Santa Cruz

Bermúdez ordena que se preparen los 700.000 euros para tirar el 'mamotreto'

El área de Hacienda tendrá que buscar y acreditar la existencia de los fondos para dar cumplimento a la sentencia firme

02.03.2016 | 12:56
Exterior del inacabado edificio de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas, más conocido como ´mamotreto´.

La instrucción incluye el envío de los cuatro informes municipales al Juzgado

El alcalde de Santa Cruz, el nacionalista José Manuel Bermúdez, ha firmado una instrucción mediante la que le ordena al área de Hacienda que prepare una partida de 700.000 euros para llevar a cabo la demolición total del edificio inacabado de aparcamientos y locales comerciales de la playa de Las Teresitas, más conocido como mamotreto. Según el documento al que ha tenido acceso la opinión de tenerife, el primer edil chicharrero decreta a esta Concejalía que "adopte las medidas necesarias para acreditar la existencia de crédito presupuestario, al objeto de que una vez que la Dirección General de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio haya cumplido la instrucción de esta Alcaldía de 14 de diciembre de 2015 –fecha en la que Bermúdez ordenó que se llevara a cabo la contratación de la empresa pública Gestión Urbanística de Tenerife (Gestur) para que redactar el proyecto de derribo del mamotreto–, se pueda ejecutar el requerimiento contenido en la providencia del Juzgado de lo Penal número 5 de Santa Cruz de Tenerife".

No obstante, la instrucción de ir preparando los dineros para llevar a cabo el derribo del edificio y dar así cumplimiento al fallo judicial firme no es la única decisión que ha tomado el alcalde de Santa Cruz, pues en el escrito también se le pide a la Dirección Técnico Jurídica del Organismo Autónomo de la Gerencia de Urbanismo que realice un informe sobre los pasos que se han dado para la aprobación del Plan Especial de Las Teresitas, un documento con el que se ordenará la playa. En concreto, la información que se pide es "el estado actual de dicho procedimiento y de las fechas previstas para la aprobación y entrada en vigor del citado instrumento urbanístico, dando cuenta del documento a la Asesoría Jurídica" municipal.

Asimismo, se ordena a la Secretaría General del Pleno que le envíe a la Dirección de la Asesoría Jurídica el informe que elaboró el secretario a principios del pasado enero, un documento en el que advierte al equipo de Gobierno –formado por nacionalistas y populares– de que el Plan Especial de la playa deberá recoger lo que ya se establece en el Plan General de Ordenación (PGO), es decir, que en esa zona va un aparcamiento. Tal y como ya adelantó la opinión de tenerife, el secretario considera que el hecho de que en el PGO figure un estacionamiento es "vinculante" a la hora de elaborar el futuro Plan Especial.

Otra de las instrucciones que ha dado el regidor municipal es que los cuatro informes que han elaborado los técnicos sobre cómo debe el Ayuntamiento de Santa Cruz ejecutar la sentencia dictada en febrero del 2014 por el Juzgado de lo Penal número 5 –fallo en el que se condenó a los implicados en la construcción de manera irregular a, entre otras penas, costear de su propio bolsillo la demolición del edificio, un derribo que tendrá que ejecutar el Consistorio de manera subsidiaria para que los condenados devuelvan a las arcas municipales el coste de tirar el mamotreto– sean remitidos al Juzgado.

Esos cuatro informes, que tendrán que ser enviados al Juzgado de lo Penal número 5 a la "mayor brevedad posible", son los elaborados en diciembre del pasado año por la Dirección Técnico Jurídica de la Gerencia de Urbanismo; el redactado por la Asesoría Jurídica municipal y el del Secretario General del Pleno, ambos documentos redactados a primeros de enero, así como el realizado por la Dirección General de Infraestructuras, Vivienda y Patrimonio.

Este último informe, fechado el 26 de enero de 2016, no solo le advierte al equipo de Gobierno sobre la posibilidad de cometer un delito de malversación de fondos públicos si derriban el mamotreto, sino que además recomienda al Ayuntamiento que se persone en la ejecución de la sentencia, presente un incidente de inejecución de la sentencia y le solicite al Juzgado una prórroga o aplazamiento de la ejecución del fallo judicial hasta que Costas finalice el deslinde que está en vigor en la actualidad.

Todas las recomendaciones recogidas en dicho informe de Obras ya han sido remitidas a la Asesoría Jurídica para que dé su opinión sobre lo que se propone en el documento. En el caso de que la respuesta de los abogados municipales sea favorable, la Junta de Gobierno tendrá la última palabra.

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