitud de obra menor. Pese a las actas de inspección que revelaban que los trabajos no se ajustaban a ese permiso por ser de mayor envergadura, la actuación continuó con el consentimiento del antiguo regidor, avisando incluso al representante de la entidad de que "había rumores sobre el reformado" sin licencia.

Para acallarlos, Activos en Gestión intentó lograr el permiso de obra mayor sin disponer de toda la documentación con la "anuencia" del exregidor, que "decidió consciente y deliberadamente favorecer los intereses del hotel para que pudiera seguir con la construcción".
Lo que activó los mecanismos de disciplina urbanística fue el requerimiento por parte de la Guardia Civil del expediente, ya en 2009 y cuando los trabajos estaban al 90%. El tribunal agrega que González Reverón "permitió" la reforma "durante casi un año sin adoptar ninguna medida, incumpliendo los deberes que le imponía su condición de alcalde", y fue en 2011 cuando la empresa obtuvo la autorización.
Aunque el fiscal defendió que el edil de Urbanismo por esa época también toleró la obra, la Audiencia considera no acreditado que Antonio Sosa "conociera el comienzo de la ejecución de las obras ni el devenir de los expedientes". Por este motivo, la Sala solo inhabilita durante siete años al antiguo regidor, aunque ya se encuentra fuera de la vida pública después de ser condenado en 2012 a otros cuatro años y medio por enchufar a dos personas en el Ayuntamiento. La diferencia en esta ocasión es que no podrá ejercer ningún cargo de este tipo en todo el ámbito nacional.

Incorporaciones

Aunque el exedil haya escapado del Sir Anthony, no le ha ocurrido lo mismo con la contratación de cuatro personas en el Consistorio. Los magistrados Lucía Machado, María Vega y Aurelio Santana impusieron ayer una pena al antiguo concejal de ocho años y seis meses de inhabilitación por saltarse los procedimientos selectivos y no respetar la norma a la hora de meter a estos conocidos en el área de Medio Ambiente. Esto supone un delito continuado de prevaricación al emplearlos "prescindiendo consciente y deliberadamente de los trámites previstos en el Real Decreto Legislativo 2/2000 [...] con el fin de seleccionar de forma unilateral a quien él discrecional y arbitrariamente quería".

El tribunal determina que el procesado intentó encubrir esa relación laboral bajo la forma de contratos de servicios menores, y prueba de ello es que "los estudios, trabajos y memorias realizados por los contratados estaban fraccionados para tratar de eludir los controles". El importe total de cada uno, además, "superó el límite de los 12.020,24 euros" y tampoco "se acreditó debidamente" que tuvieran una "cualificación y experiencia constatada" en esa materia. De hecho, en la sentencia recuerda que solo dos eran licenciados en Biología.

Construcción en Buzanada

La Fiscalía Provincial también acusó al exalcalde de un presunto delito de prevaricación urbanística por supuestamente consentir una obra ilegal a un primo en segundo grado, unos hechos fueron denunciados ante el Ayuntamiento por José Tavío, el vecino que recientemente recibió una brutal paliza en su propia vivienda. La Sala, sin embargo, determina que "no puede concluirse indubitativamente que se haya producido una omisión consciente y deliberada" y recuerda que en los expedientes abiertos por este caso "no figura ninguna intervención" por parte de González Reverón que permita "inferir que tenía conocimiento real y completo de la construcción ilegal".

Dietas

El Ministerio Público también pidió para Antonio Sosa un año de cárcel por un presunto delito de malversación de caudales públicos por el cobro de unas dietas a raíz de su asistencia a una feria de Munich (Alemania), pese a que los gastos fueron sufragados por la concesionaria del servicio de limpieza y recogida de basuras. La Sala manifiesta que el exconcejal devolvió el dinero público cobrado y que "no hay ninguna acción tendente a quedarse" con el importe.

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