Archivada la querella por prevaricación contra el exdelegado de Hacienda

José Manuel Alarcón fue imputado junto a otros cuatro funcionarios en 2014 por presuntos delitos, como coacciones y allanamiento, contra una sociedad

04.03.2016 | 17:54
Archivada la querella por prevaricación contra el exdelegado de Hacienda

El Juzgado número 3 de Arona archivó de manera provisional, el pasado 25 de febrero, la querella contra el exdelegado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en Tenerife (AEAT), José Manuel Alarcón, y contra otros cuatro funcionarios de la entidad por presuntos delitos de prevaricación, coacciones y allanamiento de domicilio social. Así lo confirmaron ayer fuentes de la Agencia Tributaria.

Estos hechos fueron denunciados en octubre de 2014 y hacían referencia a un registro realizado por los funcionarios de la entidad en una empresa de la Isla, en el que, presuntamente, se había actuado de manera inadecuada. Sin embargo, los trabajadores tenían la pertinente autorización administrativa y contaban con el consentimiento de la representante legal de la empresa para proceder al registro.

En el caso que afectaba directamente al exdelegado, que en la actualidad ocupa el mismo cargo en Murcia, es el de prevaricación, que fue desestimado apenas dos meses después de que comenzase la investigación. En ese momento, el juzgado descartaba este delito porque "no existía resolución definitiva injusta". El presunto delito de allanamiento también fue descartado por el juez en diciembre de 2014. Además, en el auto del pasado 25 de febrero, se confirman las desestimaciones de estos dos casos y, según fuentes jurídicas, el juez añade la inexistencia de coacciones a la empresa.

En este sentido, los otros cuatro funcionarios imputados ni siquiera tuvieron que declarar en los juzgados. Así, en el auto de 2014, el juez estableció la suspensión de sus declaraciones "hasta que existieran indicios de su responsabilidad penal". Se da la circunstancia de que en el momento de realizar el registro en la empresa, había, supuestamente, testigos no vinculados a la entidad que podían corroborar la versión de la parte denunciante, pero estas personas no se personaron a declarar. Por este motivo, la Abogacía del Estado solicitó en septiembre del año pasado que se archivara la causa, al no cumplir la empresa denunciante con el requerimiento del juzgado. En el auto del pasado febrero se establece que "no ha sido posible probar la existencia de extralimitación alguna por parte de los funcionarios en el ejercicio de sus funciones". Para el juez, "se desvanece cualquier indicio relativo a la comisión de los delitos objeto de instrucción", ya que "no existió presión por parte de los funcionarios sobre los representantes de la empresa a la hora de realizar la actuación inspectora", y "no existió allanamiento", puesto que "se contó con el consentimiento de la representante legal de la empresa para acceder a la documentación y ordenadores de los establecimientos".

Por otro lado, el juez también había denegado a la empresa la devolución de la documentación que incautaron los trabajadores durante el registro, ya que, según se explica en el auto, subyacía en ese hecho "un ánimo de instrumentalizar la jurisdicción penal para la obtención de una finalidad espuria consistente en la sustracción al órgano administrativo de las pruebas recabadas, cuando a la fecha no se había acreditado la ilicitud de la captación de las mismas".

Sobre este sobreseimiento provicional cabe recurso por parte de los denunciantes.

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